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- Autor, Rachel Flynn
- Título del autor, BBC News
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El Congreso argentino ha aprobado una enmienda polémica que facilita la explotación minera en áreas glaciares, una decisión que, según los ambientalistas, reduce la protección de fuentes hídricas esenciales.
La original Ley Glaciar, sancionada en 2010, prohibía cualquier actividad minera y exploratoria en zonas glaciares, otorgándoles protección como reservas de agua.
Con la reforma, la competencia para definir las áreas glaciares protegidas se traslada del Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (Ianigla) a las autoridades provinciales.
El presidente Javier Milei, defensor de esta modificación, aseguró que el cambio "da mayor autonomía a las provincias para aprovechar sus recursos" y posibilita la minería "en lugares donde antes no existía protección alguna".
El Senado argentino había ratificado el proyecto en febrero de 2026, por lo que la aprobación en la Cámara de Diputados era el último paso decisivo.
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Los críticos a esta reforma advirtieron que pone en peligro un recurso vital: el agua. La diputada Natalia de la Sota declaró que "sin agua, no es posible concebir ningún proyecto de crecimiento y desarrollo".
Por otro lado, la congresista Nancy Picón Martínez, promotora del proyecto, afirmó que la industria minera está siendo presentada "como un enemigo".
"Esta ley garantiza la protección de los glaciares, aunque algunos intenten hacer creer lo contrario", señaló.
Con la reforma, los glaciares y las áreas periglaciares —que no siempre están cubiertas por hielo, pero permanecen congeladas parte del año— seguirán protegidos por el inventario nacional de Ianigla hasta que las autoridades provinciales prueben que no cumplen función como reservas de agua "estratégicas".
Protección contra la sequía
Argentina cuenta con 16,968 glaciares que alimentan 36 cuencas hidrográficas en 12 provincias, donde residen siete millones de personas.
El agua liberada por el deshielo de los glaciares contribuye a reducir el impacto de sequías, especialmente en provincias semiáridas como Mendoza, donde estos fenómenos se vuelven más frecuentes por el cambio climático.
Los gobernadores de provincias con recursos minerales, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, manifestaron su respaldo al proyecto, alegando que la Ley de Glaciares de 2010 dificultó la meta de "fomentar un desarrollo económico sostenible tanto para las provincias como para el país sin comprometer a las próximas generaciones".
Sin embargo, Greenpeace se manifestó en contra del proyecto.
Agostina Rossi Serra, bióloga de Greenpeace, explicó que "la función principal de todos los glaciares y el entorno periglaciar es servir como reservorio de agua dulce".
Explicó además que "el entorno periglaciar no solo actúa como reserva por contener agua en su interior, sino que su deshielo lento alimenta ríos y arroyos en el territorio nacional".
Agregó que "gran parte de Argentina, en particular las regiones que ansiaban la modificación de esta ley, son áreas áridas y semiáridas donde el agua es un recurso limitado".