Casi la mitad de la población indica que reconsideraría su voto si el partido que apoya decidiera oponerse al decreto ley en el Congreso
El tema de la vivienda vuelve a posicionarse en el centro del debate político en España. A pocos días de que el Congreso vote la ratificación del decreto ley que contempla la extensión de dos años en los contratos de alquiler, una amplia mayoría de la ciudadanía apoya esta iniciativa. En particular, el 73,6% de los españoles está a favor de dicha prórroga, según un estudio elaborado por el Ateneo del Dato financiado por el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.
Este informe, solicitado por la eurodiputada Estrella Galán, muestra que el respaldo a esta medida es no solo amplio, sino también transversal. La encuesta indica que casi la mitad de las personas consultadas (48,7%) reconsideraría su voto si el partido que apoyan optara por votar en contra de la extensión en el Congreso.
Este potencial castigo electoral alcanza incluso a las formaciones en la oposición. Entre los electores del Partido Popular, cerca del 32% manifiesta que modificaría su voto, mientras que entre los simpatizantes de Vox la cifra aumenta hasta un 36%. Esta situación incrementa la presión sobre la votación prevista para el 28 de abril.
La mayoría de los votantes de todos los partidos respaldan la medida
Por otro lado, quienes votan por Sumar encabezan el apoyo con un significativo 91%, seguidos por los del PSOE con un 81%. No obstante, un dato destacable es que también hay una mayoría clara entre los seguidores del Partido Popular (65%) y Vox (60%).
Este consenso se da en un contexto de creciente inquietud social respecto al costo de la vivienda. El estudio señala que el 93,4% de los encuestados percibe que los alquileres son “altos” o “muy altos”, opinión compartida tanto por inquilinos como por propietarios, independientemente de su situación económica.
En efecto, este problema trasciende los diversos perfiles: el 95,5% de los inquilinos identifica precios elevados, pero también lo hace el 92,9% de los propietarios, incluyendo quienes tienen hipoteca vigente y quienes ya la han saldado. Así, la vivienda se consolida como una de las principales preocupaciones económicas del país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.
Repercusión directa en la vida diaria
El aumento del precio del alquiler no es solo una percepción, sino un hecho que impacta de manera directa en la movilidad residencial. Cerca del 48,6% de los consultados afirma que ellos mismos o alguien cercano ha tenido que cambiar de vivienda en los últimos años debido a incrementos en los precios o a la falta de renovación de contratos.
Asimismo, el 81,4% considera que al finalizar un contrato de alquiler, el precio subirá o que directamente no se facilitará la renovación. Este clima de incertidumbre contribuye a explicar el sólido respaldo social hacia la prórroga propuesta por el Gobierno.
La encuesta, realizada entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas, coincide con la entrada en vigor de la medida. Según fuentes de Sumar, miles de inquilinos ya habrían solicitado acogerse a esta extensión mediante burofax, lo que refleja una elevada demanda real por dicha protección.
Tensión política previa a la votación
En este marco, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, interpreta estos resultados como una señal clara de la ciudadanía. A su parecer, existe un “consenso transversal” que debería manifestarse en el Congreso, y ha alertado sobre el costo político que podrían enfrentar los partidos que votaran en contra, según reporta Efe.
Bustinduy ha indicado que rechazar la medida implicaría alinearse con “importantes fondos financieros e inmobiliarias” en lugar de respaldar a los inquilinos. Por ello, ha instado a todas las fuerzas políticas a revisar su postura antes de la votación.
El ministro también ha hecho referencia a un “clamor social” a favor de la prórroga, destacando que el apoyo incrementa conforme se divulga y comprende mejor la propuesta. En este sentido, confía en que la presión pública termine por inclinar la balanza en el Congreso.
Oleada de solicitudes
Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de solicitudes, el Gobierno asegura que la reacción ciudadana ha sido masiva. Según Bustinduy, los indicadores indirectos —como descargas de formularios o consultas realizadas a organizaciones de consumidores— señalan una “avalancha” de pedidos.
El ministro recordó además que estas solicitudes son “válidas” y “obligatorias” para los propietarios, lo cual refuerza el alcance inmediato de la medida. En un contexto de precios elevados, la extensión de los contratos se presenta como una herramienta fundamental para otorgar estabilidad a millones de inquilinos.
Con la votación próxima, el debate sobre el alquiler no solo marcará la agenda política sino que podría influir directamente en el comportamiento electoral de la población. La vivienda, nuevamente, se convierte en un elemento decisivo en la política española.