El Gobierno está desarrollando un nuevo decreto con medidas económicas destinadas a afrontar las consecuencias a largo plazo del conflicto en Irán.
Ya se han observado impactos económicos como el incremento histórico del petróleo en marzo (55%) y el aumento de la inflación en la eurozona hasta el 2,5%.
Se integran propuestas de diversos sectores y comunidades, incluyendo la reducción del IVA en alimentos y apoyos al sector agrícola y pesquero.
El Ejecutivo encuentra obstáculos para la convalidación de medidas fiscales y de vivienda debido a la ausencia de mayoría parlamentaria.
El Gobierno no muestra expectativas optimistas respecto a la guerra de Irán y sus repercusiones. Insiste en que el «escudo social», que moviliza 5.000 millones de euros, es el más ambicioso de Europa, y en que la situación energética de España representa una ventaja para afrontar las consecuencias del conflicto, aunque sigue elaborando nuevas medidas.
Según fuentes de Moncloa, se ha solicitado ya información a los ministerios para monitorear diariamente los efectos del conflicto y el funcionamiento de las medidas contenidas en el decreto aprobado la semana pasada, además de evaluar otras posibles acciones para incluir en un nuevo decreto.
En el Gobierno recuerdan que, durante la guerra en Ucrania, que tuvo menores repercusiones económicas, fueron necesarios siete decretos.
Los datos manejados en Moncloa indican que el conflicto se prolongará y que, en todo caso, se producirá una onda expansiva en forma de shock energético que se extenderá en el tiempo.
Este martes se publicaron datos que confirman la aparición de dichos efectos. Por ejemplo, el petróleo aumentó un 55% en marzo, registrando la mayor subida mensual de su historia, y la inflación en la eurozona creció hasta el 2,5%, lo que podría llevar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés.
Fuentes gubernamentales reconocen que las consecuencias del conflicto se detectan en casi todos los sectores económicos y que grandes empresas ya analizan o implementan medidas para protegerse ante la situación próxima.
Carlos Cuerpo lideró la elaboración y negociación del primer decreto junto a María Jesús Montero y ahora lo hace en su rol de vicepresidente y coordinador, acompañado por Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda.
Para el Gobierno, es esencial comprobar en los próximos días si las medidas integradas en el primer decreto, ya convalidado por el Congreso, son efectivas.
Por ejemplo, el control de precios de la electricidad en los hogares está funcionando, con algunos precios de marzo siendo hasta casi un 5% inferiores que en el mismo mes del año anterior.
En el debate en el Congreso, la mayoría de los grupos parlamentarios solicitó al Gobierno adoptar más medidas, señalando que las ya tomadas son insuficientes. Los grupos de izquierda pidieron intervención en sectores específicos y el PP enfatizó la reducción de impuestos.
Nueva ronda de contactos
Ya se han mantenido conversaciones con algunos socios para conocer sus propuestas de cara al futuro.
Por ejemplo, el lehendakari Imanol Pradales solicitó el pasado viernes a Pedro Sánchez medidas adicionales, entre ellas una reducción temporal del IVA aplicado a pescado y carne, bajándolo del 10 al 4%.
Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue consultada sobre esta medida y evitó confirmarla o descartarla.
Pradales también pidió otras acciones, tales como facilitar aplazamientos en el pago de impuestos y cotizaciones sociales para explotaciones agrícolas y pesqueras, además de otorgar ayudas directas más focalizadas para sostener el sector, según reporta Efe.
Asimismo, Pradales defendió la posibilidad de activar instrumentos excepcionales como el Fondo de Reserva de la PAC si el conflicto y sus repercusiones se extienden.
Entre las iniciativas adicionales presentadas al presidente del Gobierno están bonificaciones o aplazamientos en las cotizaciones a la Seguridad Social de marineros y armadores durante varios meses, con el objetivo de mejorar su liquidez, así como la implementación de compensaciones por la paralización temporal de la flota.
Está pendiente la convalidación del decreto impulsado por Sumar para reducir el precio de los alquileres, aunque las perspectivas son poco favorables debido a la falta de mayoría parlamentaria.
Además, existe una compleja situación legal que genera incertidumbre jurídica, puesto que la facción de Sumar en el Gobierno sostiene que, aunque no se convalide, podría invocarse para renegociar contratos de alquiler.
Al Gobierno le preocupa la subida del Euribor, que puede incrementar aún más el coste de las hipotecas, con todos sus efectos adversos habituales. Políticamente, les inquieta que esto pueda afectar la narrativa sobre el éxito económico de la legislatura.
El principal problema para el Ejecutivo sigue siendo la ausencia de mayoría parlamentaria para validar las medidas que apruebe, en particular, aquellas relacionadas con fiscalidad y vivienda.
Sin embargo, fuentes gubernamentales destacan que las cuentas públicas permiten cierto margen de maniobra para responder a la crisis. De hecho, este martes se dio a conocer que el Gobierno registró un récord de recaudación con 325.000 millones en 2025 y que el déficit público descendió al 2,18% del PIB.