El Real Decreto que regula la oferta alimentaria en los centros escolares entra en vigor este 16 de abril y limita los productos con exceso de azúcares, grasas saturadas o sal
Se buscaba impedir la inauguración de nuevos establecimientos de comida rápida. Este era el propósito de Jean-Paul Roseleux, alcalde de Fère-en-Tardenois, un municipio situado a unos 100 kilómetros de París.
Este individuo aspiraba a promover una alimentación equilibrada. “Solicito que se valore la posibilidad de implantar normativas que restrinjan la apertura de restaurantes de comida rápida a uno por cada 1.000 habitantes, por ejemplo, dado que desde principios de la década de 2000 el número de estos locales ha aumentado de 13.000 a 52.000 en todo el país”, señalaba en una misiva publicada en septiembre de 2025. Sin embargo, esta propuesta no avanzó debido a un principio constitucional: la libertad de comercio e industria.
Ante ese intento fallido en Francia, España decidió tomar otro camino mediante el Real Decreto de Comedores, oficialmente identificado como 315/2025, que regula los alimentos que pueden ofrecerse en el entorno educativo. La norma intenta asegurar una alimentación saludable y sostenible en las escuelas y colaboran en la prevención de problemas como la obesidad.
En particular, el decreto restringe o prohíbe alimentos con composiciones nutricionales poco saludables: aquellos con alto contenido en azúcares añadidos, grasas saturadas o sal en máquinas expendedoras y cafeterías. Destaca también la prohibición de grasas trans (salvo las que son naturales) y la limitación calórica en los productos comercializados en estos espacios.
Aunque en la última línea del documento se indica: «El presente real decreto entrará en vigor a los doce meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado», y este jueves se cumple ese plazo, desde el Ministerio de Consumo aclaran que está vigente desde el inicio del curso escolar. «Los centros han dispuesto de un periodo de adaptación para cumplir con lo establecido respecto al diseño y configuración de los menús», puntualizan.
Además, cuando las administraciones liciten servicios de restauración escolar, deberán incluir en los contratos criterios para que la alimentación sea variada, equilibrada y adecuada a las necesidades nutricionales de los usuarios. El decreto establece que estos requisitos deberán considerarse especialmente dentro de los criterios de adjudicación.
Será aplicable a los centros educativos públicos, concertados y privados que impartan las enseñanzas contempladas en la norma. En definitiva, el decreto estipula que en los centros se deben adoptar medidas que garanticen una oferta alimentaria saludable, fomenten hábitos nutricionales apropiados e integren la alimentación en las políticas educativas y de salud pública.
Para Juan José López Gómez, coordinador del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el comedor escolar cumple una doble función. «Por un lado, aporta un aporte adecuado de nutrientes a los niños, quienes tienen unas necesidades incrementadas por su edad, y además este es el momento en que se forman los hábitos futuros. En este sentido, la segunda función es educar sobre patrones dietéticos saludables que el niño mantendrá en la edad adulta», explica a este medio.
Por ello, la SEEN coincide en que la regulación del consumo hacia un «patrón más próximo al mediterráneo en los centros educativos» es positiva: «Reducir el ultraprocesado representa un avance en el manejo nutricional adecuado para los niños. No obstante, es fundamental implantar la normativa correctamente mediante el trabajo de especialistas en la materia».
«La implementación de menús saludables en escuelas puede contribuir directamente al control de la obesidad infantil y fomentar patrones alimentarios saludables. Esto se relaciona con el uso del comedor como una herramienta educativa de gran importancia, como se ha mencionado antes. Además, la prohibición de ciertos alimentos poco saludables puede ayudar a regular su consumo», añade.
También señala que considerar los gustos de determinados colectivos puede prevenir la baja ingesta. «Considerar alergias e intolerancias alimentarias es fundamental para mejorar la seguridad alimentaria«, concluye el doctor.
Por su parte, Mario Agudo, portavoz de Food Service España, la Federación Española de Restauración Colectiva, destaca que el Real Decreto refuerza su compromiso con la alimentación saludable y sostenible: “Reconoce el trabajo que hemos desarrollado durante años”.
Asimismo, la federación indica que sus empresas asociadas sirven diariamente más de 1,5 millones de menús escolares, elaborados por más de 2.000 dietistas-nutricionistas conforme a la normativa vigente, siguiendo pautas relativas a «calidad, nutrición y seguridad alimentaria». Entre un 10% y un 12% de estos menús corresponden a dietas especiales adaptadas a alumnos con intolerancias, alergias, creencias religiosas y culturales o cualquier otra necesidad. “Los comedores escolares constituyen un servicio esencial para millones de familias y un espacio educativo donde se promueve la nutrición responsable, la sostenibilidad y hábitos de vida saludables”, señala Agudo.
Prohibir la publicidad de alimentos insanos
En línea con esta nueva directiva para los comedores escolares, el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy presentó en febrero un barómetro que mostró que el 80% de la población apoya prohibir la publicidad de alimentos insalubres dirigida a menores.
El ministro Bustinduy enfatizó la necesidad de actuar contra la “presión publicitaria” de productos ultraprocesados que contienen elevados niveles de grasas, azúcares o sal, son calóricos y carecen de valor nutritivo. Subrayó que varios países cercanos como Portugal, Noruega, Reino Unido, Suecia e Irlanda ya aplican medidas similares.
Precisamente, Irlanda destaca por su Plan de Acción contra la Obesidad (OPAP) para el periodo 2016-2025. De igual modo, la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) irlandesa impuso en 2021 restricciones a toda publicidad de productos con alto contenido en grasas, azúcar o sal en plataformas accesibles a menores de 15 años.
Por otro lado, en 2018 la OPAP introdujo un impuesto sobre las bebidas azucaradas y creó un grupo de trabajo de “reformulación alimentaria” destinado a promover cambios en ingredientes dañinos para la salud. En general, el Gobierno irlandés ha lanzado campañas específicas de alimentación saludable para aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de alimentos altamente procesados.
«La educación para la salud es fundamental tanto para la prevención médica como para el tratamiento poblacional. Algunos alimentos, si se consumen en exceso y de forma prolongada, pueden provocar enfermedades crónicas, especialmente si la ingesta comienza en edades tempranas. Por ello, regular la publicidad dirigida a colectivos vulnerables, como los niños, debe considerarse positivo siempre que se base en evidencias científicas», opina el especialista de la SEEN.
Para concluir, señala que la regulación publicitaria debe promover un consumo responsable de ultraprocesados: «No debe usarse una publicidad agresiva que haga percibir su consumo como una necesidad esencial, y es crucial conocer los riesgos de un consumo desequilibrado a largo plazo».