El expediente determina que la entidad «no cumple con fines de interés general» y lleva a cabo actividades y emite mensajes que suponen un «menosprecio y humillación» hacia las víctimas.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comunicó este martes que ha firmado la resolución que da por finalizado el procedimiento administrativo y autoriza a presentar formalmente ante la Justicia la extinción «definitiva» de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Así lo indicó durante una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Cultura, donde explicó que el expediente contiene informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas del franquismo que concluyen que la entidad «no cumple con fines de interés general» y realiza actividades y emite mensajes que implican «menosprecio y humillación» hacia las víctimas.
«El resultado presenta un expediente sólido, riguroso y jurídicamente bien fundamentado. Ahora la decisión final recae en un juez, aunque el Gobierno considera que existen de manera fehaciente las bases legales para su extinción, y lo expresamos con claridad: estamos, con la ley en la mano, defendiendo la dignidad de las víctimas porque es nuestra responsabilidad», enfatizó.
Urtasun recordó que la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional quinta, contempla la extinción de fundaciones que no tengan fines de interés general o realicen actividades contrarias a este, constituyendo causa de extinción. Sobre esta base, reiteró que el expediente acredita que los objetivos de la Fundación Nacional Francisco Franco no justifican protección bajo esta normativa.
«Remitiremos al juez un expediente contundente que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser clausurada por contravenir el interés general y por denigrar a las víctimas, ya que en una democracia consolidada no hay espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y buscan obstaculizar la transición de la dictadura», afirmó.
El ministro manifestó su deseo de que el proceso de extinción avance con la mayor rapidez posible, aunque ya no depende de su ministerio, y expresó sentirse «orgulloso» de ser el primer ministro de Cultura que impulsa este procedimiento. «Ha sido un trabajo muy minucioso», agregó.
Durante su discurso, insistió en que Cultura ha tratado de ser «muy riguroso» en cada etapa del proceso y reafirmó que la iniciativa ha contado con el respaldo de la Abogacía del Estado. «Hemos acreditado y reunido toda la información posible que, a nuestro criterio y conforme avala la Abogacía del Estado, demuestra que la Fundación Francisco Franco no merece la protección especial que la legislación contempla», recalcó.
Asimismo, expresó confianza en que la Fundación empleará todos los recursos legales disponibles para impedir la ejecución de este procedimiento. Además, señaló que han comenzado el proceso para extinguir fundaciones similares a la afectada. «Estamos a la espera de recabar la información», puntualizó.
Esta resolución pone punto final a un proceso de casi dos años dirigido por el Protectorado de Fundaciones de Cultura. La investigación inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante indicios de que la Fundación Nacional Francisco Franco infringía la legislación vigente en materia de Memoria Democrática y Fundaciones, pidió a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que elaborase un informe para evaluar la posible existencia de causas para la extinción de la Fundación.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática presentó su informe en mayo de 2025, acompañado de otros cuatro documentos: un informe de la Abogacía General del Estado; otro de un especialista en Derecho Constitucional; un análisis de contenidos de la página web y la presencia mediática de la Fundación Nacional Francisco Franco; y, por último, una recopilación de testimonios de víctimas del franquismo relacionados con las actividades de esta fundación.
A partir de estos documentos, según el Ministerio de Cultura, se extraen varias conclusiones basadas en la Ley de Fundaciones, promulgada en 2002, y en la Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022. La primera establece que la Fundación Nacional Francisco Franco no solo incumple con los fines de interés general que la ley exige, sino que además realiza actividades contrarias a estos, y por ende, ilegales.
De manera específica, se señala que la fundación promueve la apología del franquismo, exalta el golpe de Estado y la dictadura, ensalza a sus dirigentes, especialmente a Francisco Franco, y lo hace con desprecio y humillación hacia la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y el franquismo.
El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática subraya, entre otros aspectos, que «se confirma que en la web oficial de la Fundación Nacional Francisco Franco la glorificación se articula principalmente mediante comunicados institucionales, que en un alto porcentaje rinden homenaje tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen. (…) Este conjunto de titulares evidencia la coherencia temática del sitio web: un relato unificado que combina memoria familiar, nacionalismo festivo y mitificación bélica para exaltar la dictadura y minimizar toda crítica».
Por último, Urtasun destacó que, paralelamente al proceso para solicitar la extinción de la Fundación, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado iniciar el proceso judicial para reclamar el archivo de la entidad. «Contamos con un informe que demuestra que los documentos digitalizados que poseemos son de dominio público», señaló.
Este archivo incluye cerca de 30.000 documentos en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco. En un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Cultura, se analizaron 27.620 documentos pertenecientes al archivo de esta fundación, los cuales están digitalizados, accesibles en su web, o cuentan con una descripción detallada.
El informe concluye que el fondo documental proviene del despacho y las dependencias privadas del que fue jefe del Estado español y consiste mayoritariamente en documentación elaborada por la Casa Civil del jefe del Estado, y en particular por la Secretaría del jefe del Estado y dictador Francisco Franco.