Durante las próximas sesiones del juicio oral se abordará, y de forma intensa, la adquisición de material sanitario en plena pandemia realizada por la red corrupta.
El conocido como juicio de las mascarillas entra en su segunda semana donde, esta vez, se analizará detalladamente la compra de material sanitario durante la pandemia realizada por la trama corrupta compuesta por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Los contratos bajo investigación en este caso ascienden a 36 millones de euros: 12 millones asignados a Puertos del Estado y 24 millones a ADIF, ambos destinados a la adquisición de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión, ligada a Aldama.
Este lunes se retoma la vista oral a partir de las diez de la mañana con ocho testimonios previstos. Entre ellos destacan los de Patricia Uritz, ex esposa de Koldo García, y el empresario Claudio Rivas, socio de Aldama, responsable de financiar el chalé en la Alcaidesa para el ex secretario de Organización del PSOE. Uritz, quien se encuentra imputada en la Audiencia Nacional, fue la persona que recogió y trasladó en numerosas ocasiones sobres con dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Es muy probable que las acusaciones le planteen preguntas sobre este asunto durante su declaración.
Además de Uritz y Rivas, otro de los testimonios relevantes del día será el del ex director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano, también investigado por supuestos amaños en obras públicas desde el Ministerio de Transportes.
El martes, en sesión vespertina desde las 15:30, comparecerán ocho testigos vinculados a la compra de material sanitario. Entre ellos se encuentran el actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y Víctor Francos Díaz, secretario de Estado para el Deporte. Ese mismo día declararán en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes durante la gestión de Ábalos, y Michaux Miranda, ex alto cargo de ADIF.
Finalmente, el miércoles, nuevamente en la sesión de la tarde, testificará Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF durante la etapa en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes. Pardo de Vera es una figura clave en la presunta organización criminal, tanto por facilitar la colocación de la ex amante del ministro Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec como por su implicación en las adjudicaciones irregulares de grandes proyectos públicos.
Ese mismo día declararán también, entre otros, el ex presidente de Puertos del Estado Francisco Toledo Lobo, el antiguo secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, el empresario vinculado a Soluciones de Gestión Iñigo Rotaeche, y Javier Sánchez Fuentefría, ex alto cargo de Puertos recientemente designado director general de Presupuestos.
En este proceso judicial, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos (siendo la menor pena entre los cinco delitos que se le imputan de 12 años y medio), 19 años y medio para Koldo García, y siete años para el comisionista Aldama, quien ha colaborado con la Justicia. Todos ellos enfrentan acusaciones por formar parte de una organización criminal.