Las claves
El Gobierno establece multas de hasta 600.000 euros para los centros educativos que incumplan los nuevos criterios de alimentación saludable en los menús escolares.
La legislación prohíbe ofrecer comida ultraprocesada, como pizzas, más de una vez al mes y exige que la fruta fresca sea el postre habitual entre cuatro y cinco días semanales.
El pescado debe incluirse entre una y tres veces por semana, mientras que la carne roja queda restringida a una ración semanal, y las frituras sólo podrán servirse una vez a la semana, privilegiando métodos culinarios más saludables.
En los comedores escolares, únicamente se permite agua como bebida; además, se limitan los productos azucarados y se exige que al menos el 45% de frutas y verduras sean de temporada.
Según los datos del Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, existen más de 1.000 colegios en España donde nunca se sirve pescado.
Se trata de una cifra que el Gobierno ha intentado corregir durante años, motivo por el cual en abril del año pasado se impuso una nueva normativa que incluye la aplicación de sanciones.
Este 15 de abril se cumplió un año desde la publicación de esta legislación en el BOE, por lo que se volvió de obligado cumplimiento.
Desde ahora, los colegios públicos —así como los concertados y privados que impartan enseñanzas obligatorias— no podrán ofrecer pizzas ni productos ultraprocesados más de una vez al mes.
El agua será la única bebida disponible y el postre deberá ser principalmente fruta fresca. Quedan descartadas las natillas, yogures con azúcares añadidos y las bebidas con edulcorantes en los comedores escolares.
La entrada en vigor del Real Decreto 315/2025 representa un punto de inflexión en la alimentación en los centros educativos.
Esta normativa desarrolla la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, y establece como obligatorios criterios que anteriormente eran solo recomendaciones: menús saludables, sostenibles y uniformes en todo el país, con posibilidad de sanciones ante incumplimientos.
El propósito principal es claro: asegurar cinco comidas saludables a la semana en el entorno escolar y disminuir las desigualdades alimentarias entre estudiantes. El comedor escolar pasa de ser un servicio adicional a convertirse en una herramienta para la salud pública.
Desde el equipo del ministro Pablo Bustinduy explican que el RD para comedores escolares está vigente desde su publicación en el BOE y afecta a todos los centros educativos, tanto de primaria como secundaria, sin importar si son públicos, privados o concertados.
Se concedió un año de plazo para implementar los nuevos menús, dado que la adaptación no es sencilla y requiere tiempo, especialmente cuando existen contratos en vigor.
Disminución de carne y fritos
Por primera vez, el decreto establece frecuencias concretas para ciertos alimentos. La fruta fresca debe servirse entre cuatro y cinco días por semana, consolidándose como el postre habitual. El pescado, uno de los déficits más señalados, deberá ofrecerse entre una y tres veces semanales.
Las legumbres ganan relevancia, con una o dos porciones semanales, mientras que la carne roja se restringe a una única ración semanal (con un máximo de tres). Los alimentos precocinados —como pizzas, empanadillas o rebozados industriales— quedan limitados a una vez al mes.
Las frituras no desaparecen, pero su presencia se reduce al mínimo: máxima de una vez por semana, y deben prepararse preferentemente con aceite de oliva o girasol alto oleico. En contraste, se fomentan técnicas como el horno, vapor, plancha o los guisos tradicionales.
El decreto también introduce modificaciones en los acompañamientos: las ensaladas deben estar presentes entre tres y cuatro veces por semana. Se promueve el consumo de cereales integrales, que deben incluirse varias veces al mes, al igual que el pan integral, al menos dos días por semana.
Agua y fin a la bollería
Uno de los cambios más evidentes será la eliminación de las bebidas azucaradas y refrescos. Solo se permitirá el agua como bebida en los comedores escolares, con jarras en las mesas o fuentes accesibles durante toda la jornada.
La normativa también afecta a máquinas expendedoras y cafeterías ubicadas en los centros educativos.
Se prohíbe la venta de productos con alto contenido en azúcares, grasas saturadas o sal, además de bebidas energéticas o con cafeína. Tampoco podrán tener publicidad dirigida a menores ni estar instaladas en áreas accesibles para infantil y primaria.
El decreto incorpora aspectos de sostenibilidad en la adquisición de alimentos. Al menos el 45% de frutas y verduras deberán ser de temporada y se establece que como mínimo un 5% del presupuesto en alimentos se destine a productos ecológicos.
Asimismo, se promueve la reducción del desperdicio alimentario y de residuos: se limitan los envases monodosis y se fomenta el reciclaje del aceite usado. Paralelamente, se incentiva el uso de sal yodada, en cantidades moderadas, y del aceite de oliva virgen o virgen extra para aliñar.
Los centros deberán facilitar menús alternativos para estudiantes con alergias, intolerancias o enfermedades, así como opciones adaptadas por motivos religiosos o éticos. También tendrán que proporcionar a las familias la planificación mensual, detallando platos, técnicas culinarias y alérgenos.
Sanciones por incumplimiento
El texto contempla multas para los centros que no respeten estas obligaciones, considerando como infracción el incumplimiento de normas dirigidas a proteger la salud de los menores en el ámbito escolar, tal y como establece la legislación vigente.
Para imponer estas sanciones, el real decreto se fundamenta en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación general de la sanidad.
Según la normativa, las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 5.000 euros; las graves, con importes entre 5.001 y 20.000 euros; y las muy graves, con sanciones que oscilan entre 20.001 y 600.000 euros.
Este nuevo marco legal se ajusta a las recomendaciones de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala la obesidad infantil como uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI.
En España, además, las estadísticas evidencian hábitos mejorables: un porcentaje considerable de niños y jóvenes consume fruta con una frecuencia muy inferior a la recomendada.
Con esta normativa, el Gobierno pretende actuar precisamente en ese ámbito: el entorno escolar. Transformar el comedor en un espacio donde alimentarse saludablemente deje de ser una opción para convertirse en la regla.