A pocas horas del inicio del juicio sobre el dispositivo parapolicial implementado por el Gobierno de Rajoy para sustraer las pruebas de la ‘caja B’ del PP, el ex tesorero confirma el apoyo total de la cúpula de aquel entonces: «¿Por qué dos altos cargos se embarcarían en una operación policial sin respaldo judicial en un asunto partidista que no les afectaba personalmente?»
Luis Bárcenas, ex tesorero del PP (Huelva, 1956), rompe su silencio en exclusiva para EL MUNDO, cinco años después de sus últimas declaraciones desde prisión para este periódico y a pocas horas de que comience el juicio en la Audiencia Nacional por la llamada operación Kitchen. Este dispositivo parapolicial fue creado por el Gobierno del PP para quitarle las pruebas que poseía contra la cúpula del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Actualmente en libertad condicional tras cumplir una sentencia de 29 años por el caso Gürtel, Bárcenas volverá próximamente a declarar ante un tribunal, pero ahora como víctima de uno de los mayores escándalos de la democracia española, un Watergate que llevará a la antigua cúpula del Ministerio del Interior, encabezada por el ministro, el secretario de Estado y el jefe de Policía de entonces, al banquillo por espiarle ilegalmente tras la revelación de una caja B en el partido a principios de 2013 por este diario. El ex alto cargo popular, que atesoraba un patrimonio importante, reconstruye su vida enfrentándose a bancos para abrir una cuenta y disfruta en libertad con su esposa, también condenada en Gürtel, además de asesorar a su hijo Guillermo, líder del fenómeno musical internacional Taburete. Afirma que en circunstancias normales habría dejado atrás este capítulo, pero no perdonará que su partido pusiera en peligro su vida y la de su familia para neutralizarlo.
¿Es viable que una operación como ‘Kitchen’ se llevara a cabo sin el conocimiento del expresidente Mariano Rajoy? Según Bárcenas, una medida de esta magnitud sería imposible sin la autorización de las máximas autoridades del partido. Se pregunta retóricamente por qué dos altos cargos del Gobierno (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) habrían organizado una acción policial sin respaldo judicial en un asunto partidista que no les concernía personalmente. La investigación judicial ya ha demostrado que mandos policiales sustrajeron información estratégica contra la cúpula del PP usando fondos reservados y una extensa movilización de recursos. Bárcenas explica que le sustrajeron abundante documentación financiera ligada a varias campañas electorales que no se financiaron mediante vías oficiales. Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO y uno de los principales responsables policiales del momento, admitió ante el juez la entrada ilegal en el estudio de restauración de la esposa de Bárcenas para robar información y clonar su teléfono móvil. Sobre el éxito de la operación policial, Bárcenas confirma que se sustrajo gran cantidad de material económico, y puntualiza que existía una grabación específica que captaba una entrega suya de fondos no declarados contablemente compartidos con el anterior tesorero Álvaro Lapuerta. El chófer de entonces, Sergio Ríos, fue pieza clave del operativo policial para espionaje, remunerado con fondos reservados para informar sobre conversaciones, reuniones y facilitar la sustracción de documentos. Bárcenas indica que en ningún momento sospechó de Ríos y que confiaba plenamente en él, aunque con el tiempo su comportamiento levantó dudas y finalmente prescindió de sus servicios. Sobre la responsabilidad política, los exministros Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez serán juzgados y Bárcenas reclama para ellos 41 años de prisión y una indemnización de 1,2 millones. Respecto a quién ordenó esta operación, afirma desconocerlo, pero reitera que este tipo de acciones solo pueden ponerse en marcha con respaldo total de los superiores en partido y Gobierno, y que los acusados podrían involucrar a alguien superior para mitigar su condena, ya que es cada vez más común pactar con la Fiscalía. También confirma que el PP intentó influir en el Tribunal Supremo a cambio de su silencio, con diversos interlocutores de ambas partes involucrados en las negociaciones.
«El falso cura no era un perturbado, tenía plena conciencia de lo que hacía, conocía el interior de mi casa»
En medio de la operación Kitchen, un falso cura irrumpió en su vivienda, secuestró a su familia, ató a su esposa y a su hijo y exigió las grabaciones con altos cargos del PP. Bárcenas afirma que no se trató de un desequilibrado, sino de alguien con plena conciencia, que conocía su casa —aunque no había estado antes— y que fue enviado por alguien preocupado por la información financiera que él pudiera poseer y que afectaría a la política. Ese día, el chófer de Bárcenas disfrutaba de su día libre pero apareció inesperadamente minutos después del asalto. Considera improbable que dicha coincidencia fuera casual, ya que si bien alguien tenía la tarde libre, estaba justo frente a su domicilio durante el secuestro, y después se presentó para ofrecer ayuda tras la reducción del falso cura por su hijo. Además, el chófer declaró una versión sin sentido sobre cómo se enteró de lo sucedido. En aquel momento desconocían la existencia de Kitchen, por lo que no podían suponer que estaban siendo objeto de una operación organizada supuestamente desde el Ministerio del Interior. La fecha del secuestro coincide completamente con la del operativo policial ilegal de Interior, aunque curiosamente ese día no hubo seguimientos policiales a su familia, contrario a lo que ocurrió otros días según descubrieron posteriormente. Sobre el falso cura, Bárcenas recuerda que fue juzgado y condenado, defendido por tres abogados y que recibía semanalmente la cantidad máxima permitida en su cuenta en prisión, sin que hasta hoy se sepa quién financiaba esos ingresos. La madre del secuestrador admitió ante un medio que a su hijo le pagaron por el secuestro y que había más personas involucradas. Otra prueba inicial robada por Interior fueron manuscritos de su esposa con anotaciones sobre conversaciones desde prisión que mencionaban pruebas de entregas de dinero negro y pagos en la casa de Mariano Rajoy. Bárcenas confirma que el espionaje llegó al interior del centro penitenciario Soto del Real, con controles arbitrarios y filtraciones de información confidencial a medios, lo que motivó que denunciara la conducta de responsables penitenciarios. En otoño de 2013 sufrió un grave ataque alérgico en prisión que requirió su traslado al hospital Gregorio Marañón; calificó este episodio de «brutal» y sugirió que pudo ser intencionado, apuntando que las casualidades no existen al coincidir con el dispositivo policial ilegal y el secuestro. La defensa de quienes participaron en Kitchen sostiene que la investigación policial contra él buscaba dinero en el extranjero que se comunicaría al juez, pero Bárcenas aclara que desde enero de 2013 todas sus cuentas habían sido regularizadas vía declaración tributaria especial para declarar bienes no declarados. Por ello, no había nada por descubrir, y si hubiera algo, el procedimiento judicial hubiera sido el único legal y el más rápido. Sobre si mantiene información comprometedora sobre el PP o si fue totalmente sustraída, afirma que esa cuestión debería plantearse a los mandos policiales que participaron para conocer qué documentos entregaron y cuáles aún guardan. Califica la operación como un atentado contra el Estado de Derecho que persiguió a ciudadanos inocentes, responsabilizando exclusivamente a sus organizadores y aclarando que ningún partido puede ser exigido responsabilidad a posteriori por actos ilegales de algunos miembros. Tanto él como su esposa están en la fase final de la condena y en libertad condicional. Ante los actuales escándalos que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez, Bárcenas dice que opinará sobre la igualdad judicial cuando haya sentencia, aunque percibe que la investigación ha sido rigurosa, realizada por la UCO, cuerpo serio y no politizado. Respecto a la sentencia en Gürtel, mantiene que la mayor injusticia fue la condena a su esposa, quien, en su opinión, solo podría haber sido responsable a título lucrativo, equivalente a otros casos donde los esposos han sido juzgados y sentenciados.
«Al partido no se le pueden exigir responsabilidades en diferido»
La Audiencia Nacional está investigando en secreto si el PSOE recibió financiación irregular y pone en entredicho el manejo de pagos en efectivo. Bárcenas considera que, según su experiencia, esta ha sido una práctica común en la política española cuando las normas sobre financiación eran insuficientes y hasta después de ser mejoradas. En cuanto a la situación política actual en España, observa con preocupación el intento de controlar todos los poderes del Estado y el ataque a la independencia judicial, un nuevo golpe al Estado de Derecho. Sobre la propuesta de Feijóo como alternativa, opina que no hay otra opción y valora su trayectoria como buen gestor en los cargos desempeñados, aunque queda por ver su estilo político. Finalmente, respecto al futuro, apunta que tras perder todo su patrimonio por las condenas de Gürtel y asesorar a su hijo, gran figura musical en estos años, está centrado en recuperar el tiempo perdido. Confía en que el juicio que ahora comienza aclare todo lo sucedido, y junto a su familia, como acusación particular y con el apoyo de su abogada Marta Giménez-Cassina, reconocida profesional que lo ha acompañado brillantemente desde el juicio oral de Gürtel, esperan una sentencia justa que confirme todo lo que han padecido.