En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional anuló los artículos clave de la plusvalía, argumentando que su sistema de cálculo objetivo contravenía el principio constitucional de capacidad económica, lo que obligó al Gobierno central a reformar la legislación
Actualmente, Madrid enfrenta una situación similar a la registrada años atrás. Del mismo modo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló recientemente la tasa de basuras por vulnerar derechos de participación ciudadana, a finales de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal, lo que forzó al Gobierno central a modificar la normativa con premura.
La resolución del TSJM, emitida este lunes, pone en suspenso la recaudación de un tributo que afecta a cerca de 1,7 millones de propiedades en la capital. La sentencia se apoya en la falta de transparencia durante la aprobación de la tasa, dado que no se publicaron los anexos del informe técnico-económico que justificaban su cálculo. Esta tasa, implementada a finales de 2025, pretendía financiar la recolección y tratamiento de residuos, cumpliendo con las obligaciones tanto estatales como europeas, y representaba un coste promedio de aproximadamente 140 euros anuales por inmueble.
Consecuencias de la anulación de la plusvalía para contribuyentes y municipios
El antecedente de la plusvalía en 2021 arroja luz sobre la relevancia de este revés. En octubre de ese año, el TC invalidó los artículos fundamentales del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos urbanos, fundamentando su decisión en que el sistema objetivo de cálculo contravenía el principio constitucional de capacidad económica. La normativa previa asumía que siempre existía una ganancia patrimonial al transmitir un bien inmueble, sin importar si en realidad no se produjo, generando que numerosos contribuyentes debieran abonar un tributo inapropiado.
La sentencia 182/2021 del TC produjo un vacío legal entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021, lapso en el cual formalmente no se pudo liquidar el impuesto. Como respuesta, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 26/2021, que entró en vigor el 10 de noviembre de 2021 y estableció un sistema de cálculo dual. De este modo, los contribuyentes podían elegir entre un método objetivo basado en el valor catastral o la valoración directa conforme al valor real de la venta, asegurando que quienes no obtuvieran ganancias no tuvieran que abonar la plusvalía.
La decisión judicial, que responde a varios recursos planteados por organizaciones e instituciones, concluye que el procedimiento de aprobación de la ordenanza incurrió en graves fallos que vulneran los derechos de participación ciudadana.
Esta anulación impactó tanto a particulares como a la administración. Miles de contribuyentes revisaron sus liquidaciones y reclamaron devoluciones en los casos de pérdidas, mientras que los ayuntamientos, incluido Madrid, debieron adaptarse a la nueva normativa en tiempo récord, implementando herramientas y calculadoras para facilitar el cumplimiento.
Similitudes entre la plusvalía y la tasa de basuras
Al igual que la plusvalía, la anulación de la tasa de basuras genera incertidumbre respecto al futuro del tributo y a la gestión administrativa. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida tendrá que corregir la ordenanza y garantizar la transparencia exigida por el TSJM. La ciudad deberá decidir si modifica la tasa, reinicia su proceso de aprobación o busca alternativas para financiar un servicio básico. Sin embargo, el Consistorio puede recurrir la decisión judicial, lo que demoraría la firmeza del fallo y, en consecuencia, su aplicación definitiva.
Finalmente, ambos casos implican vulneraciones a derechos fundamentales, aunque desde distintos ángulos. Mientras que la plusvalía de 2021 cuestionaba la capacidad económica de los contribuyentes, la tasa de basuras de 2026 enfatiza la participación ciudadana y la obligación de los ayuntamientos de proporcionar información completa y accesible antes de aprobar cualquier tributo. En ambas situaciones, la justicia actúa como freno frente a decisiones administrativas que no respetan la legalidad.