La carencia de recursos y coordinación en las prisiones españolas afecta de manera particular a los internos con trastornos mentales o discapacidad intelectual
La escasez de médicos en las cárceles españolas no es un secreto. A finales de 2024, los centros bajo la gestión del Ministerio del Interior disponían de 158 médicos en activo para atender a una población de 48.947 internos.
Esta cifra excluye a Cataluña y el País Vasco, territorios que no forman parte de la estadística nacional porque gestionan sus propios centros penitenciarios. Cataluña finalizó 2024 con 8.594 reclusos y, sumando la red vasca (entre 1.400 y 1.600), la población privada de libertad en España supera ampliamente las 57.500 personas. A su vez, en Navarra, que cuenta con la transferencia de la sanidad penitenciaria, trabajan cuatro médicos para su única prisión.
Precisamente en el Centro Penitenciario de Pamplona, un médico impuso trabas a los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para acceder a las historias clínicas de los presos.
En su informe anual de supervisión de lugares de privación de libertad en España, publicado recientemente, se señala que fue la primera vez que ocurría algo así en un centro penitenciario. Indican que, en el posterior envío de documentación médica, recibieron documentos con datos asistenciales “desordenados y fragmentados”, además del historial completo de los pacientes fuera del ámbito penitenciario, con información irrelevante y no pertinente para la visita.
“No se proporcionó información relacionada con la medicación específica que cada paciente tenía prescrita al momento de la visita, ni su esquema actual, y los listados generales de medicación enviados estaban en formato pseudoanonimizado y dispuestos por año natural, lo que impedía establecer relaciones clínicas individuales ni realizar un análisis cualitativo o longitudinal de los tratamientos”, se detalla en el informe.
Este desorden en la atención médica y el seguimiento clínico repercute directamente en el funcionamiento diario de los centros penitenciarios, especialmente en el cuidado y acompañamiento de internos con trastornos mentales o discapacidad intelectual, donde la falta de coordinación y recursos complejiza su gestión.
Lo relata Juan Jesús Merino Serrano, coordinador de Trabajo Social del Centro Penitenciario de Albolote (Granada), con casi 30 años de experiencia en Instituciones Penitenciarias. En este centro existe un módulo especializado en enfermedad mental y discapacidad intelectual. “Estos dos colectivos, por su alta vulnerabilidad, son los que más nos generan estrés. Al regresar a casa uno sigue pensando en que esas personas no tienen dónde acudir tras salir”, comparte con este medio.
Serrano, también integrante de la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, expone que el problema comienza antes del ingreso en prisión. Explica que muchos internos con discapacidad intelectual o trastornos mentales llegan sin que en el juicio se hayan considerado sus particularidades. De hecho, menciona que en ocasiones ingresan sin un diagnóstico claro, que se realiza posteriormente dentro del centro.
A esto se suma que, en la mayoría de las situaciones, estos presos cumplen condenas breves y sufren un alto grado de aislamiento: “En el caso de enfermedad mental, incluso tienen órdenes de alejamiento respecto a sus familias”.
Por ello, enfatiza la relevancia de los programas específicos de intervención y acompañamiento social dirigidos a este grupo. En Albolote, además del módulo especializado, se emplean herramientas concretas como el Programa Puente Extendido, que busca facilitar la reinserción fuera del centro. También destaca el Programa Alianzas: una guía de intervención en trabajo social para los programas de tratamiento en instituciones penitenciarias, diseñada para establecer vínculos comunitarios cuando no existe respaldo familiar.
“Aquí son gestionados por los trabajadores sociales y otras personas como podemos, pero no está implementado en todas las prisiones y, sinceramente, es fundamental”, afirma. Según menciona, estos recursos facilitan la preparación de la salida, acompañan a la persona y buscan conectar con una red social o comunitaria.
En cuanto a la detección de indicios de discapacidad intelectual al ingresar, enfrentan un obstáculo adicional a diferencia de la salud mental. Mientras que para esta última cuentan con un psiquiatra que genera informes para derivar a los equipos de valoración, en discapacidad intelectual no disponen de profesionales específicamente capacitados para esa tarea.
Antes, señala, contaban con el apoyo de Plena Inclusión (movimiento asociativo en España en defensa de los derechos de personas con discapacidad intelectual) para esta labor y, aunque hoy reciben “cierto acompañamiento”, carecen de un programa específico en la prisión. “El apoyo ha disminuido. Antes todo funcionaba mucho mejor”, comenta. Tal como detalla, como consecuencia los informes tardan más en obtenerse y el proceso para reconocer la discapacidad se retrasa. Serrano menciona esperas de cerca de dos años o más y explica que, por ende, también se posponen los recursos externos y la planificación de la salida.
Relaciona esta información con la breve duración de las condenas señalada anteriormente: “Los plazos, tanto para el equipo de valoración de minusvalía como para los de dependencia, son bastante extensos. Esto representa un problema”.
Por su parte, Plena Inclusión afirma a El Confidencial que la asignación global que reciben a través del 0,7% de la cuota íntegra del IRPF, “no ha disminuido”. “Se incrementa cada año. Sin embargo, se otorga a través de una subvención, lo que implica que no hay una cantidad fija ni garantizada; podría variar anualmente”, aclaran.
Por otro lado, informan que el año pasado atendieron a 1.537 personas con discapacidad y trabajaron en 14 comunidades y 50 centros penitenciarios. Además, comentan que, desde su experiencia y observando la realidad de las cárceles españolas, así como el número de personas con discapacidad intelectual atendidas y la intensidad de los apoyos que requieren, “la financiación no es suficiente”.
En esta línea, el trabajador social subraya que, tras 29 años en Instituciones Penitenciarias, el progreso en este ámbito ha sido “notablemente insuficiente”. Indica que actualmente se están adaptando programas para discapacidad intelectual, algo que antes no existía; que ahora hay módulos especializados y que empezó a abrirse la posibilidad para que personas con discapacidad intelectual o trastornos mentales accedan a empleos remunerados dentro de prisión. Sin embargo, considera que esta evolución debería haberse producido “mucho antes”: “La visión del trabajo social no está integrada, a pesar de aportar una perspectiva más integral”.
Finalmente, concluye con un principio fundamental: las personas privadas de libertad son ciudadanos con plenos derechos y, aunque atender adecuadamente a quienes presentan necesidades específicas requiera mayor inversión, ese derecho “existe y debe ser respetado”.