En los últimos años, las restricciones de circulación en las ciudades, impulsadas principalmente por razones ambientales y de contaminación, han provocado la instalación de cámaras de seguridad en todas las urbes que registran todos los vehículos que transitan.
Ya sea en semáforos, paredes, cables o señales, estos sistemas basados en cámaras capturan las matriculas de los coches que pasan, junto con imágenes que incluyen datos del vehículo y la hora. En los últimos años, numerosas cámaras han incorporado Inteligencia Artificial para mejorar y acelerar su funcionamiento, dotando al sistema de capacidades que antes solo le permitían tomar una fotografía.
Actualmente, estas cámaras pueden crear bases de datos con función de búsqueda que sean integrables con otros repositorios de las fuerzas del orden, y aunque esto representa una herramienta clave para usos policiales específicos, han surgido inquietudes sobre si esto podría transformarse en un mecanismo de vigilancia masiva.
La información recopilada sobre vehículos suele almacenarse en la nube, formando una extensa red de bases de datos. Si una cámara detecta el vehículo de un sospechoso, la IA puede identificarlo y enviar una alerta inmediata a las autoridades locales.
Sin embargo, el desarrollo de esta infraestructura para rastrear ubicaciones a gran escala genera debates sobre la privacidad y quién tiene acceso a estos sistemas. Estas cámaras pueden ser accedidas o reutilizadas fácilmente para propósitos distintos a los iniciales, tales como gestionar el tráfico, imponer multas o capturar fugitivos.
El aumento de datos equivale a mayor control sobre la población, y esta información podría emplearse para atacar a opositores políticos, facilitar prácticas policiales discriminatorias o limitar actividades protegidas constitucionalmente. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) restringe de manera significativa la recopilación, conservación, venta o intercambio de datos de localización y movilidad, pero en otras regiones del mundo no existe un marco legal similar que ofrezca esta protección.