El comisario Brunner señala, en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL MUNDO, que el proceso «podría generar repercusiones para otros Estados y para la UE en su conjunto».
«La Comisión no ha recibido notificación oficial alguna de España respecto al plan de medida para regularizar a nacionales de terceros países en situación irregular, anunciado el 27 de enero de 2026″. Con esta advertencia, el comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, indica que el Gobierno no informó a Bruselas sobre el procedimiento masivo que llevará a cabo este mes. Pese a ello, y como vuelve a remarcar el responsable austriaco del Ejecutivo comunitario, la decisión tomada por Moncloa puede afectar a otros países y, en última instancia, a toda la Unión Europea.
«Sin menoscabar la distribución de competencias establecida por el marco jurídico de la Unión respecto a las políticas y decisiones individuales para regularizar el estatus de ciudadanos de terceros países en situación irregular, las resoluciones de los Estados miembros, dentro de un espacio sin fronteras interiores, pueden tener repercusiones para otros Estados miembros y para la Unión en general«, afirma Brunner en una respuesta parlamentaria, fechada el 8 de abril de 2026 y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, es decir, ayer.
«Un permiso de residencia nacional no otorga derecho a desplazarse por la UE, sino exclusivamente para residir y trabajar en el Estado miembro que lo emitió. La UE dispone de normas claras que deben cumplirse», subraya el comisario en su réplica a la pregunta planteada por el Partido Popular Europeo (PPE), respaldada por las firmas de 22 eurodiputados del PP español.
«Por ejemplo, si se detecta que una persona con un permiso de residencia nacional está en situación irregular en otra parte de la UE, o solicita asilo en otro Estado miembro, deberá retornar al Estado que emitió su permiso de residencia. Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que este proceso se efectúe con rapidez», añade Brunner, reafirmando lo que ya declaró a este medio la semana pasada y que también han señalado fuentes de la Comisión después de la publicación de esa información.
De hecho, desde el Ejecutivo comunitario se indicó que «los Estados miembros deben garantizar que cualquier titular de un permiso de residencia nacional que se encuentre en situación irregular en otro Estado miembro, o que solicite asilo en otro, sea devuelto al Estado que expidió dicho permiso». Esto implica que España debe asegurarse de que ese procedimiento se lleve a cabo si alguno de los regularizados incurre en esta situación.
Asimismo, respecto al coste del proceso, se añadió que «debe pactarse entre los países involucrados«. Por tanto, el Gobierno tendrá que negociar con el Estado afectado los gastos derivados de la repatriación y buscar un acuerdo. Sin embargo, de la advertencia de la Comisión se deduce que, en última instancia, España es la nación responsable.
Desde el Gobierno se ha confirmado que, efectivamente, el proceso de regularización únicamente concede a los beneficiarios un permiso de trabajo en España. No obstante, no se ha mencionado nada sobre las posibles repercusiones para otros países, aspecto que genera inquietud en Bruselas. El pasado lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó en el Senado, en respuesta a preguntas de Vox, que la regularización «no tiene ninguna repercusión» en el sistema sanitario, dado que esta población «ya cuenta con cobertura sanitaria» en España desde la Ley General de Sanidad de 1986. «Ustedes desconocen la legislación de su propio país», enfatizó.