El Gobierno y la Conferencia Episcopal suscribirán un acuerdo para compensar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Este protocolo permitirá reconocer y ofrecer reparación a las víctimas cuyos casos no pueden ser resueltos por la vía judicial, con la Iglesia asumiendo el gasto de las indemnizaciones.
El proceso estará supervisado por el Defensor del Pueblo y contará con un sistema mixto entre la Iglesia y el Estado.
El nuevo mecanismo asegura que las víctimas puedan iniciar el procedimiento a través del Ministerio de Justicia y recibir propuestas de reparación adaptadas a sus necesidades.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal rubricarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales dentro del ámbito eclesiástico, con la intervención del defensor del Pueblo.
A las 11:00 horas de este lunes se prevé la firma del sistema destinado a reconocer y reparar a las víctimas para quienes ya no existe posibilidad judicial, en la sede del Defensor del Pueblo, tal y como han comunicado este domingo dicha institución y la Conferencia Episcopal.
El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
La firma del protocolo se produce tras la declaración de la Iglesia el pasado 19 de marzo, cuando señaló que quedaban «algunos detalles» pendientes para cerrar el acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en su seno y expresó su confianza en concretarlo «en una o dos semanas».
Este protocolo surge del acuerdo firmado en enero entre el Gobierno, la CEE y la Conferencia Episcopal para establecer una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, que serán tramitadas por el Defensor del Pueblo y cuyo coste correrá a cargo de la Iglesia.
En 2024, la Iglesia implementó el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para atender y reparar a las víctimas cuyos casos carecen de recorrido legal debido a la prescripción del delito o la muerte del agresor.
No obstante, muchas víctimas rechazan acudir a una comisión establecida por la propia Iglesia, por lo que se ha optado por un sistema mixto Iglesia-Estado.
Desde la Conferencia Episcopal enfatizaron que este proceso «complementa al plan Priva, no lo sustituye». «Una persona que acudió al plan Priva no puede ahora iniciar el procedimiento del Gobierno, es una nueva vía de acceso a un proceso ya existente», afirmaron fuentes consultadas por Efe.
Este aspecto permanecía «sin definir», aunque en el acuerdo firmado en enero «ya se especifica que el procedimiento implica una relación con Priva, que es el organismo que finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la evalúa», recordaron las mismas fuentes.
De este modo, se pretende evitar que aquellas víctimas que han aceptado el dictamen del plan Priva —incluso si no están satisfechas con la reparación otorgada— puedan presentar una reclamación en segunda instancia ante el Defensor del Pueblo.
Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, la cual remitirá el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) conforme a lo solicitado por la víctima.
Dicha propuesta será enviada a la comisión asesora del plan Priva, que la analizará y emitirá un informe. Una vez exista conformidad entre Priva y la persona solicitante, la propuesta será definitiva y la indemnización será sufragada por la Iglesia.
En caso de desacuerdo, ya sea por parte de la persona solicitante o del Priva, se convocará una Comisión Mixta con representación de asociaciones de víctimas para deliberar en busca de una resolución unánime. Si la disconformidad persiste, corresponderá al Defensor del Pueblo dictar la resolución definitiva.