El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda de la Generalitat catalana por ampliar el control de precios al alquiler de habitaciones y contratos temporales.
El recurso destaca que la normativa autonómica invade competencias estatales en materias como civil, protección de datos y derecho de propiedad, afectando principalmente a pequeños propietarios.
El PP argumenta que la ley catalana impone límites en las rentas y condiciones que perjudican a familias que alquilan habitaciones o pisos por períodos cortos, restringiendo su libertad para establecer precios.
También se critica la ley de Illa por extender retroactivamente la protección de las VPO y crear un registro de grandes tenedores, medidas calificadas por el PP como intervencionistas e inconstitucionales.
El Partido Popular presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de vivienda de la Generalitat de Cataluña, considerada una de las normativas clave de Salvador Illa.
Desde el PP sostienen que esta normativa va «más allá de la ley nacional» al aplicar el control de precios también a los alquileres por habitaciones y a los contratos de corta duración.
Los populares afirman que el Govern ha utilizado la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez como cobertura para regular aspectos que el texto nacional apenas contempla.
Asimismo, aseguran que, en ese paso adelante, la Generalitat ha traspasado varias líneas rojas en relación con competencias estatales en materia civil, protección de datos y la garantía del derecho de propiedad.
En el centro del conflicto están los pequeños propietarios que alquilan una habitación o un piso por meses.
La dirección del PP sostiene que, con la ley aprobada en diciembre, la Generalitat establece topes y condiciones que limitan la libertad para establecer rentas y plazos.
Según esta visión, los propietarios se convierten en los principales afectados de una política que, aunque plantea ir contra los grandes tenedores, acaba perjudicando a familias que complementan sus ingresos con un alquiler.
El recurso
La primera parte del recurso cuestiona el modo en que la ley desarrolla el marco nacional de zonas tensionadas.
El PP reconoce que la ley de Sánchez permite limitar alquileres en ciertas zonas, pero denuncia que la Generalitat de Illa ha profundizado para incluir contratos de habitaciones y alquileres temporales, no contemplados en el texto estatal, justificándolo por necesidades residenciales.
A partir de ahí, los populares describen una mayor intervención en la vida privada de inquilinos y propietarios.
Mencionan como ejemplos la obligación de compartir datos y contratos entre administraciones, la extensión retroactiva de la calificación de las VPO y la potestad para fijar precios máximos mediante reglamentos, todos considerados un «intervencionismo» excesivo.
El tercer punto del recurso se refiere al discurso de «seguridad jurídica».
El PP quiere presentar esta confrontación como un reflejo de la batalla contra la anterior ley catalana sobre control de rentas, alegando que Illa legisla al límite, forzando el marco constitucional y dejando a propietarios e inquilinos en una situación incierta, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.
Antecedentes
No es la primera vez que el PP desafía a la Generalitat en este ámbito. El partido ya recurrió la ley catalana de 2020, pionera en el control de precios.
Entonces, el Tribunal Constitucional dio la razón al PP y anuló los artículos clave por considerar que invadían competencias estatales en legislación civil y arrendamientos urbanos.
También impugnan las normas catalanas de «emergencia social» en vivienda, que establecían obligaciones de alquiler social antes de desahucios y condicionaban los procedimientos hipotecarios.
En aquella ocasión, el Constitucional volvió a fallar a favor del PP, declarando inconstitucionales varios preceptos por alterar, desde una ley autonómica, las normas procesales y civiles dictadas por el Estado.
Con este antecedente, el recurso contra la ley de Illa sigue la misma línea: Cataluña interfiere en contratos privados, asumiendo competencias para definir qué es un contrato de arrendamiento, su objeto y duración, tareas que el PP considera exclusivas del legislador estatal.
Lo hace, además, para establecer límites de renta en áreas donde el Gobierno central no ha querido actuar expresamente.
Efectos
En la práctica, los populares advierten que el propietario que alquila una habitación o un piso de temporada en zonas tensionadas no podrá eludir los límites de precio establecidos para la vivienda completa.
Esto implica que si el máximo para un piso es de 1.200 euros, la suma de las habitaciones alquiladas no podrá superar dicho monto, eliminando el margen que muchos particulares usaban para aumentar sus ingresos.
Otro apartado del recurso se centra en las Viviendas de Protección Oficial (VPO).
El PP denuncia que la ley catalana extiende los plazos de protección y modifica los precios máximos de venta con efectos retroactivos. Esto implica un cambio posterior en las condiciones para familias que adquirieron viviendas protegidas, «devaluando su patrimonio» al imponer nuevas restricciones de precio y tiempo.
Asimismo, critican la creación de un registro de grandes tenedores que afecta las relaciones entre particulares.
El reproche es doble: consideran que la gestión de registros con relevancia civil es competencia exclusiva del Estado y que este registro sirve para activar derechos de tanteo y retracto, condicionando operaciones de compraventa y alquiler.
Poner límites
El partido de Alberto Núñez Feijóo destaca además que esta confrontación legal no es solo un enfrentamiento entre el PP y la Generalitat.
Recuerda que las 14 comunidades autónomas gobernadas por el partido han decidido no aplicar los aspectos más intervencionistas de la ley estatal de vivienda. Incluso Castilla-La Mancha, bajo el liderazgo del socialista Emiliano García-Page, ha adoptado un enfoque regulatorio similarmente prudente.
La dirección del PP argumenta que, si ya considera «contraproducente» que el Estado fije precios en alquileres, aún resulta más «pernicioso» e «invasivo» que Cataluña extienda esos límites a habitaciones y alquileres temporales.
A su juicio, esto representa un endurecimiento adicional en la restricción de la propiedad privada, careciendo de respaldo constitucional suficiente y volviendo a situar la política de vivienda catalana bajo la mira del Tribunal Constitucional.