Alianza contra el Borrado de la Mujeres demanda responsabilidades urgentes y sostiene que la seguridad no puede sacrificarse en nombre de construcciones legales.
Joan Vila, el celador de Olot, ya declaró en 2013, durante su juicio por el asesinato de once ancianos, que se sentía una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Este testimonio, pronunciado en una sala marcada por la gravedad de los crímenes, adquiere actualmente una nueva dimensión política que Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha denunciado.
Condenado a 127 años de prisión en el centro penitenciario Puig de les Basses (Girona), Vila inició hace aproximadamente año y medio un proceso de transición de género. Tras completar el cambio en el registro y comenzar su tratamiento, fue trasladado hace unos meses al módulo femenino de la prisión, donde convive con las demás internas.
«Las organizaciones de mujeres no van a aceptar esta situación. Demandamos una rectificación inmediata», manifestó la plataforma en un comunicado donde expresa su «más absoluta indignación y alarma» ante un caso que, advierten, «no constituye un incidente aislado», sino que es el resultado directo de un marco legal que, según su opinión, «elimina cualquier mecanismo de precaución» y «abre la puerta a situaciones de riesgo en espacios especialmente delicados».
una realidad que «afecta a la seguridad de las mujeres»
Este caso se produce en el contexto de la ley de autodeterminación de género aprobada en España, conocida también como Ley Trans, que permite la modificación del sexo registral mediante una declaración administrativa, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos. La norma, impulsada por el Gobierno en 2023, reconoce el derecho de las personas a cambiar su identidad legal en el Registro Civil a partir de los 16 años, y bajo ciertas condiciones, también a edades más tempranas.
La legislación introdujo un cambio significativo en el ordenamiento jurídico al desvincular el sexo de criterios biológicos o clínicos y trasladar el eje a la voluntad individual. En la práctica, esto implica que diversos sistemas estatales, incluido el penitenciario, deben adaptar sus protocolos a la nueva identidad legal de la persona.
Ángeles Álvarez, portavoz de la Alianza, recalca que la organización no cuestiona los derechos de las personas transexuales, pero critica lo que define como “una imposición de un modelo injusto”.
«No tenemos conflictos con las personas trans. El problema surge cuando se cruzan categorías que pueden implicar una ventaja o un riesgo para otros. Eso nunca puede configurarse como un derecho», sostuvo en declaraciones a este periódico.
A su juicio, el Ejecutivo está utilizando reformas legislativas de alcance diverso para introducir cambios profundos en la identidad de género. «Estamos vigilando cada movimiento del Gobierno en cada ley que se aprueba», añade, dirigiéndose expresamente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que derogue «inmediatamente» la ley.
«Queremos que la sociedad española tome conciencia de lo que está pasando», expresó la portavoz, manifestando su preocupación ante una situación que, considera, deja la seguridad de la mujer en un segundo plano.