Durante la misma semana en la que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparece ante el Congreso de los Diputados para detallar las políticas de su cartera, los ministros de Sumar han anunciado su propio plan.
Con esta iniciativa, pretenden presionar al principal socio del Gobierno y establecer medidas con un enfoque más intervencionista.
Fuentes de Sumar afirman que el plan de 7.000 millones que Sánchez quiere implementar hasta 2030 resulta «claramente insuficiente» y muy inferior al incremento de 10.000 millones aprobado para Defensa durante 2025.
«Es decepcionante«, señalan desde el grupo parlamentario del socio menor de la coalición, recordando que el precio de la vivienda es la principal inquietud de los españoles, especialmente entre el electorado joven.
El plan de Sumar emerge en un momento de declive en las encuestas, dado que el PSOE está absorbiendo su base electoral. Ahora buscan distanciarse del socio mayoritario para recuperar su identidad propia.
Para mostrar su propuesta, los ministros de Díaz sugieren aprobar un real decreto que esperan negociar con el PSOE y que, según fuentes del partido, podría «ser compatible con muchas medidas» del Ministerio, aunque destaca por su marcado carácter intervencionista.
Su medida principal consiste en la congelación de los alquileres durante tres años.
Por ello, Díaz enfatizó que «las políticas vigentes facilitan la especulación» y que «el costo de la vivienda es el principal generador de desigualdad», sin mencionar que lleva siete años en el Gobierno como vicepresidenta.
Díaz atribuye el aumento de precios al PP, que se «opone» a la Ley de Vivienda y solicita «su implementación», especialmente en cuanto al control de alquileres en zonas tensionadas.
«Llevamos más de 50 años con políticas fallidas», declaró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la presentación del real decreto coordinado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
«Emergencia habitacional»
En privado, desde Sumar explican que la propuesta se basa en la moratoria aplicada durante la pandemia y que actualmente estaría justificada por una «emergencia habitacional», buscando impedir el aumento de precios en ese período.
El decreto que Sumar pretende implementar sería, según sus defensores, de «aplicación inmediata» e incluiría un componente fiscal significativo, con varios incrementos impositivos dirigidos principalmente a propietarios de pisos turísticos o de más de cuatro viviendas.
Se contempla elevar hasta un 5% anual el tipo aplicado en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para los titulares de cuatro o más viviendas, así como eliminar la bonificación del 40% en el Impuesto de Sociedades sobre ingresos por alquiler, salvo en casos de alquiler asequible.
Asimismo, se limitará la compra de viviendas para alquiler libre, permitiéndola solo si los precios se ajustan al índice de referencia, lo que podría obligar a algunos propietarios a reducir las rentas o afrontar una mayor carga fiscal.
El plan incluye también un gravamen adicional sobre los pisos turísticos, aplicándoles el IVA general del 21% y reforzando su control mediante un registro obligatorio y un régimen sancionador más estricto.
«Pretendemos abrir un camino», aseguran fuentes de los ministerios de Sumar, que indican haber informado previamente estas medidas al PSOE. Ahora, resta saber si podrán llegar a un consenso.
El coordinador del plan, el ministro Pablo Bustinduy, fue más allá y afirmó que «la responsabilidad del problema de la vivienda recae en una clase rentista», agregando que los precios de casas y alquileres actúan como «una gran aspiradora de renta».
En el acto estuvieron presentes todos los ministros de Sumar —Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz—, salvo la titular de Juventud, Sira Rego, que se encontraba en viaje en Jordania.