“Recuerdo que alguien mencionó que tomaría siete años. Yo lo tomé a broma. Si hubiéramos estado a un par de campos de distancia, habríamos estado bien”, relató la afectada
El anhelo de establecerse en un hogar definitivo en el campo se transformó en una experiencia difícil para Jane Coyle y su esposo Anthony, quienes residen en un pueblo rural del oeste de Inglaterra. La pareja lleva seis años intentando avanzar con su proyecto, pero una moratoria impuesta por las autoridades locales para frenar la contaminación del río Lugg los dejó en una situación crítica, terminando por vivir en un cobertizo. “Nos abandonaron por completo”, lamentó Coyle en declaraciones a Hereford Times.
Todo comenzó en 2020, cuando los Coyle compraron un terreno con la intención de construir una vivienda adaptada a las necesidades médicas de Anthony, quien padece una enfermedad grave. Poco después, la denominada Moratoria de Lugg detuvo el desarrollo urbanístico en varias áreas del condado de Herefordshire. Esta medida buscaba evitar que las nuevas edificaciones incrementaran los vertidos de nutrientes al río, cuyo estado ambiental se encuentra en crisis. Debido a ello, la pareja no pudo continuar con la construcción y tuvo que improvisar un refugio temporal en una pequeña edificación anexa al terreno.
“Recuerdo que alguien mencionó que tomaría siete años. Yo lo tomé a broma. Si hubiéramos estado a un par de campos de distancia, habríamos estado bien”, narró Jane Coyle. La situación personal empeoró debido a los problemas de salud de Anthony, dificultando cualquier mudanza o mejora. La pareja asegura que esta espera les ha ocasionado “costos adicionales astronómicos”, pues instalaron paneles solares y baterías para obtener energía y mantener condiciones mínimas habitables.
Un obstáculo para los pequeños propietarios
La moratoria afecta gran parte del condado de Herefordshire, donde la contaminación por fósforo y otros nutrientes pone en riesgo la viabilidad ecológica del río Lugg y su cuenca. La restricción se aplica a nuevas viviendas y proyectos agrícolas, aunque en la práctica impacta principalmente a pequeños propietarios como los Coyle. “La cantidad de fosfato que generamos cabría en una cucharadita, mientras se ven hectáreas absorbidas por purín de pollo alrededor”, denunció Jane Coyle.
Así, los Coyle enfrentan su día a día con mucha precariedad: no han podido colocar un árbol de Navidad desde antes de la pandemia y almacenan todas sus pertenencias en una unidad de depósito distante del cobertizo. La vivienda improvisada los obliga a buscar soluciones diferentes para recibir a sus tres nietos, quienes han dormido en tiendas de campaña y furgonetas cada vez que los visitan. “Usamos tiendas de campaña, tipis, furgonetas camper, cualquier opción posible para que ellos puedan estar con nosotros”, explicó Coyle.
El retraso en la edificación también ha causado tensiones con los vecinos. Ambos mencionan que han pedido disculpas en varias ocasiones por el estado descuidado de la propiedad, mientras que sus preocupaciones por la seguridad les impiden ausentarse por períodos prolongados.
Los afectados presentan una demanda colectiva
El caso de los Coyle no es único. El bufete Leigh Day presentó una demanda colectiva en nombre de 4.500 personas que aseguran haber sufrido consecuencias similares en Herefordshire. Esta acción legal, la mayor de carácter ambiental en el Reino Unido, se dirige contra Avara Foods Limited, Freemans of Newent Limited y la compañía de agua Welsh Water.
Según quienes demandan, la moratoria ha impedido la construcción de cerca de 2.000 viviendas y la contaminación por nutrientes proviene en un 66 por ciento de explotaciones avícolas, mientras que las nuevas urbanizaciones representan apenas el uno por ciento del problema. “Compartimos las preocupaciones de quienes padecen la Moratoria de Lugg y con esta acción legal buscaremos que los presuntos responsables rindan cuentas”, afirmó Oliver Holland, socio del bufete Leigh Day.