El PP solicita una reforma del reglamento penitenciario tras la puesta en libertad de varios etarras, atribuyendo esta situación a un acuerdo entre Sánchez y Bildu.
Cuca Gamarra ha expresado su rechazo a la concesión de semilibertad a Ángel Tellería, homicida de la primera agente de policía víctima de ETA, amparándose en el artículo 100.2 del reglamento.
El PP llevará al Congreso una propuesta para restringir el uso de beneficios penitenciarios a personas condenadas por terrorismo y evitar que esta práctica pase a ser habitual.
El partido denuncia que la política penitenciaria se emplea como herramienta política y reclama una reforma para prohibir beneficios a terroristas que no muestran arrepentimiento ni colaboración con la justicia.
El PP demanda una modificación del reglamento penitenciario tras las recientes «liberaciones de etarras» como Txeroki o Anboto, que, según Génova, responden al «pacto político» entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Bildu.
Así lo ha expresado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, un día después de conocerse que Ángel Tellería Uriarte, uno de los responsables del asesinato de la primera policía víctima de ETA, disfruta de semilibertad gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta disposición permite flexibilizar el cumplimiento de la condena, permitiendo a Tellería salir de la cárcel de Zaballa de lunes a viernes, aunque debe regresar para pernoctar.
La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo presentará una proposición no de ley en el Congreso para impedir que esta excepción del reglamento penitenciario se convierta en práctica habitual.
Gamarra afirmó en declaraciones a la agencia Europa Press que la liberación de Tellería representa una «nueva concesión a Bildu por parte del sanchismo». «Otro etarra sale de prisión por decisión del Gobierno vasco. Exigimos la reforma del reglamento penitenciario», añadió, subrayando que «las liberaciones de etarras no pueden realizarse por intereses personales de Sánchez».
El PP ya presentó en el Congreso hace semanas una proposición no de ley que busca que el Gobierno impulse una reforma legal para asegurar que quienes cumplen penas de prisión permanente revisable no accedan a ningún beneficio penitenciario. Esta propuesta fue su respuesta política a la semilibertad otorgada a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki y uno de los antiguos líderes de la banda terrorista.
Cuca Gamarra señaló que esto forma parte del «pacto político» entre Sánchez y Bildu y lo calificó como «el mayor ejemplo de corrupción política y moral del sanchismo», ya que «ha convertido la política penitenciaria en un instrumento a su servicio para consolidar acuerdos y cumplir compromisos».
La dirigente popular destacó que en la legislatura anterior se llevó a cabo una «política de acercamiento» con los etarras y agregó que «el segundo paso fue la cesión de competencias penitenciarias al Gobierno vasco». En ese escenario, añadió, se producen las concesiones de terceros grados y beneficios penitenciarios.
«Su postura es que sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia, no pueden concederse beneficios penitenciarios de manera tan arbitraria», afirmó la líder del PP, remarcando que aún hay «400 asesinatos de ETA sin resolver».
Al destacar que se trata de «terroristas condenados a largas penas», Gamarra reiteró que esas liberaciones muestran la «utilización de la política penitenciaria como instrumento para la corrupción política». «Se hace para un beneficio político propio, no para el país», puntualizó.
Para el PP, resulta «inaceptable» que esta interpretación del reglamento penitenciario «eluda», a través de la ejecución de la condena, la obligación de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales, especialmente la prisión permanente revisable.
Aunque los etarras no recibieron penas de prisión permanente revisable —una condena introducida en 2015—, la concesión de semilibertades ha generado preocupación sobre la necesidad de modificar la legislación penitenciaria respecto a los beneficios para condenados con esta sentencia.
Por ello, el PP ha aprovechado esta propuesta, en la que insta al Gobierno a impulsar una reforma en la Ley Orgánica General Penitenciaria para incorporar un régimen «específico y diferenciado» para la prisión permanente revisable, y propone un cambio legal que impida que los condenados por terrorismo se beneficien de un modelo combinado de ejecución de la pena que mezcle características del segundo y tercer grado.