Tras varias semanas en las que el Gobierno parecía haber logrado respirar y controlar el ritmo del debate público, el calendario judicial irrumpe nuevamente, trayendo incertidumbre al primer plano.
Era una sensación poco común, que muchos añoraban: poder dormir. Descansar. Tras meses plagados de desvelos, incertidumbre y de ir siempre a remolque de la agenda judicial y las pesquisas sobre presunta corrupción, el Gobierno vivía con cierto respiro. El contexto internacional y la pausa judicial en las causas que rodeaban a La Moncloa permitían ese alivio. Sin embargo, este martes comienza en el Tribunal Supremo el juicio por el caso mascarillas, en el que comparece como acusado por varios delitos de corrupción el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez y todopoderoso secretario de Organización del PSOE.
La agenda judicial vuelve a tomar relevancia, justo cuando La Moncloa había logrado impulso con su oposición al conflicto bélico en Oriente Próximo, el No a la guerra, el plan de medidas contra la crisis y la remodelación del Gobierno que promovió a Carlos Cuerpo. Se han sufrido golpes, como las importantes derrotas electorales, pero sin esa sensación de perder el control de la agenda. De ir a la zaga, a rebufo. Ahora reaparece una herida aún abierta en el PSOE. «Nunca hemos ocultado la gravedad de lo de José Luis, es muy doloroso», apuntan fuentes del Gobierno.
El fin de la Semana Santa trae consigo que la agenda judicial recupere protagonismo y cause insomnio en el bipartidismo. El PSOE enfrenta el caso mascarillas y el PP el caso Kitchen. «Esto no es cuestión de empate, porque el PP en corrupción lleva años ganando», aseguran desde La Moncloa. «El PP no trata casos aislados. Enfrenta un sistema propio: corrupción económica, legislativa y policial para encubrir su corrupción interna», sostienen fuentes socialistas. «Génova 13 representa el kilómetro cero de la corrupción en España. Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Montoro. No son escándalos independientes, sino un método: usar el poder para repartirse el botín y enriquecerse. Hay 25 casos judiciales abiertos. Más de 300 años de prisión solicitados para sus líderes principales. Más de un siglo de inhabilitaciones».
Pero, más allá de tratar de desviar la atención hacia los casos que afectan a los populares, el caso mascarillas golpea el núcleo del PSOE porque destapó una presunta trama corrupta que operaba dentro del partido y del Gobierno, donde estaba implicado el lugarteniente de Sánchez. Un verdadero torpedo para el líder socialista, quien ganó la moción de censura en 2018 —que defendió el propio Ábalos— con un discurso firme contra la corrupción. Esta fue una de sus principales banderas. «No tenemos nada que ocultar», afirman en el Ejecutivo, que mantiene la convicción de no temer que Ábalos apunte hacia arriba o señale a Sánchez. «Nosotros esperamos que se haga justicia. Que se investigue hasta el final», destacan desde el complejo presidencial. «Ninguna amenaza ni chantaje», ha repetido Sánchez desacreditando como «mentiras» las acusaciones de Ábalos.
Desde que salió a la luz la presunta corrupción de Ábalos y Koldo García, los socialistas, encabezados por Sánchez, han intentado encerrar el asunto en un triángulo que completaría Santos Cerdán, también investigado en otra trama y que sucedió a Ábalos como la figura de mayor poder en el PSOE. Su postura es presentar todo como un caso aislado, en una burbuja donde los demás permanecían ajenos. «La corrupción existe. Pero la respuesta no es la misma. El PSOE ha colaborado con la justicia desde el primer momento. Los hechos investigados no tienen relación directa con el partido», comentan desde la cúpula socialista. «Esa es la diferencia entre un partido que actúa y otro que oculta, destruye pruebas y persigue adversarios con los aparatos del Estado». El ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declararán como testigos por escrito en el juicio. Ambos son miembros destacados del PSOE.
La presunta corrupción de Ábalos, y también de Cerdán, afectó directamente al PSOE, siendo un duro golpe político y personal para Sánchez. Eran personas cercanas, de máxima confianza. La cuestión que plantean muchos en el partido es cómo pudo ocurrir sin que nadie lo detectase. El presidente del Gobierno y secretario general socialista sostiene que ha asumido «en primera persona» las «responsabilidades» y que, en cuanto tuvo conocimiento, tomó medidas, entre ellas apartarlo de sus cargos y exigirle la entrega del acta de diputado. En su entorno defienden que no puede pedírsele responsabilidad «in vigilando». No obstante, en el partido hay quienes consideran que las explicaciones no han sido suficientes.
El cese de Ábalos como ministro, que sorprendió a muchos dentro del Gobierno y del PSOE, se produjo en julio de 2021. Una salida plena de incógnitas y dudas que Sánchez justificó como parte de una remodelación profunda que también implicó la salida de figuras relevantes como Carmen Calvo o Iván Redondo, buscando aire fresco tras la gestión de la pandemia. Esa es su versión oficial.
Estos casos de presunta corrupción, además de monopolizar la agenda y eclipsar la gestión del Gobierno, causaron el desencadenamiento de una sesión extraordinaria del Congreso donde el presidente compareció para abordar estos presuntos casos. La puesta en marcha de medidas es una herramienta a la que se aferra el Ejecutivo para intentar mejorar su imagen. Entre ellas destaca el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en la historia de España, destacan. «Respeto absoluto a la Justicia. Que llegue hasta el final. En todos los casos», resumen desde Ferraz y La Moncloa. El fantasma del Palacio de las Salesas vuelve a acechar sus planes.