Salvador Illa encargó a un asesor que se encargara del asistente del ex ministro de Transporte

Los testigos que comparecieron este martes señalaron la implicación de Koldo García en la decisión de adquirir mascarillas (el doble de lo previsto) a una de las compañías candidatas (la seleccionada por la red investigada). «Ocho millones o nada». Esas fueron las palabras que el entonces subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, atribuyó al asesor del ministro, descrito como un comercial de Soluciones de Gestión.
A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el testigo agregó que fue dicho acusado quien le entregó en su despacho, «en mano», la propuesta de esa empresa. La oferta inicial de Soluciones era de cuatro millones de mascarillas, y el subsecretario entendió que la orden de duplicar la cifra —y con ello el pago— procedía del ministro José Luis Ábalos. Al fin y al cabo, Koldo actuaba como su mano derecha.
Las menciones recibidas no agradaban al asesor, que, tras su abogada —el Supremo les autoriza esta ubicación en lugar del banquillo— se mostraba inquieto, negando con la cabeza y la mano.
Quisiera o no, el primero de los testigos ya lo había señalado. «Vino a verme a mi despacho», declaró Víctor Francos, asesor de Salvador Illa. Fue el ministro quien le había indicado que debía recibir a Koldo García. «Me dijo que tenía una empresa capaz de suministrar material sanitario y que lo ponía sobre la mesa. Le respondí que en Sanidad todo estaba centralizado a través de Ingesa. Fue una reunión breve y rápida». En un segundo encuentro fuera del despacho, el acusado volvió a ofrecer material. «Me lo reafirmó, sí. Pero no insistió ni intentó extorsionarme».
Las referencias a Koldo García continuaron durante el interrogatorio a Michaux Miranda, testigo en el Supremo e imputado en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. El entonces responsable de Gestión de Personas en Adif mantuvo varias llamadas telefónicas con Koldo García.
A quien más apuntó fue a la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también imputada. «¿Quién facilitó el contacto con Soluciones de Gestión?», preguntó el abogado del PP, Alberto Durán, que coordina las acusaciones populares. «La presidenta de Adif». El letrado le interrogó además sobre un correo cruzado con Pardo de Vera en que se mencionaba la «instrucción» de contratar con la red. El testigo-investigado señaló que probablemente fue un término inadecuado, ya que nunca existió tal instrucción.
Miranda mencionó asimismo la auditoría interna encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras estallar el caso Koldo. En su declaración ante la Audiencia Nacional expresó que fue «un despropósito» y ayer en el Supremo confirmó esa opinión. Esa auditoría, indicó, manipulaba sus declaraciones de la investigación interna y omitía datos relevantes, como que otra empresa contratada no pudo cumplir con el suministro.
Antes de concluir su interrogatorio, el fiscal jefe de Anticorrupción le recordó que contó con múltiples ofertas de mascarillas más económicas que la de la empresa vinculada a la red. Su respuesta a Luzón fue que, basándose en su «experiencia e intuición», escogió a Soluciones de Gestión, ya que consideraba que las demás no cumplirían con el compromiso.
También declaró ayer ante el Supremo el actual presidente de Adif. Luis Pedro Marco de la Peña recién llegado a la entidad ferroviaria, no estuvo involucrado en la compra de mascarillas, aunque sí elaboró un informe que lo exculpaba sobre las obras públicas bajo sospecha, una parte del caso Koldo aún en instrucción. Ayer no aportó mucho en una sesión centrada en el material sanitario y no aportó aclaraciones, pero su presencia permitió a la defensa del acusado Víctor de Aldama señalar que dicho informe, que no detectaba irregularidades, no revisó las modificaciones de las obras, justo donde el empresario afirmó que residía el negocio de la red.

