Decidió iniciar la investigación sobre la tragedia ferroviaria de forma espontánea, además de basarse en indicios de delito.
La Fiscalía Europea ha resuelto abrir por iniciativa propia la investigación relativa al uso de fondos comunitarios en el mantenimiento de la vía de Adamuz (Córdoba), lugar donde el 18 de enero tuvo lugar el accidente que causó la muerte de 46 personas.
Es una situación «excepcional», dado que, en la mayoría de casos, el organismo comunitario comienza un procedimiento solo tras recibir una denuncia o querella previa. Los datos hablan por sí solos y confirman esta circunstancia. De los 108 procesos de verificación iniciados en 2025, la Fiscalía Europea actuó de oficio solamente en cuatro oportunidades.
Fuentes de la investigación indicaron a EL MUNDO que el fiscal europeo decidió actuar por iniciativa propia una semana tras la tragedia en Adamuz, debido a «la gravedad de los hechos» y a la información que sugería que la vía de alta velocidad había sido restaurada con fondos de la Unión Europea. «No podíamos hacer la vista gorda», señalan fuentes fiscales.
En primer término, la Fiscalía Europea activó el denominado proceso de verificación, es decir, la fase inicial que consiste en recoger diversa documentación vinculada con el accidente. Tal y como adelantó este diario el viernes pasado, antes de comenzar la investigación formal, los fiscales europeos contactaron con el juzgado de Montoro (Córdoba) que está llevando a cabo la investigación, con Adif y con la Dirección General de Fondos Europeos.
El examen preliminar de la documentación recolectada en la fase de verificación permitió concluir que existían indicios sólidos para comenzar una investigación formal, según informaron las fuentes consultadas. La razón principal: la hipótesis central de la tragedia ferroviaria apunta a una soldadura defectuosa entre la vía de 1989 y la de 2023, que pudo ocasionar el descarrilamiento del tren Iryo, seguido del choque con el Alvia que circulaba en sentido contrario.
POSIBLE MALVERSACIÓN
Las sospechas de un posible desvío de fondos públicos en las labores de mantenimiento de la vía llevaron al fiscal europeo a emitir un decreto para iniciar un procedimiento formal por los delitos, inicialmente, de malversación de caudales públicos y/o fraude en ayudas europeas.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, intentó el pasado viernes minimizar y restar importancia a la investigación iniciada por el organismo comunitario, señalando en la red social X que la Fiscalía Europea investiga «en todos los casos donde hay fondos europeos implicados». Dicha afirmación es categóricamente incorrecta.
En sus investigaciones, el fiscal europeo sigue un mismo procedimiento. En la fase inicial de verificación recopila datos sobre el uso de fondos públicos de la Unión relacionados con los hechos que se investigan, y únicamente si tras analizar la documentación se detectan indicios de delito, el organismo decide abrir un procedimiento, como ha ocurrido en esta ocasión con la tragedia de Adamuz.
Así lo establece el artículo 40 del Reglamento Interno de la Fiscalía comunitaria, que expone literalmente que «la verificación para la apertura de una investigación evaluará si la conducta denunciada constituye un delito que se encuadra dentro de la competencia material, territorial, personal y temporal de la Fiscalía Europea, y si existen motivos razonables, conforme a la legislación nacional vigente, para considerar que se está cometiendo o se ha cometido un delito».
«Existen decenas de procesos de verificación que se archivan, sin que se abra ninguna investigación formal», indican fuentes del departamento comunitario, contradiciendo la versión del titular de Transportes.
Por otro lado, la causa relativa a la presunta malversación de ayudas europeas se enfoca actualmente en analizar la gran cantidad de expedientes de contratos solicitados al gestor ferroviario Adif y entregados por este a la Fiscalía Europea. Estos contratos detallan los fondos utilizados en las obras realizadas para el mantenimiento del tramo de vía en el que ocurrió el accidente en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Adif ha reconocido que hasta 36 metros de vías en ese tramo carecían de «certificado de calidad». Los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas han sido asignados a esta investigación.
Por último, este segundo procedimiento derivado del accidente de Adamuz está en manos del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado José Luis Calama será el encargado de ejercer como juez de garantías. La causa de la Fiscalía Europea sigue su curso paralelamente al del juzgado de Montoro.