La Audiencia de Madrid suele demorar alrededor de seis meses desde la emisión del auto de apertura. Peinado ya ha iniciado el procedimiento. Todo depende de que se desestimen los recursos que solicitan el archivo del caso.
Los plazos habituales en la Audiencia Provincial de Madrid sitúan un posible juicio contra Begoña Gómez antes o en torno a las elecciones generales previstas para julio de 2027. Así lo detallan fuentes judiciales familiarizadas con el ritmo común de casos con jurado, que suelen ser más ágiles que los tramitados ante tribunales profesionales.
Tras dictarse el auto de apertura de juicio oral, lo habitual es que pasen seis meses hasta la fecha de inicio del juicio; este plazo puede ampliarse si el magistrado a cargo tiene una carga significativa de trabajo. El auto decisivo que marcará el fin de la instrucción a cargo de Juan Carlos Peinado todavía no se ha dictado, aunque el juez ha dado esta semana los primeros pasos en esa dirección.
No obstante, todo depende de un punto clave para la celebración del juicio: la resolución que emita la Sección 23 de la Audiencia de Madrid sobre los recursos que buscan archivar el caso sin vista oral. Esta sección se está tomando aproximadamente dos meses para pronunciarse sobre el asunto de Begoña. Esto implica que antes del receso estival es probable que se decida sobre los recursos y, en caso de no archivarse la causa, que el juez haya emitido ya el auto de apertura. Peinado también considera la fecha de su jubilación, prevista para septiembre próximo.
Sánchez insiste en que la justicia «haga justicia» tras la decisión de Peinado sobre su esposa.
El instructor emitió el lunes el auto donde rechaza el sobreseimiento que las defensas solicitaron en el juzgado 41 de Madrid el pasado 30 de marzo. Por el contrario, da por finalizada la investigación, considera innecesaria una prórroga adicional de seis meses y acuerda continuar hacia el juicio con jurado. A pesar de ordenar una nueva diligencia requerida por Hazte Oír, da ya el siguiente paso estipulado en la Ley del Jurado: concede a las partes un plazo de cinco días para manifestarse sobre la apertura de juicio oral.
Esto significa que las acusaciones están preparando ya el escrito de acusación, donde deben especificar los delitos que se imputan a la esposa del presidente del Gobierno y a los otros dos investigados a quienes Peinado ha encaminado al banquillo: su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La Fiscalía ha decidido no formular acusación.
Los escritos de acusación se entregarán a las defensas, que presentarán sus respectivos documentos. Con toda la información sobre la mesa, el juez convocará la llamada audiencia preliminar «en el día más cercano posible». En ella volverá a escuchar los argumentos de las partes y, entonces, podrá dictar el auto de apertura. Durante esta fase, las partes pueden solicitar diligencias o cuestionar la competencia del jurado. En ambos aspectos, el juez ya se ha pronunciado negativamente, por lo que no deberían retrasar el proceso.
Además de la decisión crucial sobre la existencia o no de motivo para celebrar juicio, la Audiencia de Madrid deberá decidir si los cuatro delitos pueden ser juzgados por el jurado debido a la conexidad entre ellos, o si se limitan solo a los dos que la ley prevé expresamente (tráfico de influencias y malversación).
La fecha para la vista oral se acuerda entre la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial y el magistrado que presidirá el tribunal, quien será asignado más adelante por reparto. Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional suelen tener en cuenta la coyuntura política al planificar sus calendarios en asuntos sensibles, por lo que fuentes consultadas consideran razonable que se contemplen las elecciones generales al fijar la fecha. En particular, si para entonces ha habido un adelanto electoral; en menor medida si la legislatura se prolonga hasta su final.
Al margen de esta investigación, Begoña Gómez debe estar atenta a la Fiscalía Europea, que examina contratos públicos para los cuales ella firmó cartas de recomendación. Esta Fiscalía solicitó al juez de Madrid que le remitiera los informes de la UCO y la Igae referentes a dichos contratos, y el juez autorizó esta petición esta misma semana.