El presidente muestra «orgullo de ser español» en medio de un proceso de «normalización» de personas que «construyen la España rica, abierta y diversa que somos» y que «aspiramos a alcanzar».
Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España enfrenta «dos caminos» ante el desafío de la inmigración: «El de quienes buscan sembrar miedo, dividir a la sociedad y condenar a miles a la exclusión; o el de quienes reconocemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y transformarse en prosperidad compartida».
Así lo ha manifestado el líder del Ejecutivo, quien está convencido de que la vía adecuada es la segunda, mediante una nueva carta dirigida a la ciudadanía en la que defiende el Real Decreto para modificar el Reglamento de Extranjería, que permitirá regularizar extraordinariamente a cerca de 500.000 inmigrantes, según las cifras oficiales del Gobierno. Esta medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE.
El presidente destaca que siente «orgullo de ser español» en medio de un proceso de «normalización» de personas que «construyen la España rica, abierta y diversa que somos» y que «aspiramos a ser».
En su carta, Sánchez agradece a «cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado incansablemente para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)». Según el presidente, dicha iniciativa «ha logrado algo extraordinario en tiempos de polarización: la capacidad de unir».
«Ha recibido el apoyo de la Iglesia, los sindicatos, empresarios y una sociedad civil que comparte un objetivo común: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor», afirma.
Para el presidente, la regularización representa «sobre todo un acto de normalización» y de «justicia con nuestra propia historia». Además, apelando a un pasado reciente en que los españoles emigraban, subraya «la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida diaria»: «Personas que cuidan a nuestros mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas, innovan, emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos, y la que anhelamos ser».
«Es una necesidad»
Defendiendo la regularización extraordinaria, Sánchez sostiene que la medida «es una necesidad» para atender el envejecimiento demográfico del país: «Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se detiene, nuestra capacidad para innovar se reduce y los servicios públicos —sanidad, pensiones, educación— se ven perjudicados». Destaca así el «dinamismo de las personas migrantes» y su impacto en la economía española.
«El camino está claro: integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya residen entre nosotros», concluye, añadiendo que el «verdadero sentido» de la medida es «reconocer derechos, pero también exigir obligaciones«.
En su opinión, «sería irresponsable negar» que «las migraciones suponen desafíos». Ante ello, Sánchez considera que «la regularización es la mejor respuesta para afrontarlos» porque «la integración solo puede lograrse desde la legalidad».
Una «cuestión moral»
Desde Pekín, donde se encuentra en visita oficial fortaleciendo la relación con el mandatario chino Xi Jinping, Sánchez ha afirmado que la regularización extraordinaria se abordará «desde un punto de vista económico y también de una cuestión moral», dado que reconoce derechos a quienes «ya contribuyen a la prosperidad y cohesión de nuestro país».
Sánchez ha subrayado que esta medida ha sido «reclamada por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno de España», en alusión a la Iglesia, sindicatos y diversas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ILP original en el Congreso.
Asimismo, ha remarcado que han existido «muchos otros» procesos de regularización a lo largo de «más de 40 años de democracia en nuestro país», incluso bajo administraciones del PP. En particular, mencionó la realizada por el Gobierno de José María Aznar, que «regularizó a medio millón de inmigrantes sin derechos y sin papeles».
En esta línea, al PP, que rechaza la medida más por la forma que por el fondo, le ha pedido «escuchar a la patronal, a la Iglesia católica y, por supuesto, ser coherente con su propia historia, ya que ellos también regularizaron inmigrantes». En cuanto a Vox, que anunció llevar el real decreto a los tribunales para solicitar su suspensión cautelar, ha expresado que «no se puede esperar nada porque convierten la migración en un motivo de polarización y confrontación política».