Las claves
Tres ministros han elevado sus críticas hacia el juez Juan Carlos Peinado, desatendiendo la advertencia de respeto emitida por el Poder Judicial.
El Gobierno manifiesta una especial preocupación por el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, cuyo posible juicio por corrupción genera inquietud en Moncloa.
La Audiencia Provincial de Madrid se presenta como la última esperanza del Ejecutivo para evitar que Begoña Gómez deba sentarse en el banquillo, luego de varias decisiones controvertidas del juez Peinado.
El Gobierno cuestiona tanto la instrucción realizada por el juez como la vaguedad de las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez.
«Nos hemos quedado cortos», declaró un miembro del Gobierno tras la inusual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que Félix Bolaños, Óscar Puente y Elma Saiz compitieron por endurecer sus críticas hacia el juez Juan Carlos Peinado debido a su auto que propone sentar en el banquillo a Begoña Gómez.
Los ministros hicieron caso omiso del aviso del Poder Judicial, que ese mismo día había publicado un comunicado solicitando «respeto» para las decisiones judiciales.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respondió así a las declaraciones del ministro de Justicia del día anterior, que criticaba la propuesta de Peinado de juzgar a Begoña Gómez.
El caso de la esposa del presidente del Gobierno es con mucho el que más irrita a Moncloa. Por lo doloroso que sería ver a la mujer del jefe del Ejecutivo sentada en un banquillo por cuatro delitos, y también porque consideran que las resoluciones del juez Peinado son cuestionables y rozan una especie de persecución hacia Pedro Sánchez, a través de su esposa.
La molestia es tan grande que sólo el inicio de la causa hace dos años provocó que Sánchez se encerrara a reflexionar sobre la posibilidad de renunciar. Él, conocido por su resiliencia, estuvo a punto de dimitir sólo por la admisión de una querella a trámite.
Se puede imaginar la magnitud del enfado y el temor frente a la posibilidad de que su esposa se enfrente a un juicio y a un jurado popular acusada de delitos de corrupción.
Esta irritación se percibe porque dicho caso suscita la reacción más contundente dentro del Gobierno entre todos los asuntos que rodean a Moncloa.
Este martes, tres ministros lo evidenciaron en la solemnidad de la habitual rueda de prensa del Ejecutivo, con expresiones que superaron considerablemente las palabras del propio Sánchez unas horas antes en China.
En ningún otro caso han llevado las críticas tan lejos, ni siquiera con el que terminó con la condena de Álvaro García, exfiscal general del Estado, a pesar de que ese asunto provocó un choque institucional.
Según un ministro, resulta más tolerable la condena de un fiscal general, con posibilidad de ser anulada por el Tribunal Constitucional, que un juicio y condena por corrupción para la esposa de un presidente del Gobierno, la persona más cercana al jefe del Ejecutivo.
Naturalmente, esas críticas son mucho más intensas en privado y afectan tanto al contenido de las resoluciones de Peinado como a su modo de instruir y a los criterios de oportunidad que emplea, ya que sus escritos coinciden con fechas señaladas en la agenda del presidente. En esta ocasión, su viaje oficial a China con Begoña Gómez.
La última esperanza para Begoña Gómez y, por ende, para Sánchez, es que la Audiencia Provincial de Madrid pueda revocar el auto de Peinado y detener así la posibilidad de que ella se siente en el banquillo. Este tribunal ya ha anulado algunos de los pasos dados por Peinado en este proceso, como el intento previo de llevarla ante un jurado popular. Algunos miembros del Gobierno se aferran a esto, casi como la última opción.
Otros ministros relatan con pesimismo que la Audiencia Provincial también ha emitido resoluciones que en estos dos años han permitido a Peinado avanzar con el caso, aunque haya reducido partes de la investigación. Uno de ellos, veterano abogado, señala que detener una instrucción en esta fase no es sencillo; lo máximo que se puede conseguir es un retraso.
Si se lograra ganar tiempo, el Gobierno confía en que sea suficiente para que Peinado deje el juzgado en septiembre debido a su jubilación obligatoria.
Fuentes de Moncloa expresan su sorpresa ante el hecho de que Peinado haya otorgado cinco días a las partes para presentar sus conclusiones, pese a que aún no ha completado la práctica de pruebas aceptadas. Es decir, la Audiencia podría frenar a Peinado hasta que no se finalicen dichas pruebas, dado que las partes deben redactar sus conclusiones sin conocer toda la evidencia.
Asimismo, cuestionan el fondo del asunto, como la falta de motivación sobre cuál es el beneficio económico derivado de la supuesta corrupción imputada a Begoña Gómez, ya que no se acepta que haya obtenido ningún provecho y no se detalla cómo habría influido en decisiones gubernamentales.