Afirma que la ciudadanía «no debe asumir la incompetencia del Gobierno en materia de vivienda»
La iniciativa de Sumar, anunciada ayer para iniciar de forma independiente contactos con los grupos del Congreso con el fin de lograr la convalidación del real decreto ley de alquileres, ha fracasado en su intento inicial. El PP ha decidido no acudir a la convocatoria y no se llevará a cabo ningún encuentro.
Así lo confirman fuentes del grupo parlamentario del PP, que además subrayan que la ciudadanía «no debe cargar con la ineptitud del Gobierno en materia de vivienda». «Si las políticas gubernamentales en vivienda son un desastre, deberían rectificarlas. Pero no es válido que intenten que la población compense sus fallos», señalan.
En las últimas horas, Sumar ha intentado contactar con la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, para conseguir una reunión. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Este rechazo deja en manos de Junts, con sus siete diputados, la decisión clave para aprobar la convalidación. El problema para Sumar radica en que el partido catalán ha manifestado oposición a esta medida y parece dispuesto a rechazarla en el Congreso.
El decreto, que extiende los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 para evitar un aumento por la subida de precios, es una prioridad para Sumar, que incluso bloqueó durante dos horas junto al PSOE la celebración del Consejo de Ministros. Para demostrar que no renuncian pese a la resistencia de la derecha, Yolanda Díaz y su equipo anunciaron el lunes que iniciarían una ronda de negociaciones sin la participación del PSOE, convocando a todos los partidos salvo Vox, para intentar asegurar apoyos.
Ahora, tras el rechazo del PP, queda por verse cómo evolucionará esta ronda de contactos, que podría limitarse a encuentros únicamente con grupos afines a la medida. En cualquier caso, estas reuniones forman parte de una estrategia de presión que también contempla acciones en la calle, con manifestaciones promovidas por asociaciones de inquilinos y plataformas por la vivienda.
Desde el Partido Popular han mantenido una postura firme en contra. El grupo parlamentario ha comunicado a Sumar que su posición es clara: el denominado «escudo social» debe ser financiado por el Gobierno, no por los ciudadanos.
Fuentes del PP consultadas insisten en que la solución a la problemática de la vivienda «no pasa por una mayor intervención en el mercado, sino por aumentar la construcción de viviendas y garantizar la seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos».
«La crisis de la vivienda no es un fenómeno temporal, sino un problema de carácter estructural, y este real decreto no aporta respuestas viables», critican desde el PP.
Finalmente, esas fuentes sostienen que «numerosas medidas del PP en materia de vivienda cuentan con respaldo parlamentario mayoritario» y que este Gobierno, que acumula ocho años en el poder, ha demostrado ser «la causa del problema, no su solución».