En 2024, el Consejo de Estado rechazó otorgar una compensación a la jurista Adilia de las Mercedes, quien acusa a Irene Montero de apropiarse de su trabajo.
Esta jurista hispano-guatemalteca participó en la preparación del anteproyecto de la Ley del Aborto y solicita 375.000 euros por daños físicos, morales y trato discriminatorio.
El Consejo de Estado determinó que no existieron contratos verbales ni discriminación racial, y que la jurista aceptó por escrito las condiciones económicas establecidas.
Actualmente, el caso se encuentra en la Audiencia Nacional, donde se evaluarán las reclamaciones de Adilia de las Mercedes por supuesta «apropiación ilegítima» de su trabajo.
En 2024, el Consejo de Estado manifestó su oposición a indemnizar a la jurista que acusa a la exministra de Igualdad Irene Montero de «violencia institucional», «discriminación racial» y «apropiación indebida» de su obra intelectual.
Por unanimidad, esta entidad consultiva, presidida por Carmen Calvo —curiosamente, la antecesora de Montero en Igualdad— emitió un dictamen contrario a las demandas presentadas por Adilia de las Mercedes.
Esta jurista hispano-guatemalteca, especialista en la defensa legal de la mujer, afirma que colaboró desde 2021 con el Ministerio de Igualdad dirigido por Montero en la redacción del anteproyecto de la nueva Ley del Aborto, que fue aprobada en 2023.
No obstante, sostiene que la Administración la invisibilizó y «apropió indebidamente» su trabajo y sus conocimientos para «borrar» cualquier rastro de su contribución al proyecto; una acción que ella compara con el «colonialismo».
En una demanda presentada ante la Audiencia Nacional, admitida a trámite en febrero, solicita una indemnización total de 375.000 euros por conceptos como «daños físicos», «daños morales reputacionales» y «trato discriminatorio».
Antes de iniciar el procedimiento judicial, Adilia de las Mercedes pidió la nulidad de los contratos firmados con el Ministerio de Igualdad, así como una indemnización de 180.000 euros.
¿Cuál fue el motivo para reclamar la anulación? La jurista alegó que los acuerdos fueron «contratos verbales», prohibidos legalmente salvo en situaciones excepcionales. También denunció que la remuneración fue muy inferior a los 80.000 euros que, según su criterio, es el precio de mercado para ese tipo de trabajo legislativo. Sin embargo, por su labor recibió apenas unos 5.000 euros, a instancias del Ministerio.
No obstante, el Consejo de Estado descartó la existencia de contratos verbales o causas de nulidad y resaltó que la jurista aceptó y firmó por escrito las condiciones económicas vigentes. Además, entregó las facturas correspondientes y dio conformidad a los términos en su momento.
«Aceptó los términos que le fueron presentados por escrito», concluyó el organismo consultivo de manera unánime.
Sobre el enriquecimiento injusto, el Consejo indicó que la valoración de 80.000 euros es «subjetiva» y señaló que, de ser ese el coste real, el contrato no podría haberse adjudicado mediante un contrato menor (aquellos por debajo de 15.000 euros).
«Si la señora Adilia de las Mercedes consideraba que el valor del servicio superaba lo pactado, debió emplear los mecanismos adecuados para resolver el contrato y tramitar uno nuevo», indicó el Consejo de Estado.
«Además, habría que considerar que, si el valor estimado por la interesada fuera correcto, el contrato no podría clasificarse como menor y habría requerido un proceso de licitación formal, (…) donde no está garantizado que ella hubiese resultado la adjudicataria», advirtió el organismo.
Por ello, el Consejo de Estado señaló que, de haberse convocado un concurso público, la demandante no tendría asegurado ser la elegida.
Adilia de las Mercedes —guatemalteca nacionalizada española y con más de 25 años de trayectoria en su campo— también aportó informes médicos para respaldar un supuesto «trauma racial» y la presunta violencia racista sufrida.
El dictamen del Consejo de Estado reconoce que en algunas comunicaciones internas del Ministerio de Igualdad se mencionó su nacionalidad, pero concluye que fue por motivos administrativos legales y no por un trato discriminatorio.
Igualmente, no se consideró demostrado que las dolencias médicas indicadas derivaran directamente de las actuaciones administrativas.
Así, el Consejo de Estado rechazó indemnizar a De las Mercedes. Actualmente, el caso ha pasado a la esfera judicial, donde la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se encargará de su estudio.
EL ESPAÑOL contactó con el Ministerio de Igualdad para obtener comentarios sobre este asunto.
En la respuesta, una portavoz de la institución —encabezada actualmente, no por Montero, sino por Ana Redondo— precisó que los hechos señalados en la demanda ocurrieron entre 2021 y 2023. «Corresponden, por lo tanto, a una etapa anterior», remarcó la fuente.
«El Ministerio actual ya ha facilitado a la Justicia el expediente completo [de la elaboración de la ley] y continuará colaborando en todo lo que se requiera», añadió la portavoz.
«Apropiación ilegítima»
En su demanda, Adilia de las Mercedes afirma haber sufrido una «apropiación ilegítima» de su trabajo por parte del Ministerio de Igualdad, junto a una «violencia institucional» basada en su raza y sus convicciones políticas.
En una nota oficial, la jurista denuncia que, con Montero al frente, este departamento «decidió borrar todo rastro» que evidenciara su «autoría» en el anteproyecto de la última Ley del Aborto.
«El Ministerio de Igualdad de Irene Montero contactó con alguien que dominara los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en América como en Europa, para luego repetir lo que el colonialismo ha practicado durante siglos: apropiarse del conocimiento generado en otros lugares y presentarlo como propio», critica la jurista en un comunicado para la prensa.