Feijóo señala a Pedro Sánchez por su asociación con diez casos de corrupción que involucran a integrantes de su familia, su partido y el Gobierno.
El PP subraya que ninguno de los colaboradores cercanos de Feijóo enfrenta investigaciones judiciales, en contraste con las causas vinculadas al entorno de Sánchez.
Entre las investigaciones mencionadas por el PP destacan las relacionadas con Begoña Gómez, esposa de Sánchez, su hermano David Sánchez, así como las vinculadas a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.
Los populares intentan mitigar el efecto mediático del juicio por la operación Kitchen rememorando los escándalos que afectan al PSOE y al propio Sánchez.
El PSOE espera que el juicio por la operación Kitchen, que desde este lunes lleva a la cúpula del Ministerio del Interior en la época de Rajoy al banquillo de la Audiencia Nacional, le sirva para ocultar y contrarrestar las controversias de corrupción que afectan al Gobierno.
Para frenar de raíz esta táctica, la dirección nacional del PP recordó el pasado domingo que ninguno de los consejeros de Feijóo durante su mandato en la Xunta de Galicia, ni los secretarios generales que ha tenido el partido (Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra) han estado implicados en causas judiciales.
En cambio, indican los populares, el presidente Pedro Sánchez sí está directamente implicado en diez casos de corrupción donde figuran miembros de su familia (como los casos de Begoña y David Sánchez), de su partido y su Gobierno.
«Sánchez ha sido detenido, encarcelado e imputado», apunta la dirección del PP, «al igual que sus dos secretarios de Organización en el PSOE»: José Luis Ábalos (quien a partir del martes se sentará en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas) y Santos Cerdán, que también aguarda juicio.
Estos constituyen los diez casos de corrupción que, según acusa el PP, afectan personalmente al presidente Pedro Sánchez:
1. ‘Caso Begoña’
Tras una denuncia de Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado investiga ya a Begoña Gómez, mujer del presidente, por cinco supuestas infracciones penales: tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.
El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, declaró ante el juez que en junio de 2020 recibió una llamada desde la Presidencia del Gobierno que le invitaba a acudir a la Moncloa.
Ya en Moncloa, la propia Begoña Gómez le presentó sus planes para crear la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), la cual codirigiría desde 2021.
Si el caso llega a juicio, Begoña Gómez tendrá que aclarar si registró a su nombre el software valorado en más de 200.000 euros que diversas empresas (Google, Indra y Telefónica) habían proporcionado gratuitamente a la Complutense.
Además, deberá explicar si utilizó a su asesora en Moncloa, pagada con fondos públicos, Cristina Álvarez, para negociar los patrocinios de su cátedra y másteres, según prueban varios correos electrónicos.
2. ‘Caso David Sánchez’
El músico David Sánchez, hermano del presidente, enfrentará juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz desde el 28 de mayo, junto al exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Ambos están acusados de prevaricación y tráfico de influencias.
David Sánchez percibió 340.572 euros durante los nueve años en los que estuvo contratado en la Diputación de Badajoz (presidida entonces por Gallardo). Primero fue coordinador de los dos conservatorios de la provincia y, desde enero de 2022, director de la Oficina de Artes Escénicas.
Durante su declaración ante la juez instructora Beatriz Biedma, tuvo serias dificultades para explicar qué es la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz, cuál es su sede y en qué constaba su trabajo.
David Sánchez Pérez-Castejón residió al menos seis meses en la Moncloa (desde finales de 2021) cuando ya había fijado su residencia fiscal en Portugal, según reveló el diario El Debate en septiembre pasado.
3. Casos Koldo y Ábalos
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, se sentarán a partir del martes en el Tribunal Supremo, acusados de recibir comisiones a cambio de adjudicar contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.
En cuanto a Víctor de Aldama, el Ministerio Público ha reducido su pena a 7 años al considerar que ha colaborado con la Justicia.
Mediante gestiones de Koldo, Soluciones de Gestión (representada por Aldama) consiguió contratos de empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes y de los servicios de salud de Baleares (presidido por Francina Armengol) y Canarias (liderado por el actual ministro Ángel Víctor Torres).
Como retribución por estas gestiones, Aldama afirma haber pagado 10.000 euros mensuales a Koldo García, además de otras sumas directamente a Ábalos.
El fiscal también acusa a Ábalos de haber colocado a una amiga, Jéssica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde recibió salario entre 2019 y 2021 sin asistir a trabajar. Otra amiga, Claudia Montes, obtuvo un contrato en la pública Logirail.
Este es solo el inicio de las causas judiciales que afronta José Luis Ábalos, quien junto a Santos Cerdán tendrá que responder por presuntas manipulaciones en concursos de obra pública a cambio de comisiones.
4. La ‘fontanera’ Leire
La UCO detuvo el 10 de diciembre a la fontanera de Ferraz Leire Díez, al ex presidente de la Sepi Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso (socio de Cerdán en la constructora Servinabar).
El juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, investiga por presunto amaño de contratos en empresas públicas.
Según EL ESPAÑOL, Leire Díez, Alonso y Fernández ofrecían a empresarios la compra de edificios históricos de Correos con financiación pública garantizada, a cambio de comisiones.
Por otro lado, el juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez por presunto chantaje a fiscales Anticorrupción José Grinda e Ignacio Stampa, a quienes ofreció destinos y mejoras profesionales a cambio de información comprometedora sobre jueces, mandos de la UCO y colegas del Ministerio Público.
Durante los «cinco días de reflexión» de Pedro Sánchez, Santos Cerdán organizó un encuentro en Ferraz con Leire Díez y otros dirigentes socialistas para escuchar una grabación en la que el comisario Villarejo mencionaba negocios de saunas y prostíbulos vinculados al padre de Begoña Gómez.
Este diario reveló que Leire Díez visitó la redacción de EL ESPAÑOL y otros medios para ofrecer un vídeo sexual con el propósito de desacreditar al fiscal Grinda.
5. ‘Caso Cerdán’ y Servinabar
El juez del Supremo Leopoldo Puente dictó prisión el pasado 30 de junio para el segundo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, días después de que la vicepresidenta María Jesús Montero defendiera públicamente su inocencia.
Durante el allanamiento en la vivienda de Antxon Alonso, los agentes de la UCO encontraron un contrato privado que demuestra que Santos Cerdán es propietario del 45% de Servinabar, constructora que ha recibido contratos millonarios del Ministerio de Transportes y del Gobierno navarro (frecuentemente en UTE con Acciona).
Entre esos contratos destaca el desdoblamiento de los túneles de Belate por 76 millones de euros. El técnico que alertó sobre múltiples irregularidades en el proceso de licitación sufrió represalias por el Gobierno de María Chivite.
Servinabar pagó a la esposa, hermana y cuñado de Santos Cerdán, al ex presidente de la Sepi Vicente Fernández y a otros funcionarios socialistas.
Además, la empresa cubría el alquiler del ático en Madrid donde vivía Santos Cerdán. Él y su esposa gastaron 33.574 euros con una tarjeta vinculada a Servinabar, incluyendo vacaciones en Ibiza y Tenerife.
Hasta llegar a que el empresario Antxon Alonso comentó en un chat de WhatsApp: «A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés«. Paqui está citada a declarar este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.
6. El rescate de Plus Ultra
El 11 de diciembre la UDEF arrestó a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, CEO y presidente de Plus Ultra, aerolínea rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno durante la pandemia.
Horas después detuvieron a otro empresario, Julito Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La juez Esperanza Collazos y la Fiscalía Anticorrupción indagan si estos tres directivos cometieron delitos de blanqueo con fondos provenientes del tráfico de oro y petróleo venezolano y del programa chavista CLAP.
A través de diferentes sociedades, Julito Martínez percibió 458.000 euros de Plus Ultra, cifra similar a lo que pagó a Zapatero en varias anualidades.
En su comparecencia ante la comisión del caso Koldo en el Senado, Zapatero atribuyó esos pagos a asesorías verbales, desvinculándolos del rescate multimillonario de la aerolínea.
7. Rescate de Air Europa
El empresario Víctor de Aldama aseguró en una entrevista con EL ESPAÑOL el 25 de julio que «Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se aprobara el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus proyectos».
La empresaria Leonor González Pano (exnovia de Aldama) confirmó en junio ante el magistrado Leopoldo Puente la grabación difundida por EL ESPAÑOL, donde relata que Pepe Hidalgo, presidente de Globalia, entregó a Koldo García y Aldama una bolsa con 500.000 euros para pagar a Ábalos por acelerar el rescate de Air Europa.
Según el audio, Aldama y Koldo García visitaron «la casa de Pepe Hidalgo» en Puerta de Hierro (Madrid) días antes de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros.
En su domicilio, el dueño de la aerolínea les entregó una bolsa con cerca de 500.000 euros que habrían destinado al entonces ministro de Transportes.
8. Las bolsas con dinero en Ferraz
La empresaria Carmen Pano declaró ante el juez que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, en bolsas plásticas, por encargo de Víctor de Aldama.
El chófer de Pano, Álvaro Gallego, ratificó esta versión ante la Audiencia Nacional en el caso hidrocarburos.
Gallego detalló que acompañó a Pano en dos visitas distintas a la sede del PSOE y vio el dinero «en fajos, con billetes de 50 euros«.
También explicó que en diciembre de 2020 trasladó a Pano al Ministerio de Industria para una reunión entre representantes de Villafuel SL y Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, investiga un presunto fraude de 231 millones de euros en el pago del IVA cometido por las empresas implicadas en el caso hidrocarburos.
9. Financiación del PSOE
En grabaciones captadas por la UCO, Koldo García usaba términos como «chistorras», «soles» y «lechugas» para referirse a billetes de 500, 200 y 100 euros recibidos en sobres en Ferraz. Supuestamente, eran pagos para liquidar gastos de Koldo y Ábalos.
El PSOE admitió ante el magistrado Leopoldo Puente que entre 2017 y 2024 retiró 940.388 euros en efectivo de sus cuentas bancarias para pagos a sus dirigentes, atribuyéndolo a liquidaciones de gastos de representación.
El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, abrió el 17 de diciembre una pieza secreta para investigar esos pagos, al sospechar que el sistema podría haber servido para lavar las mordidas cobradas por Ábalos en la trama corrupta.
Durante la comisión del caso Koldo en el Senado, Sánchez reconoció haber recibido también pequeñas cantidades en sobres en Ferraz, siempre justificadas con facturas y tickets, como liquidación de gastos.
10. Amaño de las primarias
El PP ha señalado a la asociación Bancal de Rosas (liderada por el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre), encargada del crowdfunding para financiar la campaña de Pedro Sánchez en las primarias socialistas de 2017.
Durante casi cinco horas en el Senado, Sánchez afirmó desconocer si su campaña recibió aportes económicos de San Bernardo 36 SL, sociedad a través de la cual su suegro, Sabiniano Gómez, manejaba el negocio de saunas y prostíbulos.
«He sido claro sobre esto», afirmó el presidente, «mi suegro, que en paz descanse, pudo o no donar como particular, pero no poseo información al respecto y no puedo responder con certeza».
También contestó «no me consta» cuando el senador del PP Alejo Miranda le preguntó si Bancal de Rosas pudo haber recibido aportes superiores a 50.000 euros —cantidad prohibida por la ley para partidos políticos— o financiación procedente de «empresas que pagaban mordidas«.
De nuevo, respondió «no me consta» cuando se le cuestionó si Bancal de Rosas pudo financiarse con recursos de Servinabar, la constructora en la que Santos Cerdán era accionista.