El Congreso ha bloqueado la votación de enmiendas previamente aprobadas por la Cámara Alta en una proposición de ley orgánica.
El Gobierno y Francina Armengol incurren nuevamente en la multirreincidencia. Por quinta ocasión en esta legislatura, se ha producido un enfrentamiento institucional entre el Congreso y el Senado tras haberse impedido en la Cámara Baja la votación de enmiendas que la Cámara Alta aprobó en una proposición de ley orgánica dirigida a combatir la multirreincidencia delictiva. Dicha resolución no solo ha provocado el rechazo del PP, sino que también contravino el criterio del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien advirtió que ese veto no era procedente en ese momento. No obstante, la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso terminó por aceptarlo.
Para el PP, esta acción de los socialistas evidencia un intento de «silenciar» al Congreso, entidad que debería ser la única decisión mediante voto sobre la aprobación o rechazo de tales enmiendas, en vez de obstructivamente anular la votación de una de las Cámaras que integran las Cortes Generales. El PP denuncia una «extralimitación» del poder del Ejecutivo que pone de manifiesto su «autoritarismo». Lo hizo consciente de que, con los votos de Junts y Vox, esas modificaciones a la ley de multirreincidencia contarían con el apoyo necesario para salir adelante. Sin embargo, el Gobierno no quiso permitirlo, ya que una de estas fuerzas obstaculiza la regularización de migrantes y la otra presiona para incrementar el número de fiscales.
Este es el quinto caso ocurrido durante la presente legislatura. En las tres primeras ocasiones, el PP optó por presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto por atribución de competencias. Estas tres reclamaciones aún esperan resolución, sin expectativas de que se pronuncien durante esta legislatura.
Por este motivo, no se interpuso ningún recurso en la cuarta ocasión y, ayer, fuentes populares mostraban cautela al señalar si recurrirían nuevamente al tribunal de garantías. En cualquier caso, esa decisión compete al Senado, en caso de que el PP decida abrir esa vía, pues es el grupo parlamentario quien debe impulsarlo inicialmente.
Los hechos se desarrollaron así. En la Mesa del Congreso del pasado martes acudió el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, para presentar personalmente los vetos del Gobierno sobre esas enmiendas, argumentando que implican un incremento presupuestario. En ese momento no pudo acompañarse un informe escrito de los letrados, por lo que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, solicitó verbalmente la opinión del letrado mayor. Parlamentarios indican que Fernando Galindo advirtió que, con la votación ya realizada en el Senado en esa fase del proceso parlamentario, no era procedente efectuar ese veto. Sin embargo, Armengol y la mayoría del PSOE y Sumar decidieron ignorar dicha advertencia y accedieron a la petición del Ejecutivo.
De esta manera, ayer el Congreso aprobó definitivamente la proposición de ley orgánica relativa a la multirreincidencia sin considerar los cambios. Así, el Gobierno evitó un problema mayor, ya que la reforma legal era obligatoria porque representaba una de las condiciones impuestas por Carles Puigdemont para normalizar su relación en el Congreso.
La imagen de la votación refleja al PSOE alineado con todas las derechas – PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC – frente a sus socios de izquierda – Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG. La única excepción fue ERC, que optó por abstenerse debido a la presión de sus alcaldes en Cataluña para no oponerse.
El cambio normativo para sancionar a delincuentes reincidentes era una demanda en las grandes ciudades y en los municipios más turísticos. No obstante, en Cataluña surgió un consenso que rompe con las divisiones ideológicas. Por ello, Junts, impulsor de la iniciativa, logró que el PSOE aceptara modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Entre las reformas más relevantes destaca que el robo de un móvil conlleva ahora de uno a tres años de prisión. La sanción no se basa en su valor económico sino en la afectación a la privacidad debido a los datos almacenados.
Por primera vez, se establecen penas privativas de libertad para quienes cometan hurtos reiterados. Esta situación se configura al alcanzarse el cuarto delito. A la espera de sentencia, un juez podrá imponer órdenes cautelares de alejamiento de determinados barrios o municipios para evitar la repetición de delitos. Además, los hurtos en zonas rurales serán castigados con mayor severidad.