El Gobierno vasco ha otorgado el régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, exlíder de ETA condenada por 14 asesinatos y otros delitos.
Diversas asociaciones de víctimas de ETA manifiestan su consternación y critican la sensación de derrota que provoca la liberación parcial de miembros de la organización terrorista.
Desde que la competencia penitenciaria fue asumida por el Gobierno vasco, se han concedido 114 terceros grados a presos etarras, incluyendo condenados por asesinatos destacados.
Esta medida se interpreta como fruto de acuerdos políticos entre PSOE y Bildu, generando reproches de víctimas y sectores sociales.
Es la gota que rebalsa el vaso. La elección del Gobierno vasco para conceder el régimen de semilibertad a la exlíder sanguinaria de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Anboto, derivado de pactos entre PSOE y Bildu, ha causado una profunda conmoción en las asociaciones de víctimas.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, admite haber recibido la noticia con «una inmensa sensación de derrota. Los que han salido victoriosos son los terroristas, mientras que las víctimas somos quienes perdemos«, lamentó en declaraciones a EL ESPAÑOL.
“Todo este proceso es profundamente inmoral”, agregó; los etarras recuperan la calle “sin un arrepentimiento genuino, sin cooperación con la Justicia, sin expresar disculpas”, como resultado de acuerdos políticos.
Como consecuencia, «España se convierte en el único país donde las víctimas sufren revictimización constantemente”.
Tras su extradición desde Francia a España en 2019, Anboto fue sentenciada a un total de 717 años de prisión por su participación en 14 asesinatos, actuando como miembro del comando Araba, el comando Madrid y parte de la dirección de ETA.
Mediante un acuerdo con la Fiscalía, en 2011 aceptó 15 años de prisión por ordenar el intento fallido de asesinato al rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, el 18 de octubre de 1997. Además, fue responsable de proveer explosivos al comando encargado del ataque.
También fue procesada por la Audiencia Nacional, junto a otros tres líderes de la banda, por ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. No obstante, la causa fue archivada posteriormente debido a la prescripción del delito.
Asimismo, fue una de las encargadas del cobro y gestión del impuesto revolucionario que ETA exigía a numerosas empresas para financiar su actividad criminal.
De los 717 años de condena, solo ha cumplido seis en España (además de 15 años en Francia tras su detención en 2004), antes de que el departamento de Justicia del Gobierno vasco, dirigido por la consejera socialista María Jesús San José, le concediera el régimen de semilibertad.
Este régimen le permite salir de prisión de lunes a viernes, debiendo regresar únicamente para pasar las noches, conforme al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
«Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para liberarlos es necesario votar a favor de los Presupuestos, entonces lo haremos. Lo digo claro y alto. Y lo haremos con total tranquilidad», declaró Arnaldo Otegi durante un acto en Eibar en octubre de 2021.
Con esta declaración, expresó el precio político para que Bildu mantenga su apoyo y que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, implementó la primera fase del acuerdo en la pasada legislatura, realizando el traslado semanal, los viernes, de presos de ETA a cárceles en País Vasco y Navarra desde otros centros penitenciarios en España.
Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias a finales de 2021, ha otorgado 114 terceros grados a presos etarras (entre ellos 20 concesiones revocadas posteriormente por la Audiencia Nacional).
María Jesús San José, socialista, asumió en junio de 2024 el puesto de consejera de Justicia y Derechos Humanos en el Gobierno vasco, en virtud del acuerdo entre PNV y PSE.
Desde entonces ha otorgado el tercer grado a 30 presos de ETA, lo que equivale a uno cada 11 días, según informó EL ESPAÑOL.
Entre los beneficiarios figura Asier Arzalluz, responsable del asesinato del columnista de El Mundo, José Luis López de Lacalle.
Otro favorecido con esta medida es Luis Mariñelarena, condenado por el asesinato del político socialista vasco Fernando Buesa.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), muestra su consternación por la concesión del régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, que suma y cierra una extensa lista de presos de ETA beneficiados con estas medidas.
«Es realmente doloroso y repugnante«, afirma contundentemente en entrevista con EL ESPAÑOL.
El continuo flujo de salida de presos de ETA bajo “terceros grados encubiertos solo evidencia que el Estado falla y que la reinserción es una farsa”, asegura Portero.
Esto representa, en su opinión, «una constante traición a las víctimas del terrorismo, utilizando mecanismos tortuosos para otorgar privilegios a los asesinos de españoles”.
“A los socialistas no les importa lo más mínimo, mientras puedan mantenerse en La Moncloa; los del País Vasco harán todo lo que sea necesario”, expresa de forma clara y directa.
Portero, que actualmente es diputado del PP en la Asamblea de Madrid, solo espera la llegada de un nuevo Gobierno que imponga Justicia y respete a las víctimas.