El PSOE ha solicitado la reapertura de la investigación contra María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, relacionado con el presunto espionaje a Luis Bárcenas.
La abogada del PSOE ha exigido que el PP sea considerado partícipe a título lucrativo o como responsable civil subsidiario durante el juicio.
Las defensas de los acusados, incluyendo a Villarejo y Fernández Díaz, cuestionan la jurisdicción de la Audiencia Nacional y la validez de las grabaciones de audio aportadas.
El proceso se centra en la presunta operación parapolicial destinada a eliminar pruebas que poseía Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
El PSOE ha requerido al tribunal encargado del caso Kitchen que revoque el archivo de la causa contra la exministra María Dolores de Cospedal.
La exdirigente estuvo bajo investigación durante poco más de dos meses en este expediente, que examina el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
No obstante, en julio de 2021, al concluir la fase de instrucción, el magistrado Manuel García-Castellón ordenó el sobreseimiento para ella, resolución ratificada posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Este lunes, en la sesión inaugural del juicio, la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, solicitó que se anule ese archivo y que el PP sea llamado a juicio como partícipe a título lucrativo. En caso de que esta petición sea denegada, planteó que el partido lo sea como responsable civil subsidiario.
De concederse estas solicitudes, el juicio iniciado el mismo lunes quedaría suspendido, puesto que el PSOE ha reclamado que se retrotraigan las diligencias para admitir sus demandas.
«Considero que deben incluirse otras personas en este proceso», indicó la letrada del Partido Socialista, refiriéndose a Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, también investigado en este asunto y cuyo archivo fue igualmente decretado por García-Castellón.
De Pascual sostuvo que Cospedal «recibió información directamente del entonces presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, sobre el «éxito de la operación para destruir las pruebas» que tenía en su poder Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
La abogada del PSOE recordó que el cierre de la instrucción del caso Kitchen se produjo en julio de 2021, en contra del parecer del Ministerio Fiscal, que consideró precipitada dicha decisión. Sin embargo, el recurso de la Fiscalía no prosperó y la Sala de lo Penal ratificó la resolución de García-Castellón.
«Resulta llamativo que el tribunal no ordene una investigación más exhaustiva», subrayó la letrada del PSOE, en relación con los hechos que se juzgan: el operativo parapolicial dirigido a espiar a Bárcenas.
De Pascual insistió en la urgencia de investigar la «vinculación política» de esta presunta trama corrupta. Tanto el Partido Socialista como Podemos actúan como acusación popular en este procedimiento.
Durante la sesión inicial del juicio, Antonio García Cabrera, abogado de uno de los acusados, el excomisario José Manuel Villarejo, defendió que su cliente participó en una «investigación policial legítima sobre el patrimonio de una persona bajo investigación judicial».
Así se expresó en referencia a Bárcenas, quien, cuando presuntamente fue espiado, estaba siendo investigado por corrupción en el conocido caso Gürtel.
En su intervención para plantear cuestiones previas, el defensor de Villarejo anunció que defenderá la legalidad de las actuaciones policiales relacionadas con Bárcenas.
Además, García Cabrera calificó la investigación del caso Kitchen como «prospectiva, ilícita y fuera del marco legal».
Cuestionó la admisión como prueba de unos audios grabados por su cliente, sobre los que puso en duda posibles manipulaciones, la ausencia de cadena de custodia adecuada y el hecho de ser «copias de copias».
Por otra parte, defendió que la Audiencia Nacional, encargada del juicio, carece de competencia, y que esta correspondería a la Audiencia Provincial de Madrid.
García Cabrera argumentó que «no existe conexidad» entre el denominado caso Kitchen y las demás piezas del caso Villarejo, en las que se investigan diversos encargos realizados a las empresas del excomisario jubilado.
Otras defensas de los acusados expresaron opiniones muy similares.
Jesús Mandri, abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también solicitó que el juicio del caso Kitchen se traslade a la Audiencia Provincial de Madrid por «falta de competencia» de la Audiencia Nacional.
Mandri señaló que los hechos que comienzan a juzgarse (el supuesto espionaje planificado por Interior para vigilar a Bárcenas) no están relacionados con el resto del llamado caso Villarejo.
Por su parte, Pedro Colina, abogado del exsecretario de Estado de Seguridad acusado en Kitchen, Francisco Martínez, impugnó las grabaciones realizadas de manera clandestina por Villarejo.
De manera concordante con Mandri, Colina afirmó que «ninguno» de los delitos juzgados en el caso Kitchen corresponde a la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Asimismo, solicitó al tribunal que delimite los hechos a ser enjuiciados.
Finalmente, Colina impugnó la validez de los audios grabados por Villarejo como prueba en este juicio.
Su defensa citó un informe de la Guardia Civil, incluido en otro procedimiento y consultado por EL ESPAÑOL, que indica que no se puede confirmar con certeza la autenticidad de las grabaciones sin acceso al dispositivo original.
En línea similar, el defensor del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha solicitado la «nulidad del proceso judicial por la ilicitud en el acceso a los datos», refiriéndose a las mencionadas grabaciones.