La Comunidad de Madrid demanda al Gobierno central una revisión completa de las autorizaciones para plantas solares a raíz del estallido del ‘caso Forestalia’.
El consejero Carlos Novillo solicita una auditoría independiente de los proyectos avalados por el Estado y enfatiza las inquietudes por posibles irregularidades en la concesión de permisos ambientales.
Madrid reclama que las comunidades autónomas obtengan mayor control en la autorización y evaluación ambiental de instalaciones fotovoltaicas, incluyendo aquellas que superen los 50 megavatios.
El Ejecutivo de Ayuso apuesta por limitar estas instalaciones a únicamente el 4% del territorio regional y proteger suelos agrícolas de alto valor, priorizando la integración territorial y la conservación del paisaje.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez una reevaluación completa de las licencias otorgadas para la instalación de paneles solares tras el conocido como caso Forestalia.
Esto genera un nuevo conflicto entre la Administración regional y el Ejecutivo central, luego de que se supiera que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil investiga posibles delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales relacionados con la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental (DIA) necesarias para tramitar parques eólicos y solares.
En una carta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el consejero de Medio Ambiente de Madrid, Carlos Novillo, expresa a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la «creciente preocupación» del Gobierno regional ante las «graves sospechas» que rodean la concesión de estas autorizaciones ambientales.
«Es imprescindible garantizar que las DIA se hayan gestionado con el rigor técnico requerido», afirma. Además, solicita una auditoría independiente de los proyectos de gran envergadura autorizados por el Estado.
En la misiva, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso demanda un fortalecimiento del papel de las comunidades autónomas y una revisión del marco competencial vigente en la implementación de estas infraestructuras, incluidas las superiores a 50 megavatios.
La ofensiva del Gobierno regional llega en medio del escándalo que involucra a la empresa Forestalia, que ya ha derivado en varias detenciones durante una operación de gran escala aún en curso y con múltiples ramificaciones.
Los investigadores buscan determinar si durante la tramitación de parques eólicos y solares se alteraron informes ambientales clave para acelerar la obtención de permisos.
La carta de Carlos Novillo también incluye un paquete de medidas que Madrid propone para modificar el modelo actual y evitar que estas supuestas «prácticas corruptas» se repitan en el futuro.
Como prioridad, exige la realización de una evaluación ambiental acumulativa a nivel territorial que evalúe el impacto conjunto de las grandes plantas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo —incluido el agrícola— y las infraestructuras.
El consejero advierte que algunas de las DIA podrían contener «deficiencias significativas» e incluso haberse emitido antes de contar con una planificación estratégica adecuada, lo que altera el procedimiento lógico.
Sin embargo, el punto central de la carta gira en torno a la distribución de competencias.
Menos placas, más olivo
La Comunidad demanda fortalecer el rol de las autonomías en la tramitación de estos proyectos, reclamando que los informes territoriales sean vinculantes cuando la evaluación ambiental recaiga en el Estado, especialmente en cuanto a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.
Además, propone revisar el marco competencial para que las regiones asuman la autorización y evaluación ambiental de todas las plantas fotovoltaicas, incluidos los proyectos superiores a 50 megavatios, que tienen mayor impacto.
Esta postura coincide con la estrategia política del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que desde hace meses se distancia del despliegue masivo de mega plantas solares.
En su carta, Novillo advierte explícitamente sobre los efectos potenciales sobre suelos de alta productividad, en particular el olivar y el viñedo, cuya conservación considera «fundamental desde el punto de vista económico, ambiental y cultural».
De hecho, la Comunidad ya ha establecido un límite del 4% de su superficie para este tipo de instalaciones dentro de su Plan de Protección del Paisaje, con el fin de preservar las áreas rurales.
Frente al modelo de grandes desarrollos, el Gobierno madrileño apuesta por un sistema más reducido, enfocado en cubiertas y zonas con baja productividad agrícola, evitando una ocupación intensiva del territorio.
«El modelo actual podría estar favoreciendo una ocupación desordenada del suelo», señala el consejero, enfatizando que la transición energética debe realizarse con «equilibrio, rigor y una adecuada integración territorial».
Este mensaje cobra relevancia tras el estallido del caso Forestalia y sitúa nuevamente a Madrid en un choque directo con el Gobierno, esta vez por el desarrollo de energías renovables.
El Ejecutivo de Ayuso considera que estas instalaciones deben ubicarse con mayor selectividad, priorizando la reutilización de «infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental».
Por su parte, el Gobierno apoya su desarrollo bajo el lema de una energía verde, mientras que Forestalia continúa bajo la investigación judicial.