Las claves
Manos Limpias reclama 10 años y tres meses de prisión para Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cargos relacionados con malversación y tráfico de influencias.
La organización exige ocho años por malversación y dos años y tres meses por tráfico de influencias, junto con multas e inhabilitación.
Manos Limpias dirige la acusación únicamente contra Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, dejando fuera a Cristina Álvarez, asistente en Moncloa.
El documento sostiene que Gómez obtuvo beneficios profesionales mediante la creación de una cátedra universitaria y el desarrollo de un software, utilizando fondos públicos para finalidades privadas.
La asociación Manos Limpias, responsable de la denuncia que originó el caso Begoña, solicita una condena de 10 años y tres meses de prisión para Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Así consta en un escrito presentado este viernes por la entidad, cuya información avanza EL ESPAÑOL.
Manos Limpias firma el documento bajo su propio nombre, aunque todas las acusaciones populares en este proceso están agrupadas bajo la representación legal de Hazte Oír.
Sin embargo, como ha informado EL ESPAÑOL, Manos Limpias ha intentado desligarse de ese grupo, hasta ahora sin éxito. A pesar de ello, este viernes presentó de forma independiente su escrito de acusación contra Gómez, firmado por los abogados Víctor Soriano e Inmaculada Yáñez.
La asociación reclama ocho años de cárcel para la esposa de Sánchez por un presunto delito continuado de malversación de fondos públicos.
Además, pide una pena de dos años y tres meses por un delito continuado de tráfico de influencias, complementado con multas e inhabilitación.
Begoña Gómez estuvo inicialmente investigada por cinco presuntos delitos, aunque el juez instructor, Juan Carlos Peinado, recomendó que solo sea juzgada, mediante jurado popular, por cuatro: tráfico de influencias, malversación, corrupción en negocios privados y apropiación indebida.
No obstante, Manos Limpias considera que solo existen indicios para imputar a la esposa del presidente por dos de estos delitos, los mencionados anteriormente.
Esta no es la única divergencia significativa con respecto a otras acusaciones populares. Los abogados Soriano y Yáñez focalizan la acusación en solo dos de los tres investigados, reclamando condena únicamente para la esposa de Sánchez y para el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien piden dos años y tres meses de cárcel.
No presentan cargos contra Cristina Álvarez, asistente principal de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Durante la instrucción, Peinado investigó si hubo delito de malversación en la contratación de Álvarez, quien, pese a cobrar sueldo público, habría gestionado asuntos privados relacionados con la esposa del presidente.
El escrito de acusación
En la acusación, Manos Limpias detalla que Gómez utilizó «su condición de cónyuge de una autoridad tan alta del Estado» para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, crease una cátedra y le permitiera co-dirigirla.
«Se estableció rápidamente», señala el documento, destacando que es la única cátedra en toda la UCM dirigida por alguien sin titulación universitaria.
La asociación relata que «la cátedra tuvo por función el desarrollo de un software informático». Además, señala que Gómez «firmó dos cartas de recomendación en favor de la empresa de Juan Carlos Barrabés, coincidiendo con sus reuniones en Moncloa», donde colaboró con Barrabés en temas vinculados a la cátedra.
Posteriormente, el empresario presentó estas cartas en procesos de licitación pública, especialmente en adjudicaciones realizadas por la entidad Red.es.
Manos Limpias concluye que «Begoña Gómez obtuvo beneficios personales de la creación de la cátedra, utilizándola para su desarrollo profesional».
También señala que «constituyó una sociedad mercantil para la explotación del software desarrollado a través de la cátedra universitaria, registrando tanto una marca como un dominio web».
Por otra parte, el escrito indica que, «para el funcionamiento de la cátedra, Gómez se apoyó en el tiempo laboral de Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual de la Presidencia del Gobierno».
Aunque Manos Limpias no la acusa, relata que Álvarez habría «prestado asistencia» y cumplido «funciones auxiliares» para el proyecto académico, utilizando los recursos disponibles en su condición de personal eventual de la Administración.
Finalmente, los abogados Soriano y Yáñez califican estos hechos como constitutivos de los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.