Los mensajes internos de Ábalos mencionan a Montero y Calviño: «Intentaron desvincularse con Plus Ultra, pero siguen siendo imputadas»

El ex ministro y su adjunto criticaron que «intentaron quitarse de en medio» durante el rescate

Extracto de una conversacion entre el ex ministro José Luis Ábalos y Pedro Saura.Extracto de una conversacion entre el ex ministro José Luis Ábalos y Pedro Saura.EL MUNDO

El rescate de la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra suscitó desconfianzas y divisiones dentro del equipo económico del Gobierno. Por una parte, se encontraban los ministerios de Economía, bajo la dirección en ese momento de Nadia Calviño, y Hacienda, cuyo liderazgo recaía en María Jesús Montero. De este último dependía directamente la ayuda, gestionada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Por otro lado, estaba el Ministerio de Transportes, responsable de la regulación, ordenación y supervisión de las aerolíneas, aunque rechazaba la operación.

De hecho, Transportes quería revertir la medida y consideraba que Sepi estaba «fuera de control». Además, el secretario de Estado Pedro Saura, segundo al mando de José Luis Ábalos, temía que Hacienda y Economía responsabilizaran a Transportes por la aprobación de la operación, en la que se destinaron 53 millones de euros públicos. Estas dudas dentro del ministerio de Transporte persistieron incluso tras su destitución, según los chats de WhatsApp a los que tuvo acceso EL MUNDO.

En marzo, Ábalos se desmarcó del rescate; en julio fue cesado y, en agosto, al liberarse el préstamo a Plus Ultra, Saura insistió en señalar como responsables a Economía y especialmente a Hacienda, a pesar de que ambos ministerios rechazaban esa responsabilidad.

El 10 de agosto de 2021, un mes tras la caída de Ábalos y menos de dos semanas después de la salida de Saura, Sepi entregó 34 millones de euros comprometidos dentro del plan de rescate, una vez que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid autorizó un día antes la entrega del dinero en forma de préstamo participativo.

Ese día, a las 21:05, Pedro Saura escribió a Ábalos: «En el tema Plus Ultra, quienes lanzaron balones fuera fueron Economía y Hacienda, intentaron desligarse, pero ellos son los imputados».

Para el ya ex secretario de Estado de Transportes, nombrado después presidente de Paradores, los implicados eran María Jesús Montero —actual candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo— y el ministerio dirigido por Calviño y Carlos Cuerpo (entonces alto cargo en Economía y ahora vicepresidente primero).

Una hora antes, Ábalos envió a Saura un documento de seis páginas y ambos intercambiaron capturas relacionadas con el caso. Fue en ese momento cuando Saura volvió a expresar a su ex superior su malestar por cómo los verdaderos «imputados» en las dudas acerca de la operación para salvar a Plus Ultra eludían responsabilidades y apuntaban hacia el ministerio del ministro cesado.

Cabe recordar que, el 17 de marzo de 2021, siete días antes de la primera advertencia de Saura, María Jesús Montero defendió el rescate de Plus Ultra en el Congreso afirmando: «Es una empresa española y forma parte del grupo reducido de 20 compañías que poseen licencia tipo A, en un sector como el del turismo y la movilidad que aporta al PIB español el 12,4% del total y el 13,7% del empleo afiliado». Destacó que es «una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa», señalando además que tuvo una facturación de 100 millones de euros en 2019, con 350 empleados directos y más de 1.000 indirectos. «Déjense de fantasmas, porque los fantasmas no existen», afirmó frente al Grupo Popular.

Cinco años después, este rescate está cada vez más bajo escrutinio. En los últimos meses, tanto Ábalos como el empresario Víctor de Aldama han acusado directamente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de haber influido para que el Ejecutivo rescatara a Plus Ultra. Ábalos sostiene que Saura se lo confesó en una ocasión, mientras que Víctor de Aldama presenció una reunión en Transportes en la que Zapatero habría exigido a Ábalos su respaldo para esta compañía. El ex jefe del Ejecutivo español niega de forma contundente esas afirmaciones y ha asegurado en el Senado que nunca intervino con ninguna autoridad al respecto. Saura también descarta haber informado a Ábalos sobre la supuesta intervención de Zapatero.

No obstante, la Justicia ha vuelto a centrar la atención en esta operación. En diciembre, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y de su principal ejecutivo, Roberto Roselli. Ambos están acusados de utilizar los fondos del rescate para financiar préstamos a un polémico financiero neerlandés, Simon Leendert Verhoeven, bajo investigación por la Fiscalía suiza por blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas en Venezuela.

En el marco de esta investigación, actualmente bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, fue arrestado también el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de Plus Ultra y amigo personal de Zapatero. Como reveló este medio, Martínez recibió más de 600.000 euros de la empresa y transfirió 463.000 al ex líder socialista en concepto de supuestas «asesorías globales».

Dentro del Ejecutivo, todo empezó a tensarse el 24 de marzo de 2021. Ese día, diversos medios, entre ellos EL MUNDO, publicaron el contenido del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente de Transportes, sobre el rescate a la aerolínea.

La filtración de ese documento, que formaba parte del expediente para que el consejo gestor de Sepi aprobara la inyección de fondos públicos, ocasionó la inmediata indignación de Ábalos y Saura, quienes advirtieron que se intentaba imponerles la responsabilidad por parte del propio Gobierno.

Hay que recordar que el ministro negó públicamente días antes haber intervenido en el polémico rescate: «La verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, por lo tanto no puedo dar muchas explicaciones». Incluso mencionó, «Plus Ultra, creo que se llama», para indicar que desconocía incluso el nombre de la empresa involucrada y que no participaba en el proceso.

Ese mismo 24 de marzo, como informó este diario, Saura fue tajante: «No sé cómo lo ves, mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra». Añadió enseguida: «Y, dos, que la Sepi está fuera de control«.

Ábalos, también desconfiado del rescate, respondió que no estaba dispuesto a dinamitar operación alguna porque causaría un choque inmediato con María Jesús Montero, en ese momento ministra a cargo de la ayuda. «Eso es indisponerme con Hacienda», concluyó Ábalos, consciente del enfrentamiento que abriría con aquella ministra entonces poderosa.

Ambos dialogaron por WhatsApp durante el día sobre este tema y la postura que debían tomar respecto al rescate y sus comunicaciones, concluyendo en trasladar toda la responsabilidad a Montero en este controvertido episodio.

Además, previeron que, tal como ocurrió, el asunto terminaría en los tribunales. «Sepi afirma que fue clave un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial que busca salvar compañías estratégicas y que es necesario evaluar si pueden devolver la ayuda», explicó Saura. «Apaga y vámonos», agregó, «si este es el argumento ante un juzgado, lo tienen complicado». En esta misma línea, ambos otorgaron un tinte judicial a la participación de los ministerios de Economía y Hacienda al calificarlos de «imputados» aunque en ese momento no existiese expediente judicial formal contra sus responsables.

Para Ábalos y Saura, la opinión de Transportes era secundaria en la aprobación del rescate. De hecho, fuentes del ministerio declararon ese día a este medio que «Aesa realiza informes rutinariamente sobre aerolíneas dado que forma parte de sus competencias de inspección y supervisión. Analiza las cuentas en función de la seguridad aérea, no desde un punto estratégico». Ábalos aclaró: «Nosotros abordamos la conectividad y la movilidad, pero no la situación financiera de las empresas».

Sin embargo, otras fuentes gubernamentales de la época sostuvieron que el único Ministerio que aportó informes favorables al rescate de Plus Ultra fue Transportes, no sólo con el informe de Aesa, sino también con el de la Dirección General de Transportes, como publicó este periódico. Sin estos respaldos, la ayuda no se habría aprobado, pues evaluaban la importancia de la aerolínea para España y su capacidad para operar.

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