La suspensión de las concesiones de protección temporal por motivos humanitarios genera inquietud entre los exiliados.
El Gobierno de España aparenta mantener una posición neutral entre el régimen chavista y la oposición venezolana. Sin embargo, esta imagen no coincide con sus acciones reales. En los últimos tiempos, ha suavizado la imagen del régimen, lo que volvió a evidenciarse ayer con la confirmación de que cerrará el acceso mediante razones humanitarias para regularizar a venezolanos que llegan al país en busca de protección.
«El Gobierno de Pedro Sánchez intenta otorgar una apariencia de normalidad democrática a la situación venezolana. Necesita un nuevo capítulo porque la estabilidad de Delcy significa la estabilidad de Sánchez en España», opina Justo Navarro, periodista venezolano exiliado y coordinador de comunicación de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, en territorio español. Su análisis es claro: «La postura del Ejecutivo resulta contradictoria. En política exterior no fueron tan firmes como en la búsqueda de soluciones para los venezolanos residentes aquí, a nivel nacional. Esa contradicción es evidente».
Y, efectivamente, así es. Según informó El País, el Ejecutivo ha optado por terminar con un tipo de protección internacional que entre 2019 y 2025 se otorgó a 246.811 personas, de las cuales 243.223 eran venezolanos (lo que supone un 98,5%). Este procedimiento es semejante al del asilo, aunque su concesión no confiere la condición de refugiado. Esta medida se enmarca dentro del contexto de una regularización extraordinaria de inmigrantes, prevista para el próximo verano. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió ayer que esta modificación no supone un cambio «de fondo, sino de formas» y que «muchos» venezolanos podrán acogerse al proceso anunciado en enero. Sin embargo, Navarro advierte: «¿Qué sucede con quienes llegan ahora? ¿Y con los que seguirán llegando?» Recordó que solo podrán beneficiarse aquellos extranjeros que ya estuvieran en España antes de concluir 2025.
La legalidad y estabilidad para los exiliados también es motivo de preocupación para Andrés Villavicencio, quien tuvo que huir de Venezuela tras desempeñarse como apoderado de María Corina y Edmundo González en las elecciones de 2024. Se hizo conocido tras publicar un vídeo divulgando las actas electorales de su centro, lo que le obligó a abandonar el país. Llegó a España el 19 de agosto de 2024. «Me tomó dos meses conseguir una cita para obtener la documentación: la obtuve el 22 de octubre». Desde entonces, no ha recibido respuesta de la Administración. Villavicencio forma parte de los venezolanos que podrían acogerse al procedimiento extraordinario que Saiz mencionó, pero considera que esperar la resolución de su solicitud resulta jurídicamente más seguro: «La situación es de incertidumbre, que ahora se ha incrementado para miles de venezolanos en condiciones similares».
Para él, la decisión del Gobierno español «se inscribe en un discurso que presenta a Venezuela como si estuviera recuperando la normalidad, pero esa narrativa es falsa». Navarro amplía la crítica: «El aparato represivo del régimen chavista sigue vigente. Aunque España protege y sostiene la realidad de los venezolanos que huyeron, es un hecho que la gestión del gobierno de Sánchez no ha sido la más adecuada. Los gobiernos democráticos deben presionar para facilitar una transición democrática en Venezuela».
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez actúa en sentido contrario. De hecho, cuando Estados Unidos comunicó que Delcy Rodríguez permanecería a la cabeza del país, el Gobierno español disminuyó sus críticas al punto que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue el primero en solicitar a la Unión Europea la retirada de sanciones contra la número dos de Maduro. «Esta estrategia para eliminar las sanciones y hacerla aparecer como un referente democrático es lo que impulsa el PSOE», concluye Navarro.