Se trata de un conjunto de medidas que movilizarán 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, compuesto por dos decretos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado los dos decretos anticrisis que el Gobierno aprobó el viernes para mitigar las consecuencias de la guerra en Irán, con un conjunto de acciones que entrarán en vigor este domingo, un día después de la publicación, según indica el documento oficial.
Este plan incluye medidas que movilizarán 5.000 millones de euros, de acuerdo con la valoración del Ejecutivo, y se compone de dos decretos: el 7/2026, que establece el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y el 8/2026, que implementa medidas específicas sobre el alquiler de vivienda como respuesta a «una crisis de vivienda que podría agravarse considerablemente debido a la guerra de Irán», un reglamento respaldado por Sumar.
Aunque ya están publicadas en el BOE, las medidas comenzarán a aplicarse este domingo y estarán sujetas a la ratificación en el Congreso de los Diputados, que las votará el jueves 26 de marzo. La norma principal justifica estas medidas señalando que el conflicto iniciado el 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán provocó el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde «se estima que circula el 20 % del total gas y petróleo mundial», lo que elevó el precio del barril de Brent por encima de los 119 dólares y aumentó el gas natural en Europa más del 40 % en un solo día. «Situaciones fuera de lo común requieren respuestas extraordinarias», explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«No se sabe cómo evolucionará esta situación, esta crisis. El conflicto podría durar días, meses o años. Sin embargo, sus efectos podrían limitarse o convertirse en una grave crisis según sus consecuencias», señaló.
El real decreto ley de medidas temporales incluye la reducción del IVA de la electricidad, carburantes y gas al 10 %, disminuye el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11 % al 0,5 %. Además, reduce el Impuesto sobre Hidrocarburos al mínimo permitido por la directiva europea, prorroga hasta dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual y limita al 2 % el aumento de rentas.
ESCUDO SOCIAL Y ENERGÉTICO
En cuanto a la protección de los hogares vulnerables, el decreto-ley amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, asignando un 42,5 % al consumidor vulnerable y un 57,5 % al vulnerable severo, además de aumentar la ayuda mínima del Bono Social Térmico, al cual destinó 90 millones de euros adicionales a los 335 millones ya previstos.
Del mismo modo, el texto garantiza el suministro de agua y energía para consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social hasta finales de 2026, y estableció una limitación del precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados hasta el 30 de junio de 2026, para «disminuir el impacto originado por el aumento del coste de la materia prima».
Las medidas fiscales, de carácter excepcional y transitorio hasta el 30 de junio de 2026, permanecen condicionadas a la evolución del Índice de Precios al Consumo: si en abril la variación del IPC de los productos afectados no supera en más de un 15 % la del mismo mes del año anterior, las reducciones dejarán de aplicarse en junio.
En el ámbito de la vivienda, el Real Decreto-ley 8/2026 estableció una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027, y fijó en el 2 % el límite máximo anual para la actualización de la renta, aplicable tanto a grandes tenedores como al resto de arrendadores en ausencia de acuerdo.
AYUDAS AL TRANSPORTE
El Gobierno aprobó una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo destinada a los propietarios de vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, con un presupuesto de 367 millones de euros, así como subvenciones directas para profesionales del transporte por carretera que no opten a dicha devolución, con importes entre 200 y 1.800 euros por vehículo según su categoría.
Además, el decreto-ley habilita al Ministerio de Economía para conceder, a través del Instituto de Crédito Oficial, reavales por un máximo de 2.000 millones de euros sobre avales bancarios a autónomos y pymes del transporte de mercancías por carretera, y estableció ayudas directas para el transporte marítimo regular de pasajeros en rutas de cabotaje e interinsulares.
En el sector agrario, la norma contempla una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo consumido por productores agrícolas, con un presupuesto de 52 millones de euros, y una subvención extraordinaria por el aumento de los costes de fertilizantes, con un crédito de 500 millones de euros, que asignará 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío.
Para el sector pesquero, el Ejecutivo aprobó una compensación fija de 0,20 euros por litro de combustible para armadores de buques pesqueros, con un presupuesto de 25 millones, y la exención durante tres meses de la tasa correspondiente a la pesca fresca.
IMPULSO A LA ELECTRIFICACIÓN
El plan incluye medidas estructurales dirigidas a acelerar la transición energética, como la creación del Programa Auto+, con una dotación de 400 millones de euros para ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados, y una reducción del 80 % en los peajes de acceso a las redes eléctricas para la industria electrointensiva, financiada mediante un crédito extraordinario de 220 millones.
Asimismo, se establecen deducciones en el IRPF para obras de eficiencia energética, instalación de sistemas de autoconsumo renovable y compra de vehículos eléctricos, se crearon las Zonas de Aceleración Renovable para agilizar el despliegue de energías limpias y se reguló la figura de los ‘Proyectos Estratégicos de Inversión’ para priorizar iniciativas que fortalezcan «la seguridad económica y la autonomía estratégica de España».
La norma prohíbe el despido hasta el 30 de junio de 2026 en las empresas que reciban las ayudas directas, anticipó en doce meses la obligación de contar con planes de movilidad sostenible al trabajo y recalcó que el conflicto, que ya causó más de 1.300 fallecidos y la repatriación de 8.400 ciudadanos españoles, justifica «una acción normativa inmediata» ante una circunstancia para la cual «no se prevé una solución a corto plazo».