Tras huir de Colombia, la abuela, la hija, el nieto y el yerno solicitan documentación para poder «salir adelante».
Maribel, de 46 años, era propietaria de una empresa constructora en Medellín (Colombia). Disfrutaba de una situación económica holgada, sin carencias monetarias. Actualmente reside en Seseña (Toledo) y trabaja como administrativa en el barrio madrileño de San Blas. Es la única integrante de la familia Luna que cuenta con un contrato laboral. Con ese sueldo —el salario mínimo— sostiene a su madre, Gloria, y a su hijo veinteañero Juan Pablo, quien cursa una FP en Construcciones Mecánicas.
Comparten vivienda con su hermana Yesenia, de 36 años y desempleada, junto a sus cuatro hijos de cinco, siete, 14 y 20 años. La abuela Gloria duerme en el salón-comedor con los dos mayores de Yesenia. Maribel y su hijo ocupan una habitación, mientras Yesenia y los dos niños pequeños están en otra. El esposo de Yesenia, Juan Pablo, trabaja como soldador en Burgos y vuelve los fines de semana a estar con la familia.
En apenas 60 metros cuadrados coexisten los nueve miembros de la familia Luna, cuatro de los cuales —Maribel, Gloria y ambos Juan Pablos— tramitarán la regularización extraordinaria que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Solicitarán esta vía bajo la categoría de asilo, mecanismo con el que el Gobierno planea otorgar papeles a 250.000 personas.
«Cumplimos todos los requisitos. Ya pedimos el certificado que avala la ausencia de antecedentes penales y pagamos las tasas. Podemos demostrar que llevamos más de cinco meses viviendo de forma continua en España con el contrato de alquiler y las recetas médicas de mi madre. Además, tenemos pasaportes», detalla Maribel.
Su historia no ha sido sencilla. Los Luna huyeron de Colombia tras la ocupación de sus tierras —la familia poseía 104 hectáreas— por grupos armados, el asesinato de un hijo de Gloria, y las agresiones sufridas tanto por Juan Pablo, esposo de Yesenia, como por Juan Pablo, hijo de Maribel. «Estaban buscando a mi madre, decían que le pasaría lo mismo que a mi hermano y que, si no aparecía, sufriría consecuencias. Por eso optamos por abandonar Colombia. Sentíamos miedo de quedarnos más tiempo allí».
En febrero de 2023 llegaron a España, en un vuelo turístico regular, Gloria y su yerno Juan Pablo. En mayo del mismo año, les siguieron Maribel y Yesenia con sus cinco hijos, también viajó como turistas. Presentaron solicitud de asilo. «La situación en Colombia ha sido igual de dura para todos, aunque se ha resuelto de formas diferentes», recuerda Maribel.
Gloria y su yerno fueron acogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) y alojados en un centro en El Escorial (Madrid), en tanto que Maribel, Yesenia y sus hijos recibieron atención de Cruz Roja. Maribel y Juan Pablo fueron trasladados a Barcelona, mientras Yesenia y sus pequeños se cambiaron a Valencia. No fue sino hasta octubre de 2024 cuando pudieron reunirse todos en Seseña. No cuentan con más familiares en España.
El proceso administrativo también ha sido distinto para cada uno. A Gloria, de 66 años, le negaron rápidamente la solicitud de asilo y el recurso presentado, a pesar de evidenciar indicios de persecución y riesgo para su vida en Colombia. La petición de su yerno, Juan Pablo, también fue rechazada, aunque permanece a la espera de resolver el recurso. «Yesenia obtuvo permiso de residencia por razones humanitarias dado que uno de sus hijos tiene autismo y fue sometido a una operación a corazón abierto, pero no entendemos por qué, si es hijo también de Juan Pablo y a él no le han concedido nada», lamenta Maribel.
En su caso y en el de su hijo, siguen como solicitantes de asilo a la espera de respuesta administrativa. Mientras no reciban una denegación, pueden trabajar legalmente en España. «Eso no implica que tengan papeles. Si la resolución es negativa, quedarían en situación irregular», explican en Cear, que brinda apoyo legal a Maribel y acogió a su madre y cuñado en El Escorial.
Maribel está preocupada debido a que su tarjeta roja de solicitante de asilo vence el próximo 3 de mayo. Puede renovarla, pero teme que la Administración utilice este trámite para denegarla. «El día 23 tengo una cita para asistir a un taller donde me explicarán cómo solicitar la regularización, y lo haré al día siguiente. Dado que el Gobierno dispone de 15 días para responder, temo quedar en un limbo. Si no conseguimos la regularización, perderemos el trabajo, no podremos pagar el alquiler y la familia se quedará sin recursos para comer», expresa.
Maribel se levanta cada día a las 4:30 de la mañana para alcanzar a su trabajo a las 8:00 horas en Madrid. Debe tomar un autobús y realizar dos transbordos en metro. «Estoy tan cansada que a veces, de regreso, me he quedado dormida y me he pasado de parada», admite. Su hijo Juan Pablo estudia en un instituto público de Alcalá de Henares —tras terminar, quiere cursar la carrera de Ingeniería Civil— y también tarda bastante. «Sale a las 5:30 para llegar a las 8:00 al instituto».
«Lo único que deseo es disponer de una vivienda en Madrid y un coche o una moto para poder desplazarme», comenta. Han intentado encontrar piso más cercano a Madrid, pero los precios son elevados y exigen toda clase de anticipos y garantías. Por vivir en Seseña, en dos habitaciones, pagan 1.000 euros. No les alcanza para llegar a fin de mes ni para salir de vacaciones. «La regularización es una solución positiva, nos aportará tranquilidad, solo queremos salir adelante en la vida».