La transferencia de competencias refleja la importancia de estas CCAA en la gobernabilidad. Representan 30 de las 46 cesiones realizadas desde la llegada a Moncloa en 2018.
Singularidad. Es una de las expresiones que define el mandato de Pedro Sánchez. Existen varias, pero esta destaca especialmente. Representa el respaldo del Gobierno para implementar su política de descentralización y transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Se trata de una estrategia que evidencia la influencia del País Vasco y Cataluña en la gobernabilidad española desde que el líder del PSOE tomó posesión en La Moncloa. Desde la segunda mitad de 2018, y basándose en los registros oficiales del Ministerio de Política Territorial según los textos completos aprobados por real decreto del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha completado 46 transferencias de funciones, de las cuales 30 corresponden a estos dos territorios. Es decir, un 65% del total de las decisiones adoptadas por La Moncloa.
«Las cesiones de competencias son un ejemplo más de los acuerdos continuos alcanzados entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, con los que se profundiza en la descentralización y se fortalece el Estado autonómico», es uno de los mensajes recurrentes desde Política Territorial. «El respeto a la singularidad constituye una línea fundamental que ha guiado la acción del Gobierno», sostienen los socialistas. Sin embargo, esa descentralización y fortalecimiento no tiene un carácter simétrico. Casi en su totalidad corresponde al País Vasco, Cataluña y también Navarra, que acumulan el 76% de los reales decretos de transferencias aprobados por el Consejo de Ministros.
Y la cifra seguirá aumentando. El 27 de marzo, el lehendakari Imanol Pradales se reunió en La Moncloa con Sánchez. Ambos sellaron una decena de acuerdos y avances en transferencias en áreas como el incremento de la financiación y el apoyo a la pequeña y mediana industria vasca; un nuevo marco más efectivo para la colaboración financiera; pesca recreativa; el fortalecimiento de la seguridad privada y pública; y en el ámbito de infraestructuras, una cooperación estratégica con un órgano bilateral aeroportuario. Estas aún no se han formalizado y por ello no se incluyen en los registros oficiales. «Se está construyendo un modelo basado en el acuerdo, la lealtad institucional y la eficacia en la gestión pública con todas las comunidades autónomas», celebró Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
En el Ejecutivo defienden estas transferencias como un avance hacia una cogobernanza y expansión del autogobierno sustentado en los estatutos de autonomía. «Progresar en el fortalecimiento del autogobierno autonómico, como garantía para mejorar los servicios públicos dirigidos a las y los ciudadanos», ratificó el PSOE en una iniciativa aprobada recientemente en el Congreso. Los socialistas sostienen que deben «avanzar en la transferencia a las comunidades», ya que, «en muchos casos, estuvieron paralizadas entre 2011 y 2018». Durante los mandatos de Mariano Rajoy, esta práctica fue prácticamente inexistente en comparación con otros ministros.
Los gobiernos de Rajoy aprobaron solamente 16 reales decretos de transferencias. Sin embargo, los de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero alcanzaron cifras de cientos, superando en un solo año las transferencias que Sánchez ha logrado en ocho años. Por ejemplo, Aznar firmó 79 en 1999 y Zapatero 41 en 2006.
La diferencia es que, durante el mandato de Sánchez, el foco está mucho más centrado en País Vasco y Cataluña, que junto a Navarra concentran el 76% de los reales decretos de transferencia. Menos cesiones, pero mucho más focalizadas. La asimetría de Sánchez con el País Vasco –22 transferencias- solo es comparable al énfasis que pusieron Aznar y Zapatero en Cataluña (35 transferencias cada uno). En el País Vasco firmaron 9 y 16 respectivamente. No obstante, el peso de estas dos comunidades fue menor en sus presidencias. De los 398 reales decretos de Aznar, solo el 11% correspondió a País Vasco y Cataluña. En el caso de Zapatero, estas comunidades supusieron el 26% de los 196 transferencias dictadas. Como se ha mencionado, catalanes y vascos representan el 65% de las transferencias bajo Sánchez.
El Gobierno sostiene que su apuesta busca «consolidar un modelo territorial basado en el diálogo, la cooperación y el respeto a un sistema descentralizado de competencias que caracteriza a España» y que, desde la llegada de Sánchez en 2018, se han hecho transferencias a 11 comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León).
«Lamento informar que se equivoca quien proclama que toda España debe movilizarse contra este malvado Sánchez, pues se otorgaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña cuando fue necesario contar con los votos nacionalistas para evitar bloqueos y garantizar la gobernabilidad del país», afirmó Sánchez durante su investidura. «Ninguna de esas concesiones debilitó a España ni corrupto nuestra democracia, ni avanzamos hacia una dictadura. En realidad, nos definieron como lo que realmente somos: un Estado compuesto, un Estado descentralizado».