El Gobierno comprende la «indignación» de la ciudadanía y reconoce que quien se beneficia es Vox
Todos fijan la atención en el banquillo, pero no para buscar un estímulo que modifique el curso del partido. Podría compararse con la Champions, pero en torno a la corrupción. Los juicios relacionados con el caso mascarillas, donde se acusa al ex ministro José Luis Ábalos, y el caso Kitchen, con la presencia del ex ministro Jorge Fernández Díaz, protagonizan la actualidad. Empleo de recursos públicos para fines partidistas, comisiones para manipular adjudicaciones, soborno, tráfico de influencias, malversación, enriquecimiento ilícito durante la fase más grave de la pandemia… La peor cara de la política frente a la población. El Gobierno/PSOE y el PP están implicados. Resulta imposible establecer una agenda. El Ejecutivo lo acepta. Reconocen que esta imagen genera «desafección» en la sociedad. «En un contexto de distanciamiento hacia la política, solo prospera la ultraderecha», describe un representante del Gobierno. Es decir, Vox. «Se avecinan días complicados», admiten fuentes socialistas con resignación.
El Gobierno se prepara para atravesar un período complicado. La presencia en el banquillo de los acusados de Ábalos, ex ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, amenaza con eclipsar la gestión del Ejecutivo. Tanto La Moncloa como Génova intentan desvincularse de la corrupción que ahora se juzga. Procuran levantar barreras, pero el aura de sospecha lo impregna prácticamente todo.
«Nadie puede anticipar las conductas de todas las personas que nos rodean», justifican desde La Moncloa, ante el hecho de que uno de los implicados en la presunta trama corrupta sea el otrora todopoderoso Ábalos, persona de máxima confianza del presidente.
«La corrupción perjudica a toda la sociedad», sostienen desde La Moncloa. Son conscientes de que la coincidencia temporal entre el Tribunal Supremo –caso mascarillas, que afecta al Gobierno- y la Audiencia Nacional –caso Kitchen, que incumbe al PP- ensucia la imagen global.
«Comprendo la indignación y la semana complicada que atraviesa la ciudadanía en el país, que presencia dos casos graves de corrupción siendo juzgados», manifestó ayer Elma Saiz, portavoz del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros. La directriz es no minimizar la gravedad de lo que se juzga, mostrar seriedad respecto a los hechos, pero también medir cuidadosamente las palabras.
En varias ocasiones se le cuestionó a la portavoz si se asumirían responsabilidades políticas en caso de que Ábalos, como parece probable, sea finalmente condenado. Las respuestas fueron evasivas y protocolarias; ante la insistencia, concluyó con un «las responsabilidades ya fueron asumidas». Es decir, en La Moncloa, por ahora, no contemplan medidas drásticas. Consideran que el hecho de haber apartado a Ábalos y exigirle la entrega del acta de inmediato representa esa aceptación de responsabilidades.
En un momento en que parecía que el auge de Vox perdía fuerza tras las elecciones en Castilla y León, la imagen de corrupción en PSOE y PP les brinda un frente para atacar y recuperar terreno. Este hecho es bien entendido tanto en La Moncloa como en Génova. Además, son conscientes de que el discurso antisistema, que actualmente capitaliza el partido de Santiago Abascal, tiene un fuerte calado en momentos como el presente.
La formación de ultraderecha ya se ha puesto manos a la obra para sacar provecho. «Vamos a mostrar los frutos corruptos de un sistema construido por los dos grandes partidos para beneficiarse del poder», lanzó ayer Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. El partido de Abascal se presenta, frente al bipartidismo carcomido por la corrupción, como los únicos que «mantenemos lo poco que queda del Estado de derecho en España».