Entregó al juzgado un pendrive con los trabajos realizados por Díez, aunque no aportó el ordenador desde el cual extrajo el contenido de la memoria externa.
El veterano líder del socialismo andaluz Gaspar Zarrías prestó declaración este jueves durante casi una hora y media sobre la contratación de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. En su testimonio ante el juez Arturo Zamarriego, explicó que la investigada se presentó en 2021 ante él «como periodista y militante del PSOE», manifestándole que indagaba la posible implicación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del caso ERE, proceso por el cual Zarrías fue condenado.
En su primer encuentro, celebrado en la Glorieta de Bilbao en Madrid, Leire Díez estuvo acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, también imputado junto a ella por sus acciones para desacreditar varias investigaciones que afectaban negativamente al PSOE. En ese y otros encuentros, el político socialista le facilitó y detalló documentación judicial relacionada con los ERE, según informaron fuentes familiarizadas con la declaración de Zarrías.
En 2024, Díez retomó el contacto y le indicó que estaba finalizando dicha investigación, pero que requería apoyo económico para concluir el trabajo. Zarrias manifestó que accedió a contratarla mediante Zaño Sociedad Consultora, empresa de su propiedad. «Le ofrecí respaldo para que concluyera su labor», declaró en el juzgado de Instrucción 9 de Madrid.
Le formalizó un contrato por seis meses, de junio a noviembre, que finalmente se redujeron a cuatro. En total, le abonó 16.000 euros, con pagos mensuales de 4.000 euros. Zarrías señaló que no encontró «ningún documento» que evidenciara esa relación laboral.
La finalización anticipada del contrato, el 30 de septiembre de 2024, coincidió con la publicación en El Confidencial a mediados de septiembre sobre las visitas de Leire Díez a la sede de Ferraz. Sin embargo, el testigo negó que este hecho fuera la causa de la ruptura entre ellos. La consultora fue cerrada en 2025 por motivos relacionados con la salud y asuntos familiares, explicó.
La llamada de mayo de 2024 que antecedió a la contratación un mes después tuvo lugar justo tras las reuniones en la sede socialista de Ferraz, donde Díez y Dolset presentaron audios de Villarejo relativos a las saunas del suegro del presidente del Gobierno. Los exhibieron como parte de una estrategia contra Pedro Sánchez, quien a finales de abril se había tomado cinco días para reflexionar sobre su continuidad en el cargo tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Este nuevo escenario político motivó una intensa actividad por parte de Díez. Además de reestablecer contacto con Zarrías, durante los meses posteriores la presunta fontanera mantuvo encuentros con el ex fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, a quien informó que el presidente del Gobierno había ordenado una «limpieza sin límites». La investigada solicitó al fiscal material comprometedores contra Anticorrupción. Previamente ya había remitido mensajes con intenciones similares al fiscal José Grinda.
Tras las preguntas formuladas por las acusaciones, el juez interrogó directamente al testigo para saber si en algún momento Díez le comunicó que realizaba ese trabajo «por encargo del PSOE». La respuesta fue negativa.
El testigo llegó al juzgado portando un pendrive que contenía los trabajos entregados por Leire Díez. Indicó que no incluía información relevante a la Fiscalía o a la UCO, agregando que la mayoría del material era público y que se sintió «defraudado» por los resultados obtenidos.
Se solicitó a Zarrías que también aportara el ordenador desde el cual extrajo el contenido de la memoria externa, pero explicó que no disponía ya de aquel equipo antiguo, aunque podía entregar el nuevo ordenador al que había transferido toda la información. El juez accedió a la petición de las acusaciones para que el dispositivo fuera entregado al juzgado.
El juzgado que investiga a Díez y Dolset había citado este jueves a un segundo testigo, quien asistió a una reunión en un despacho de abogados en la que, mediante videoconferencia, solicitaron a un empresario de hidrocarburos fugitivo de la Justicia datos que pudieran afectar a la UCO, unidad que estaba investigando tanto al Gobierno como al partido.
Dicha persona era, según se presume, miembro o estaba vinculada al CNI, y conforme al desarrollo de la diligencia, así parecía ser. La imagen de Michel fue grabada con difuminado. No aportó información alguna, pues comenzó afirmando que debió ocurrir un error, dado que él nunca participó en ese encuentro. Por razones médicas, le habría sido imposible asistir, precisó. No conocía ni a la fontanera ni a Dolset, aunque sí a uno de los asistentes, citado como testigo para el próximo día 24.