El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha recordado en la Comisión Europea la exposición del bloque a la volatilidad de los combustibles fósiles
La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a implementar medidas similares para respaldar a los hogares frente al aumento del costo de la energía asociado al conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha pedido ante el Parlamento Europeo que los países reduzcan los impuestos sobre la electricidad y aseguren ayudas de emergencia, además de mecanismos que impidan interrupciones de suministro, alineándose con las 80 medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Jorgensen remarcó este miércoles en Bruselas la vulnerabilidad de Europa ante la volatilidad de los combustibles fósiles, señalando que “si no aprendemos, estamos destinados a repetir nuestros errores pasados una y otra vez, crisis tras crisis, década tras década”. El comisario hizo hincapié en la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas para mitigar el impacto económico mediante la reducción de tasas e impuestos sobre la electricidad, exhortando a que “los Estados miembro impongan una carga fiscal menor sobre la electricidad en comparación con los combustibles fósiles”.
Dentro de las propuestas de la Comisión Europea destacan incentivos para tarifas eléctricas más reducidas, mayor flexibilidad en contratos para consumidores y la promoción del autoconsumo y producción doméstica de energía limpia. “Es fundamental que los consumidores puedan cambiar a contratos más económicos, utilizar la energía con mayor flexibilidad y tener capacidad para generar y compartir su propia energía limpia”, expresó Jorgensen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Además, vinculó el desafío actual con la necesidad de fortalecer las redes eléctricas, avanzar en electrificación e independencia y consolidar una auténtica unión energética.
Bajar el IVA de la luz hasta el 10%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para “proteger a los ciudadanos, asistir a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria”.
En esta misma línea, el Consejo de Ministros español aprobó el 11 de marzo un paquete de 80 medidas económicas con un presupuesto de 5.000 millones de euros, orientado a mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio en los hogares españoles. La piedra angular consiste en la reducción del IVA del 21% al 10% en gasolina, electricidad y gas, junto a nuevos incentivos para el consumo energético y la mejora de la protección social. El acuerdo se alcanzó tras una negociación interna tensa entre miembros del PSOE y Sumar.
El decreto adoptado implica que el IVA aplicado a carburantes, electricidad y gas natural baja del 21% al 10%, el mínimo permitido por la Unión Europea. Esta medida equivaldrá a un ahorro aproximado de 30 céntimos por litro en carburantes, con una reducción promedio estimada en 20 euros por depósito. También se reduce al 10% el IVA de pellets y se mantiene el precio máximo del butano y propano. Además, se elimina el impuesto especial del 5% sobre la electricidad pagado por consumidores y el tributo del 7% sobre la generación eléctrica a empresas, lo que, según Pedro Sánchez, significa una reducción del 60% en los impuestos sobre la electricidad.
Medidas centradas en los hogares
El decreto introduce también modificaciones regulatorias para prevenir prácticas especulativas en el mercado energético. Se fortalecen las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar a los operadores y controlar la evolución de los precios. El Ministerio de Trabajo planea prohibir los despidos objetivos en empresas beneficiarias de ayudas públicas vinculadas a la crisis, sugiriendo en su lugar el uso de ERTE. Asimismo, el Ejecutivo recupera la deducción del 15% en IRPF por la compra de vehículos eléctricos y añade incentivos fiscales para la rehabilitación energética de viviendas.
Otras medidas estructurales buscan acelerar la transición energética facilitando trámites administrativos para proyectos renovables, fomentando sistemas de almacenamiento y promoviendo el autoconsumo compartido en industrias y ciudades. Se activa también un programa de apoyo a cooperativas energéticas, reservando cupos en futuras subastas de capacidad para proyectos comunitarios.
Según la misma fuente, el decreto finalmente excluye la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la renovación automática de contratos de alquiler que vencen en 2026, tras el desacuerdo parlamentario sobre estos temas. La ausencia de estas disposiciones generó tensiones con el grupo Sumar, que se negó a participar en el Consejo de Ministros si no se aseguraba la inclusión de límites a los márgenes empresariales y mayores medidas de vivienda. Después de dos horas de negociación, el Gobierno optó por dividir en dos decretos las iniciativas anticrisis y las relacionadas con la vivienda, permitiendo así el consenso para aprobar el plan principal con medidas económicas y sectoriales.