El PP demanda que el Gobierno inicie una investigación de oficio sobre la supuesta venta ilegal de armas por parte de un comandante de la Guardia Civil vinculado a la trama Koldo, dirigida al esposo de Miquel Iceta.
Los populares alertan que la nueva orden ministerial del Interior permitiría declarar confidenciales expedientes policiales relacionados con este asunto, complicando el acceso a la información.
La pareja de Iceta intentó instalar un armero en su vivienda en Moncloa para guardar una pistola obtenida a través de la trama Koldo, pero la petición fue rechazada.
El PP exige al Gobierno eliminar la orden ministerial de clasificación de información, asegurar la transparencia y cumplir con las recomendaciones anticorrupción del Consejo de Europa.
El Partido Popular solicita al Ministerio del Interior que «abra una investigación de oficio» sobre la presunta venta de «armas ilegales» realizada por Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil involucrado en la trama Koldo, a Ángel García Rosique, pareja del exministro Miquel Iceta.
Los populares señalan que la orden interna en trámite en el Ministerio del Interior para declarar «confidencial» cierta información faculta para proteger específicamente expedientes como el de este caso.
La norma establece un sistema general que permite catalogar como «confidencial», de «difusión limitada» o como información «sensible» documentos con la justificación genérica de resguardar «los intereses de España».
El texto otorga a 11 cargos, todos elegidos políticamente, la facultad de proteger durante cinco años, prorrogables hasta 15 informes policiales, expedientes sobre intervenciones de armamento y actividades de mandos bajo investigación.
Precisamente esta es la tipología de información que sustenta la investigación sobre las armas del esposo de Iceta, revelada en exclusiva por EL ESPAÑOL, a partir del acceso al móvil secreto de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
Ambos comparecerán ante la justicia la próxima semana, enfrentando varios cargos en la primera fase del caso Mascarillas.
El Partido Popular ya ha denunciado un «claro conflicto de intereses» en relación con el exministro, actualmente embajador español ante la Unesco, e incluso ha planteado la posible existencia de un delito de negociaciones prohibidas y otro de tráfico de armas.
Aunque esos chats interceptados forman parte de las causas judiciales y continúan bajo la investigación de la UCO de la Guardia Civil, cualquier informe policial futuro podría encontrarse con estos impedimentos si la norma se aprueba.
Las declaraciones sobre el papel del comandante Villalba como proveedor en la trama Koldo o los expedientes acerca de la circulación de armas incautadas por la Guardia Civil podrían quedar clasificados, entorpeciendo futuros avances en la investigación.
La moción del PP
Esa es la sospecha del PP tras conocer la orden ministerial que está actualmente en fase de audiencia e información pública. Los populares presentaron el 18 de marzo de 2026 una moción en el Senado, a la que este diario ha tenido acceso, que vincula directamente la «opacidad» de Interior con el caso de las armas.
El primer punto emplaza al Gobierno a «retirar el proyecto de orden ministerial» que clasifica la información.
El segundo exige «garantizar el cumplimiento total de la Ley 19/2013 de Transparencia», asegurando el acceso a la información solicitada por ciudadanos, medios y representantes públicos sobre la gestión del Interior.
El tercero es crítico y pide al Gobierno que «investigue de oficio […] los casos de venta de armas ilegales, como las supuestamente adquiridas por el marido de Miquel Iceta, según declaraciones de Koldo García, considerado intermediario entre comprador y Rubén Villalba».
Esta solicitud, amparada en el Real Decreto 137/1993 que aprueba el Reglamento de Armas, es especialmente relevante porque exige a Marlaska que indague sobre hechos vinculados al entorno de un exministro de su propio Ejecutivo.
Dicho Reglamento prohíbe expresamente la adquisición, posesión y cesión de armas sin licencia, y clasifica como «infracción grave» la compra entre particulares sin las autorizaciones correspondientes.
Compra de armas en Moncloa
Como informó este medio, el esposo de Iceta, entonces ministro de Cultura, adquirió una pistola Astra 3000 calibre 9 a través de la trama Koldo. Los intermediarios fueron el propio Koldo García y el comandante Villalba, investigado por beneficiarse económicamente de esta red.
Las operaciones quedaron registradas en conversaciones intervenidas por la UCO.
En abril de 2021, Rosique solicitó a Koldo mantener una charla urgente sobre armas. Koldo le envió imágenes de dos pistolas provenientes de Villalba, y Rosique eligió la «blanca». Según los chats, las armas provenían de intervenciones policiales realizadas por la Guardia Civil.
En ese momento, Rosique y Iceta residían en un piso de 160 metros cuadrados dentro del complejo de la Moncloa.
El piloto intentó instalar un armero en la vivienda, pero la Secretaría de Seguridad de la Presidencia del Gobierno rechazó dicha petición en septiembre de 2023, recordando que solo el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede portar armas en ese recinto.
11 cargos políticos pueden clasificar
La orden ministerial reparte la capacidad de clasificar información entre el ministro, la Secretaría de Estado, la Subsecretaría, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Policía, la de la Guardia Civil, la de Coordinación y Estudios y el CITCO.
A ello se suman la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, la dirección adjunta de Policía y la de la Guardia Civil.
Son hasta 11 instancias, todas con nombramientos políticos, que hasta ahora carecían de esta facultad formalizada. Anteriormente, en Interior, dicha función dependía principalmente de la Secretaría de Estado de Seguridad, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986.
La información policial y de la Guardia Civil relativa al tráfico de armas, intervenciones de armamento y actividades de mandos bajo investigación es precisamente la categoría que la nueva orden señala como susceptible de ser clasificada como «confidencial» o «sensible de uso interno».
Con esta última etiqueta, un expediente puede permanecer cerrado al público durante cinco años, extendiéndose mediante dos prórrogas adicionales de cinco años cada una.
Las exigencias anticorrupción
La moción presentada por el PP en el Senado amplía su ámbito más allá de este caso particular. También pide que el Ejecutivo «implante de inmediato las recomendaciones del GRECO«, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en relación con la «reducción de riesgos de corrupción y conflictos de intereses» en altos cargos del Gobierno.
Finalmente, exige el «cumplimiento del Código de Buen Gobierno» en la Administración General del Estado, para asegurar la «integridad, objetividad, responsabilidad, credibilidad, ejemplaridad y honradez de los altos cargos«.
El PP enmarca estas demandas dentro de lo que califica como un «patrón de creciente opacidad» en el Ministerio de Marlaska, con «récords de reclamaciones» ante el Consejo de Transparencia por negación de información sobre gastos, viajes oficiales y contratos.
«Tras los escándalos relacionados con la desaparición del expediente policial de un diputado del PSOE, la gestión en Barbate y la destitución de mandos incómodos», indican fuentes del grupo popular, «ahora pretenden proteger normativamente el acceso a casi todo lo que ocurre en Interior».