Se distancia de la propuesta de Junts para prohibir el burka en espacios públicos, que será sometida a votación mañana, alegando que dicha iniciativa presenta una «deriva separatista».
El Gobierno está ultimando el decreto que regula la regularización extraordinaria de inmigrantes, con la previsión de aprobarlo en el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana. En respuesta, Vox ha iniciado una ofensiva judicial y movilizaciones públicas para mostrar su rechazo a esta medida. El partido liderado por Santiago Abascal, que sitúa en el centro de su discurso las tesis contrarias a la inmigración, considera que otorgar documentación a aproximadamente 500.000 inmigrantes que ya viven en España constituye una forma de «corrupción», representa un «ataque al pueblo español» y equivale a la «legalización e institucionalización de la invasión migratoria».
Como suele ser habitual en las acciones de Vox, la primera estrategia para manifestar su desacuerdo con la regularización será la vía judicial. «Presentaremos un recurso ante el [Tribunal] Supremo solicitando la suspensión cautelar del decreto», declaró en rueda de prensa este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Según el número dos de la formación, regularizar a inmigrantes que ya residen en el país implica «enviar al mundo» el mensaje de que «quienes irrumpen de manera ilegal reciben un premio en España».
Junto al recurso judicial, Vox iniciará mañana una «campaña» en las inmediaciones del Congreso con el objetivo de que la población española «conozca en detalle cuánto cuesta y qué consecuencias acarrea esta invasión migratoria».
Esta estrategia responde directamente al discurso que Vox ha mantenido en los últimos meses, donde su rechazo a la llegada de extranjeros ya no solo se fundamenta en argumentos de «seguridad» o «identidad», sino también en el impacto económico. De hecho, Garriga mencionó este lunes que las demoras en las listas de dependencia, los retrasos en la sanidad pública y la dificultad para acceder a viviendas a precios asequibles son consecuencias derivadas de la «inmigración masiva».
Prohibición del burka en vía pública
Esta semana destaca no solo por la inminente aprobación del decreto de regularización extraordinaria en materia migratoria, sino también por la votación programada para mañana en el Congreso. La Cámara Baja debatirá la proposición de ley presentada por Junts que regula el «uso de velos integrales», incluyendo la prohibición del burka en espacios públicos. La formación de Carles Puigdemont impulsó esta iniciativa tras haber rechazado una propuesta semejante presentada por Vox, y ahora los seguidores de Abascal tampoco garantizan su apoyo; de hecho, se posicionan más bien en contra.
Desde Vox argumentan que el texto que será sometido a votación mañana contiene una «deriva separatista», al incorporar una «cesión de competencias» en materia migratoria a Cataluña. «Es algo que no queremos, nos oponemos y haremos todo lo posible para que no se lleve a cabo», afirmó Garriga, quien acusó a Junts de «incoherencia» e «hipocresía»: «Es el principal responsable de la islamización de Cataluña». Además, el número dos de Vox y líder de la formación en esa comunidad, señaló también el «oportunismo» de Junts, sugiriendo que promueven esta iniciativa «ante la pérdida de votos».