La Comisión advierte que los Estados deben «asegurarse de que cualquier persona que cuente con un permiso de residencia nacional y sea localizada en situación irregular en otro país sea devuelta»
España estará obligada a asegurar la repatriación de los inmigrantes que, tras ser regularizados en el proceso que el Gobierno iniciará este mismo mes de abril, intenten establecerse en otro país de la UE. Así lo confirman fuentes de la Comisión Europea, que coinciden con la información que publicó ayer EL MUNDO, indicando que estas personas deberán regresar a España si se detecta que se encuentran en situación «irregular» en otro Estado miembro.
«Los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar que estas decisiones no interfieran con la correcta aplicación del sistema europeo de migración y asilo. En concreto, los Estados miembros deben asegurarse de que cualquier titular de un permiso de residencia nacional que sea localizado en situación irregular en otro Estado miembro, o que presente solicitud de asilo allí, sea devuelto al Estado miembro que emitió ese permiso,» explican desde la Comisión.
Este procedimiento de repatriación implica, naturalmente, un coste que, según las advertencias emitidas por la Comisión, también recaería sobre España. No obstante, fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por este medio apuntan que es un asunto que «debe ser gestionado entre los países«. Esto significa que el Gobierno español podría negociar con el país receptor y acordar una solución sobre esta cuestión. O no.
Desde la Comisión europeos subrayan, además, el mensaje que ya dio el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en este periódico: «Un permiso de residencia no implica autorización para residir en cualquier parte de la UE, sino exclusivamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. Si se encuentra a una persona con un permiso de residencia nacional en situación irregular en otro país de la UE, debe regresar a España».
El comisario austriaco añadió que «la decisión de regularizar a nacionales de terceros países en situación irregular dentro de un espacio sin fronteras interiores podría afectar a otros Estados miembros». «Podría generar problemas para otros Estados miembros si, por ejemplo, la persona se da a la fuga», explicó.
Desde el Gobierno de España reconocen las advertencias planteadas por la UE y ayer se quiso transmitir un mensaje de calma a los demás socios. «La regularización concederá un permiso de trabajo en España«, indicó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La medida, como se ha señalado, debería implementarse ya en abril, que comienza este miércoles. Sin embargo, la iniciativa está siendo revisada actualmente por el Consejo de Estado, por lo que podría experimentar alguna demora. De todas formas, el Ejecutivo asegura que «habrá plazo» para gestionar todas las solicitudes que se presenten.
Las primeras estimaciones indicaban que este proceso podría regularizar a aproximadamente 500.000 personas, si bien otras previsiones elevan la cifra hasta los 800.000 beneficiarios. Esta última cifra es la que siempre menciona el PP, que ha sido muy crítico con el procedimiento impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, expresó su descontento a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la cumbre del PP Europeo celebrada en febrero en Zagreb.
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha adoptado una postura más firme. Mientras que inicialmente sostuvo que se trataba de un asunto nacional, ahora advierte constantemente sobre los posibles efectos que esta regularización podría provocar en los otros países de la Unión Europea.