Las claves
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha suscrito la resolución para solicitar ante la Justicia la clausura definitiva de la Fundación Nacional Francisco Franco.
El expediente presentado incorpora informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios que evidencian que la fundación no cumple objetivos de interés general y denigra a las víctimas del franquismo.
Según el Ministerio de Cultura, la Fundación promueve la apología del franquismo, ensalza la dictadura y menoscaba la dignidad de las víctimas.
Además, el Ministerio ha solicitado la reclamación judicial del archivo de la Fundación, que consta de casi 30.000 documentos catalogados como dominio público.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este martes que ha firmado la resolución que finaliza el procedimiento administrativo y permite solicitar formalmente ante la Justicia la extinción «definitiva» de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Así lo comunicó en una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Cultura, donde explicó que el expediente contiene informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas del franquismo que concluyen que la entidad «no cumple fines de interés general» y promueve mensajes y actividades que representan «menosprecio y humillación» hacia las víctimas.
«El resultado es un expediente sólido, riguroso y jurídicamente fundamentado. Ahora la decisión final corresponde a un juez, pero el Gobierno estima que existen claramente las causas legales para su extinción. Lo afirmamos con claridad: actuamos, con la ley en la mano, para proteger la dignidad de las víctimas, porque esa es nuestra responsabilidad», enfatizó.
Urtasun recordó que la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional quinta, prevé la extinción de fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a estos, configurando causa de extinción.
Basándose en esto, reiteró que el expediente demuestra que los fines de la Fundación Nacional Francisco Franco no merecen protección conforme a esta normativa.
«Vamos a presentar al juez un expediente robusto que prueba que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser clausurada por contrariar el interés general y humillar a las víctimas, pues en una democracia sólida no puede existir espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y buscan blanquear la dictadura», subrayó.
Urtasun señaló su deseo de que el proceso de extinción avance con rapidez, aunque ya no depende de su departamento, y manifestó estar «orgulloso» por ser el primer ministro de Cultura que inicia este procedimiento. «Ha sido un trabajo minucioso», añadió.
Durante su intervención, enfatizó que Cultura ha actuado con «gran rigurosidad» en cada etapa realizada y reiteró que el proceso cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado.
«Hemos recopilado toda la información posible que, según nuestro criterio y confirmado por la Abogacía del Estado, demuestra que la Fundación Francisco Franco no merece la protección especial que establece la ley», puntualizó.
Asimismo, previó que la Fundación utilizará todos los recursos legales disponibles para intentar frenar este proceso.
Comentó además que han iniciado procedimientos para extinguir fundaciones similares a la mencionada. «Estamos en proceso de recabar información», añadió.
Cronología del proceso
Con esta resolución culmina un proceso que se prolongó por casi dos años y fue llevado a cabo por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura.
El procedimiento se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante indicios de que la Fundación Nacional Francisco Franco incumplía la legislación vigente sobre Memoria Democrática y Fundaciones, solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la elaboración de un informe para analizar la posible existencia de causas para su extinción.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitió su informe en mayo de 2025 junto con cuatro documentos adicionales.
Estos documentos eran: un informe de la Abogacía General del Estado; otro de un especialista en Derecho Constitucional; un análisis de contenidos web y de representación mediática de la Fundación Nacional Francisco Franco; y, finalmente, una recopilación de testimonios de víctimas del franquismo relacionados con la actividad de dicha fundación.
De todos estos documentos, según Cultura, se desprenden varias conclusiones, basadas en la Ley de Fundaciones de 2002 y la Ley de Memoria Democrática de 2022.
La primera conclusión indica que la Fundación Nacional Francisco Franco no solo carece de fines de interés general, como exige la normativa vigente, sino que además desarrolla actividades contrarias a estos y, por ende, ilegales.
En concreto, se subraya que la fundación promueve la apología del franquismo, enaltece el golpe de Estado y la dictadura, glorifica a sus líderes, especialmente a Francisco Franco, y realiza estas acciones con desprecio y humillación hacia la dignidad de las víctimas del golpe, la guerra y el franquismo.
El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática apunta, entre otros aspectos, que «se confirma que en la página oficial de la Fundación Nacional Francisco Franco la glorificación se articula principalmente mediante comunicados institucionales que en alto porcentaje homenajean tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen. (…) Esta serie de titulares refleja la coherencia temática del sitio web: un relato homogéneo que mezcla memoria familiar, nacionalismo festivo y mitificación bélica para exaltar la dictadura y banalizar toda crítica«.
Archivos de la Fundación
Finalmente, Urtasun destacó que, paralelamente a la solicitud de extinción, el Ministerio ha encargado a la Abogacía del Estado iniciar la reclamación judicial del archivo de la entidad. «Contamos con un informe que acredita que los documentos digitalizados son de dominio público», manifestó.
Este archivo contiene cerca de 30.000 documentos en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Un informe elaborado por personal técnico del Ministerio de Cultura analizó 27.620 documentos digitalizados, disponibles en la web o descritos del archivo de esta fundación.
El informe concluye que el fondo documental proviene del despacho y dependencias privadas del exjefe del Estado español y que está compuesto mayoritariamente por documentación producida por la Casa Civil y, concretamente, por la Secretaría del jefe del Estado y dictador Francisco Franco.