Su hijo, Josep Boan, circulaba en motocicleta cuando un vehículo que iba en sentido contrario invadió su carril. Conducía a 116 km/h en un tramo donde el límite máximo era de 70. Fue sentenciado a dos años, pero no ingresó en prisión.
A Pilar Rosanes se le ha evitado revivir el dolor de recordar aquel 9 de agosto de 2020. Lo ha contado innumerables veces en sus redes sociales, desde donde lleva años exigiendo un endurecimiento de las penas por excesos de velocidad, una reforma que parece cercana. En su cuenta de X hay 118.600 publicaciones, una de ellas dice: «Un joven de 20 años y su padre parten desde Barcelona la madrugada de un viernes de agosto rumbo a Finisterre. Viajan en moto por carreteras secundarias, sin prisa, disfrutando cada tramo, contentos de compartir ruta. El domingo a las seis de la tarde, el padre inicia el regreso a casa. El lunes vuelve a Barcelona solo, sin su hijo: mientras ambos circulaban hacia Santiago de Compostela por la carretera A-442 (Berdeogás-Boudañeira), en el kilómetro 1,800, un coche invadió el carril de los motoristas y colisionó con la moto del joven. El padre logró esquivarlo apenas. El conductor del coche no respetó el límite de velocidad en una curva señalizada como peligrosa (70 km/h, con recomendación de 60). Entró en la curva a un mínimo de 126 km/h. Mi hijo se llamaba Josep Boan i Rosanes. El responsable, Asier G. S., un enfermero de Pontevedra de 27 años, es el culpable de su muerte. Fue condenado por homicidio ‘imprudente’ grave (artículo 142 del Código Penal) a dos años de prisión y 3,5 años sin permiso de conducir, pero no ingresó en la cárcel por ser su primer delito. Tampoco pagó costas judiciales, de las que la juez le eximió (igual que de la prisión) alegando que la acusación no las solicitó oportunamente. Ni multa alguna. Nada. Esa es la justicia del Reino de España».
El pasado martes 24 de marzo, Pilar y su esposo, Chus Boan, escucharon desde una tribuna del Congreso al diputado Juan Carlos Jerez defender la proposición de Ley presentada por el PSOE. «Quisiera saludar y agradecer a Pilar, que hoy nos acompaña junto a su marido, ya que es una de las personas que, a partir de su dolorosa experiencia, ha luchado más para modificar los límites penales por exceso de velocidad», afirmó, reconociendo a Pilar como la impulsora de la que, si se aprueba, será conocida como Ley Boan en memoria de su hijo. Por ahora, ha sido admitida a trámite con 176 votos a favor, 33 en contra (Vox) y 138 abstenciones (PP y UPN).
Tras la muerte de Josep Boan, su madre permaneció mucho tiempo paralizada por el trauma y el duelo. Reaccionó cuando, casi dos años más tarde, la jueza encargada del caso acusó al responsable del accidente bajo el artículo 142 del Código Penal. Pilar leyó atentamente: establecía que quien causara la muerte de otro por imprudencia grave podría ser penado con entre uno y cuatro años de prisión por homicidio imprudente. Para definir qué consiste en imprudencia grave al conducir, se remitía al artículo 379, donde indicaba que la velocidad debe superar en 80 km/h el límite establecido en vías interurbanas y en 60 km/h en las urbanas. «La pericia de la Guardia Civil establecía que el conductor que causó la muerte de mi hijo iba a un mínimo de 116 km/h y nuestra propia pericia señalaba 126 km/h. Si a la velocidad máxima permitida en esa curva, que era de 70, le sumaba 80, me daba 150», explica Pilar al recordar el pesimismo con el que llegó al juicio celebrado el 27 de octubre de 2022.
«El juicio fue terrible. Nos trataron como si fuéramos los delincuentes. Intentaron obligarnos a llegar a un acuerdo con quien había acabado con la vida de nuestro hijo. Nos negamos y la jueza se molestó. Comentó que celebrar ese juicio era un desastre. La fiscal me dijo que era el único delito en el que todos podríamos ponernos en el lugar del otro. ¿Quién se imagina conduciendo a casi 130 km/h en esa curva?», relata.
En la sentencia, la jueza señala que, dado que el acusado no superó los 80 km/h por encima del límite estipulado en el artículo 379, no se consideró que cometiera una imprudencia grave. Sin embargo, un párrafo después, advierte que ignorar las señales que censuraban la velocidad y alertaban de curvas peligrosas sí constituía imprudencia grave. Asier fue condenado a dos años de prisión -sin ingreso por no tener antecedentes- por homicidio imprudente grave y a 3,5 años de retirada del permiso de conducir.
«¿Disculparse? Para nada. Por casualidad encontré su Instagram, me fui a agosto y vi que el día 24, quince días después de matar a mi hijo, subió una foto con un amigo comiendo tortilla». [La imagen incluía un texto: «Muchas veces se dice, cuando sobrevives a un accidente, que vuelves a nacer. Esa es la sensación»]. «Y luego supe que se tatuó la velocidad a la que iba: 116 km/h. Alguien me dijo: ‘Quizá para recordarlo’. Pero es que con ese tatuaje se presentó ante la jueza y afirmó que iba a 70», narra Pilar, quien gracias a su investigación se volvió experta en cómo otras legislaciones penalizan el exceso de velocidad. «En Italia la pena mínima sería de 12 años de prisión; en Francia, tres años. Yo no creo que la cárcel sea la única solución. En Francia, por ejemplo, las multas oscilan entre 45.000 y 75.000 euros. Son leyes disuasorias e, incluso, reparadoras. No puede ser que te maten simplemente por eso. Solo tenía que levantar el pie del acelerador. Que no puedas continuar tu vida, que quienes te aman queden destrozados para siempre y que la vida del culpable no se vea afectada…».
La ley que está en trámite no se ajusta a lo que Pilar desearía. Reduce en 10 km/h los límites cuya superación se considera delito: en vías urbanas, el límite pasaría de 60 km/h sobre el máximo permitido a 50 km/h; en carreteras y autovías, de 80 a 70 km/h. «Poco, pero me queda el recurso de aferrarme a un león del Congreso», ironiza.