La legislatura está estancada debido a la carencia de respaldo al Ejecutivo y al choque con la mayoría absoluta del PP en el Senado
La legislatura se encuentra paralizada. Sin un apoyo mayoritario claro al Gobierno, el Congreso permanece en un estado de letargo interrumpido únicamente por la convalidación de los reales decretos leyes que el Ejecutivo envía a la Cámara sin opción a enmienda. A simple vista, la actividad parlamentaria continúa con la discusión y votación de mociones y proposiciones no de ley, carentes de carácter obligatorio. No obstante, la realidad impone que el Congreso no genera leyes ni impulsa reformas.
Las iniciativas permanecen congeladas en un plazo de enmiendas interminable. La última solicitud de prórroga del Grupo Socialista, presentada el pasado 23 de marzo, afecta a un total de 128 propuestas: 50 proyectos de ley y 78 proposiciones de ley, de las cuales 42 proceden del Senado.
El pedido propone nuevamente extender el plazo para todas las iniciativas ya presentes en la Cámara. Muchas de ellas acumulan récords de aplazamientos, y las probabilidades de que decaigan al finalizar el mandato aumentan conforme avanza el tiempo, teniendo en cuenta que, a efectos parlamentarios, esto es, sin contar los periodos vacacionales, queda alrededor de un año para la legislatura. Una tercera parte de las propuestas paralizadas provienen de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, si bien buena parte ha recibido apoyo de otros grupos, lo que facilitaría su aprobación en el Congreso. Este es el caso de la reducción del IVA para servicios como peluquerías, que suma ya 86 prórrogas; las medidas contra la ocupación ilegal y para favorecer la convivencia vecinal, con 80 semanas de aplazamientos; la exención fiscal para ayudas a afectados por talidomida, con 63; o la que busca reducir la carga fiscal a pymes y autónomos, que acumula 25.
Entre los proyectos de ley con más semanas de espera sin fecha para un debate general están la ley de Familias, con 79 prórrogas, y la que contempla la Universalidad del Sistema Nacional de Salud, con 67.
La primera fue aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, aunque originalmente fue redactada por su predecesora Ione Belarra y caducó al concluir la legislatura anterior. Este texto reconoce jurídicamente diversas situaciones familiares —numerosas, monoparentales, LGTBI, adoptivas, con miembros con discapacidad— y mejora su protección social.
Algo similar ocurre con la segunda. El primer intento fue realizado por Carolina Darias y en 2024 fue retomado por Mónica García. La finalidad es restablecer el derecho a la asistencia sanitaria con igualdad para españoles residentes en el extranjero, extranjeros por reagrupación familiar y cualquier persona residente en España, independientemente de su situación administrativa. Esta ley enfrenta la oposición de PP, Vox y Junts, suficiente para rechazarla.
El proyecto de ley del Cine, que también solicita una nueva prórroga, acumula 63 semanas. Al igual que las dos anteriores, recupera el texto del anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, que caducó tras las elecciones. El actual titular del Ministerio, Ernest Urtasun, señala que busca fortalecer toda la cadena de producción cinematográfica, desde la escritura de guiones hasta la exhibición y la defensa de los derechos de autor. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Junts.
Con 44 semanas de prórrogas están también el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular el procedimiento de determinación de la edad y el proyecto de ley orgánica que modifica la Responsabilidad Penal de los Menores. Ambos se tratan conjuntamente y acumulan 44 semanas en periodo de enmiendas. Generan un fuerte enfrentamiento entre izquierda y derecha.
Por su parte, la ley de Industria suma 47 prórrogas; la de Protección de los Consumidores, 41; la de Prevención del Consumo de Alcohol por menores, 39; y las leyes de modificación del Régimen Electoral General, Información Clasificada y Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, registran 24 prórrogas.
Este conjunto incluye más de veinte reales decretos ley que, tras su convalidación, el Congreso aprobó tramitar como proyectos de ley. Están relacionados con la Dana, la guerra de Ucrania, el conflicto en Gaza, bonos de transporte para jóvenes o ayudas para enfermos de ELA. El Gobierno no muestra interés en culminar su tramitación como proyectos de ley para evitar que se modifique su propuesta original, ya en vigor.
En cuanto a las iniciativas legislativas de los grupos, el bloqueo afecta a un total de 78, más de la mitad provenientes del Senado. La proposición de ley para la Protección de la Libertad de Expresión, con 81 prórrogas, es la más retrasada, ya que además del rechazo de la derecha enfrenta la desconfianza de los socialistas. Esta iniciativa, recuperada por Sumar de la legislatura anterior, plantea eliminar el delito de injurias a la Corona, las ofensas a sentimientos religiosos y los ultrajes a símbolos nacionales. La de secretos oficiales, presentada por tercera vez por el PNV y con 78 prórrogas, presenta objeciones dentro del Gobierno. La mejora de la cadena alimentaria, de ERC, con 66 semanas, y la promoción de la ley de Garantía de la Libertad Sexual, impulsada por Podemos, con 54, están también muy retrasadas.
Las cifras
50 PROYECTOS DE LEY. Son iniciativas legislativas aprobadas por el Gobierno que llevan varias semanas en proceso dentro del Congreso. De estas, unas veinte son decretos que la Cámara aprobó tramitar como proyectos de ley, pero que el Ejecutivo demora para impedir modificaciones.
78 PROPOSICIONES. Son iniciativas impulsadas por grupos parlamentarios. También se encuentran bloqueadas en sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Más de la mitad proceden del Senado y están firmadas por el PP, aunque muchas cuentan asimismo con apoyo de otros grupos.