La obsolescencia programada representa uno de los mayores problemas tecnológicos, además de ser una de las estrategias más perniciosas que los fabricantes han creado para fomentar el consumo constante. Este concepto significa que los dispositivos se diseñan con un tiempo de vida limitado, tras el cual comienzan a deteriorarse y funcionan peor que al inicio.

Las baterías se degradan rápidamente, pierden rendimiento y dejan de recibir actualizaciones que incorporan mejoras tecnológicas. Por ello, la Comisión Europea implementó la ley del «derecho a reparar», que obliga a los fabricantes a facilitar la reparación de sus productos durante al menos 10 años desde su adquisición.

Esta regulación abarca electrodomésticos como neveras, lavadoras, televisores y también teléfonos móviles, con el objetivo de reducir la gran cantidad de residuos electrónicos que se generan anualmente en Europa.

Recientemente, la Unión Europea ha avanzado más en el ámbito de los smartphones, al aprobar un nuevo reglamento que establece que a partir de 2027 todos los móviles vendidos en la UE deberán contar con baterías más resistentes, capaces de soportar un mayor número de ciclos de carga sin perder su capacidad.

Además, será un requisito indispensable que, como sucedía anteriormente, las baterías puedan ser reemplazadas por el usuario mismo, ya que las fallas en la batería son la principal causa de renovación de dispositivos. Últimamente, los móviles han sido diseñados como dispositivos unibody, es decir, compactos y que sólo pueden abrirse con herramientas especializadas para retirar la batería.

Sin embargo, desde 2027 esta situación cambiará, haciendo del derecho a reparar una obligación legal que transformará para siempre la fabricación de smartphones y brindará a los usuarios la posibilidad de extender la vida útil de sus dispositivos, lo que contribuirá a disminuir los residuos electrónicos generados.