El ministro y su segundo al mando, Pedro Saura, criticaron que «Hacienda y Economía» trataban de desvincularse del millonario rescate que actualmente también involucra a Zapatero.
Las conversaciones de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Saura acerca del rescate a la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra, cuando ambos ejercían como ministro de Transportes y secretario de Estado, evidencian su rechazo a la operación y su firme intención de revertirla. La charla esencial, a la que ha accedido en exclusiva EL MUNDO, tuvo lugar el 24 de marzo de 2021. En ese día, varios medios hicieron pública la filtración del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente de Transportes, sobre el rescate a la compañía aérea, la cual recibió 53 millones de fondos públicos.
La divulgación de este informe, parte del expediente para que el consejo gestor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), bajo el Ministerio de Hacienda, diera luz verde a la inyección de recursos públicos, provocó la inmediata indignación de Ábalos y Saura al notar que desde el propio Gobierno se intentaba cargar toda la responsabilidad de la operación sobre ellos.
Su enojo también se basaba en que el ministro había negado públicamente días antes su participación en el controvertido rescate a la aerolínea. «La verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, por lo tanto no puedo dar muchas explicaciones», manifestó Ábalos, refiriéndose con desprecio a la compañía, dejando claro que desconocía incluso el nombre correcto: «Plus Ultra creo que se llama». Además, la calificó como una empresa «muy pequeña». Junto al mencionado informe de Aesa, se emitieron otros dos externos por parte de DC Advisory y Deloitte.
A las 8.42 horas, el ministro escribió a su mano derecha exigiéndole explicaciones por la publicación del informe mencionado. «¿Quién filtró el informe de Aesa?», preguntó enfadado Ábalos a Saura. «Debe haber sido Economía o Hacienda», contestó el secretario de Estado automáticamente. A lo que el ministro respondió: «Todo apunta a que Economía quiere protegerse».
Una hora después, tras reflexionar sobre lo ocurrido, el secretario de Estado propuso a su superior detener el préstamo millonario a la empresa cuyos máximos directivos fueron arrestados en diciembre pasado acusados de blanquear capitales usando justamente los fondos del rescate público. «No sé cómo lo ves, pero mi opinión es que deberías comunicar al presidente que tienen que suspender y cancelar el acuerdo con Plus Ultra», le indicó. Y añadió enseguida: «Además, la Sepi está fuera de control«.
Sólo 20 minutos más tarde, Ábalos respondió a Saura que no estaba dispuesto a desbaratar la operación porque ello provocaría inmediatamente un conflicto con María Jesús Montero, quien entonces dirigía el ministerio que había gestionado la ayuda y la había justificado argumentando que era «una empresa estratégica». «Eso sería enemistarme con Hacienda», concluyó Ábalos.
Durante todo el día, intercambiaron mensajes por WhatsApp sobre este tema y las posturas que debían adoptar respecto al rescate y su comunicación, coincidiendo en trasladar toda la responsabilidad a Montero en este asunto. Asimismo, predijeron que, tal como finalmente sucedió, el caso terminaría en los tribunales. «La Sepi sostiene que resultó fundamental un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial cuyo objetivo es salvar empresas estratégicas y que hay que evaluar si pueden devolver la ayuda», detalló Saura. «Apaga y vámonos», añadió, «si este es el argumento para un juzgado, están en problemas».
Simultáneamente, destacó que la única cuestión relevante en la tramitación del expediente para salvar a Plus Ultra consistía en determinar «si la empresa puede reembolsar las ayudas» y que, por ello, la opinión de Transportes era secundaria. Por eso, le dijo a Ábalos que quienes consideraban fundamental el pronunciamiento de Aesa estaban motivados por una «animadversión política».
Montero en 2021 contesta en la sesión de control del Congreso acerca del rescate de Plus Ultra
En esta misma línea, Transportes afirmó ese mismo día a este diario que «Aesa realiza informes de forma rutinaria sobre aerolíneas porque forma parte de sus competencias en inspección y supervisión. Examina las finanzas desde el punto de vista de la seguridad aérea, no desde la perspectiva estratégica». Ábalos también dejó claro en público: «Nosotros atendemos a la situación de conectividad y movilidad, no al estado de las empresas».
No obstante, fuentes gubernamentales de aquel periodo aseguran que el único Ministerio que emitió informes favorables al rescate de Plus Ultra fue Transportes, y no sólo a través de Aesa, sino también mediante la Dirección General de Transportes, como informó EL MUNDO. Sin esos avales, no se habría aprobado la ayuda, ya que evaluaban la relevancia de la aerolínea para España y su solvencia operacional.
El papel de Zapatero
A pesar de ser, como remarcaba el propio Ábalos, una aerolínea «muy pequeña» y con una cuota de mercado simbólica, el Ejecutivo de Sánchez aprobó finalmente el rescate, que con el tiempo está cada vez más cuestionado. Es importante recordar que en los últimos meses, tanto Ábalos como el empresario Víctor de Aldama han señalado directamente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como quien intervino para que el Gobierno respaldara a Plus Ultra. Ábalos argumenta que se lo confesó en una ocasión su subordinado Saura, mientras que Aldama afirma haber presenciado una reunión en el Ministerio de Transportes en la que Zapatero habría exigido a Ábalos su apoyo para esta empresa. El ex presidente negó categóricamente las declaraciones de ambos y aseguró en el Senado que nunca había intercedido ante ninguna autoridad respecto a este asunto.
Sin embargo, la Justicia ha reabierto la investigación sobre esta operación y en diciembre pasado la Fiscalía Anticorrupción ordenó el arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y de su principal ejecutivo, Roberto Roselli. Ambos están acusados de emplear el dinero del rescate para financiar préstamos a un polémico financista neerlandés, Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza por presunto lavado de fondos derivados de actividades ilícitas en Venezuela.
En el marco de estas pesquisas, actualmente secretas y dirigidas por la Audiencia Nacional, también fue detenido el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de Plus Ultra y amigo personal de Zapatero. Según reveló este medio, Martínez recibió más de 600.000 euros de la compañía y transferió 460.000 al ex líder socialista en concepto de supuestas «asesorías globales». La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) está investigando estas operaciones para determinar si las consultorías son reales o si en realidad constituyen un pago a cambio de otros favores.