El Supremo mantiene la prisión preventiva de Ábalos y Koldo ante el riesgo continuo de fuga hasta el juicio

Sus abogados «deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa», responde el Alto Tribunal

José Luis Ábalos y Koldo García, el pasado febrero en una audiencia preliminar en el Supremo.

El Tribunal Supremo ha rechazado liberar al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García antes del inicio del juicio por el caso de las mascarillas, que comienza el próximo 7 de abril, debido a que el «riesgo de fuga» continúa vigentes dada la «cercanía» de la vista oral.

Las defensas de Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, solicitaron su libertad ante “la inexistencia de riesgo de fuga” y con el propósito de garantizar «el pleno respeto al derecho de defensa» durante el juicio, considerando la dificultad de prepararlo con sus abogados estando encarcelados.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción se manifestó en contra de su excarcelación, destacando que «la proximidad del juicio oral, sumada a la severidad de las penas solicitadas, incrementan el riesgo de fuga».

El alto tribunal ahora indica que «corresponde denegar la solicitud planteada» argumentando que «la cercanía de la fecha señalada para el juicio» mantiene «el riesgo de fuga».

Además, respecto a la necesidad mencionada por las defensas para preparar el juicio, el tribunal recuerda su acuerdo con las alegaciones de los acusados sobre la importancia de disponer de espacios y tiempo para la preparación del proceso y la presentación de pruebas testimoniales, periciales y documentales.

Por consiguiente, «como se señaló, los interesados deben dirigirse al centro penitenciario donde están recluidos, para que, conforme al ordenamiento vigente, se habiliten espacios y tiempo que faciliten el derecho de defensa».

Anticorrupción solicita una condena de 24 años para el ex ministro y de 19 años y medio para su ex asesor, mientras que las acusaciones piden hasta 30 años de prisión; en contraste, para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, pide siete años debido a su colaboración con el Ministerio Público tras reconocer los hechos.

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