CSIF, UGT y CCOO presionan para reforzar la plantilla cuando entre en vigor la jornada de 35 horas y piden mejorar las cifras de la OEP del año pasado, que contaba con casi 27.000 plazas
El Ministerio de Función Pública ha comenzado las negociaciones para la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 destinada a la Administración General del Estado (AGE) sin definir cifras exactas, aunque adelantó que será “muy parecida” a la del año anterior, cuando se aprobaron 26.889 plazas. El Gobierno tiene previsto aprobar la nueva oferta durante el mes de abril, dentro de un contexto sin Presupuestos Generales del Estado.
Tras la primera reunión celebrada este lunes, los sindicatos comunicaron que el ministerio liderado por Óscar López planteó un escenario similar al de 2025, pero aún sin detallar ni las líneas maestras ni el número de plazas. Esta falta de concreción ha generado críticas entre las organizaciones sindicales, que solicitan mayor claridad y ambición en la planificación del empleo público para el presente año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), principal representante en las administraciones públicas, ha solicitado que la oferta de 2026 supere la del año precedente, tanto en el turno de acceso libre como en promoción interna. Esta organización sindical considera fundamental reforzar sectores con déficit de personal, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social y las Instituciones Penitenciarias, además de los servicios involucrados en el proceso de regularización de extranjeros.
En este sentido, CSIF ha reclamado también la eliminación de la tasa de reposición (que limita la incorporación de nuevas plazas), especialmente debido a la ausencia de presupuestos públicos. Desde su perspectiva, esta medida permitiría a los distintos departamentos confeccionar sus plantillas conforme a las necesidades reales, sin verse condicionados por restricciones administrativas.
UGT recuerda las plazas sin convocar de 2025
Por otro lado, UGT ha enfatizado la importancia de asegurar la creación neta de empleo y ha urgido al Gobierno a proveer cifras concretas en la próxima reunión, programada para el miércoles siguiente. Además, el sindicato ha alertado sobre las miles de plazas de años anteriores que aún permanecen sin convocar, situación que —según denuncian— está afectando tanto a la calidad del servicio público como a las expectativas de los trabajadores.
La funcionaria del centro penitenciario de Más d'Enric, Francina: "En 6-7 años, el nivel de agresiones se ha incrementado un 300%. Hemos acabado con el asesinato brutal de una compañera. ¿Cómo los trabajadores que estamos a pie de patio con los internos, codo a codo 24 horas, podemos decir que este sistema es un sistema de éxito?'' (Fuente: Europa Press)
Las entidades sindicales han recordado su rechazo a la OEP de 2025, argumentando que generó menos de la mitad de empleo neto que el año anterior y redujo considerablemente las plazas de promoción interna. En consecuencia, exigen que la nueva oferta incluya los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, centrados en agilizar los procesos selectivos, fomentar la carrera profesional y fortalecer los servicios públicos.
La aplicación de la jornada de 35 horas preocupa a los sindicatos
Uno de los aspectos esenciales en la negociación es la pronta implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. CCOO, CSIF y UGT coinciden en que esta reducción debe ir acompañada de un refuerzo en las plantillas para evitar el aumento de la carga laboral y asegurar la calidad en la atención a la ciudadanía. Esta medida, cuyo acuerdo podría ser inminente, impactará en todos los colectivos, aunque todavía se discuten las condiciones específicas.
Paralelamente a la negociación de la OEP y la reducción horaria, Función Pública y los sindicatos están finalizando un acuerdo para facilitar el acceso al empleo público a las personas con discapacidad. Entre las medidas contempladas se incluye la reserva de un cupo no inferior al 10% de las plazas, tanto en acceso libre como en promoción interna, así como la implementación de pruebas específicas y autónomas. Este acuerdo también prevé la adaptación de los procesos selectivos para eliminar barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicativas, además del reconocimiento de discapacidades adquiridas, garantizando la adaptación de puestos de trabajo y el acceso a la formación.